Irregularidades en Chihuahua durante la pandemia
En vez de apoyar económicamente a la población durante lo más álgido de la pandemia, la Auditoría Superior de Chihuahua detectó que funcionarios del Gobierno de Javier Corral se beneficiaron con los apoyos y otras irregularidades
Elizabeth CarmonaUtilización de documentos falsos, apoyos económicos duplicados, entrega de recursos a servidores públicos y burócratas que eran para personas desempleadas, así como la contratación de proveedores no registrados en el padrón de Gobierno del estado y la adquisición de insumos sin registro sanitario, son algunas de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) de Chihuahua al programa gubernamental implementado para hacerle frente al COVID-19.
En abril de 2020 el entonces gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, anunció la puesta en marcha del Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo e Ingreso Familiar, con el propósito de atenuar los daños generados por la pandemia de COVID-19.
Para ese plan se asignaron tres millones 209 pesos.
La ASE auditó ocho secretarías que recibieron recursos para este plan emergente, en específico el Programa para la Atención de Contingencias Social, que en conjunto recibieron un millón 001 mil 237 pesos y revisó el destino de un 89 por ciento de ese monto, indica un informe de la ASE.
Donde se encontraron irregularidades fue en la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Integral de la Familia, el Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas En el Estado de Chihuahua (FIDEAPECH), los Servicios de Salud de Chihuahua y el Instituto Chihuahuense de la Salud que derivaron en una denuncia penal y varias vistas a la Secretaría de la Función Pública y/o al Órgano Interno de Control de Gobierno del estado.
Las irregularidades en Chihuahua durante pandemia
En la Secretaría de Hacienda se detectó el registro de una persona física y una moral al Padrón de Proveedores de Bienes y Servicios de Gobierno del Estado que utilizaron documentos falsos, relativos a la opinión positiva de obligaciones fiscales, y se les asignó durante el ejercicio fiscal 2020 contratos del Programa para la Atención de Contingencias Sociales COVID-19 por montos de 27 millones 399 mil 523 pesos y 37 millones 788 mil 886 pesos.
Por este hecho se presentó denuncia penal, establece la Auditoría en el reporte de fiscalización.
En la Secretaría de Desarrollo Social, funcionarios públicos en activo solicitaron y recibieron recursos públicos del Programa Alimentario y de Apoyos Emergentes, por un monto de 246 mil 800 pesos.
En el otorgamiento de apoyos a beneficiarios del Subsidio a Micro y Pequeños Negocios, se identificó entrega de recursos públicos a personas que no contaban con un negocio y que pertenecían a una misma familia, aunque esto contraviene los requisitos.
También en la Secretaría de Desarrollo Social se otorgaron apoyos duplicados a dos beneficiarios, incumpliendo los requisitos establecidos en los Lineamientos para la Aplicación de los Apoyos del Programa Alimentario y de Apoyos Emergentes de la propia Secretaría, que establece que sólo se dará un apoyo por beneficiario.
En cuanto a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social al ejercer los recursos del Plan Emergente de Ocupación Temporal, se benefició indebidamente a servidores públicos adscritos al magisterio y a burócratas en activo, por un importe de 257 mil 400 pesos.
Además, ocho personas recibieron apoyos de manera simultánea en más de un proyecto, aunque la ley lo prohíbe.
Por su parte, Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Chihuahua entregó apoyos a 296 trabajadores del Gobierno del estado de Chihuahua y de varios municipios de manera injustificada, pues el recurso estaba destinado a personas en situación de vulnerabilidad —por desempleo— a causa de la pandemia, por un monto de 585 mil 500 pesos.
También hubo inconsistencias en las dispersiones y el padrón de beneficiarios autorizado por parte de DIF.
En la integración de los expedientes de los beneficiarios se encontraron inconsistencias en 275 pues no contenían la documentación necesaria para acreditar que cumplían con los requisitos de ley.
El Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua (FIDEAPECH) otorgó subsidios a beneficiarios que incumplieron con documentos y/o requisitos establecidos en las reglas de operación y también se identificó un probable abuso de funciones y conflicto de interés en el otorgamiento de subsidios por una probable relación familiar, personal y de negocios entre los beneficiarios por un monto de 67 mil 260 pesos.
Finalmente, FIDEAPECH no verificó qué uso se dio a los recursos otorgados en los programas emergentes, y la ASE identificó indicios de que al dinero no se le dio el uso que se pretendía gubernamentalmente.
Los Servicios de Salud de Chihuahua se valieron de proveedores que tenían actividades comerciales no relacionadas con productos que les adquirieron, por lo que no justificó los dictámenes de procedencia de varios contratos por un monto global de 12 millones 636 mil 460 pesos, estableció la Auditoría Superior.
Dichos proveedores entregaron de forma extemporánea los bienes, sin embargo, no se les sancionó. Además, en algunos equipos hubo fallas y al hacer efectivas las garantías estas no fueron cumplidas a cabalidad.
Para el Plan Emergente de Apoyo y Protección a la Salud, Empleo, e Ingreso Familiar, la administración de Javier Corral asignó 3 millones de pesos
Sin registro sanitario
La Auditoría también identificó la adquisición de insumos sin registro sanitario y la contratación de proveedores no registrados en el padrón de proveedores del Gobierno del Estado para el ejercicio 2020.
En tanto que el Instituto Chihuahuense de la Salud registró haber recibido 138 millones 940 mil 076 pesos de ingresos cuando en realidad le fueron entregados 86 millones 351 mil 708 pesos. Es decir, 52 millones 588 mil 368 pesos menos.
El Instituto también hizo adjudicaciones directas para la compra de cubrebocas por un monto de ocho millones 642 mil pesos sin buscar en el mercado a un mejor proveedor; omitió firmar contratos para la compra de guantes de nitrilo y overoles desechables por un total de dos millones 319 mil 362 pesos; adquirió bienes sin registro sanitario; y compró a proveedores no registrados en el padrón estatal.
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