Los institutos de información pública estatales así como el propio INAI tienen problemas que no les permiten realizar su trabajo a cabalidad.
“En las entidades federativas no se han terminado de seleccionar los plenos. Están incompletos en Guanajuato, Michoacán y Morelos.
“En los casos de Sinaloa, Oaxaca, Tamaulipas, Baja California Sur, Tlaxcala y Veracruz hubo situaciones en donde a los integrantes de los plenos se les quitó de sus cargos antes de que cumplieran con su mandato o renunciaron.
“En Veracruz evidentemente después de que encarcelaron a la comisionada presidenta un día después de que dejó el cargo, los otros dos comisionados renunciaron”, explica Lourdes Morales Canales, directora general de la Red por la Rendición de Cuentas.
También cuenta que en Chiapas se hizo una reforma para cambiar a los integrantes cuando no era indispensable ya que la ley estaba homologada con la Ley General de Transparencia.
Estos comportamientos hacen sospechar que existe una incidencia de las autoridades para hostigar a los órganos garantes de información pública en busca de no rendir cuentas a la ciudadanía.
Un foco de preocupación es el caso de la excomisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Yolli García, detenida por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal en agravio del patrimonio del IVAI.
Tras su detención, otros dos comisionados pusieron su renuncia en la mesa y argumentaron que era una decisión personal.
“Yo no estoy diciendo que no lleven ante la justicia a la excomisionada si había algo que investigar, sin embargo, me parece sumamente sospechoso que una comisionada que abrió información sensible, que exigió protección de datos personales de personas que están en la actual administración de Veracruz, no haya tenido derecho a una defensa legítima ni a un debido proceso, que la hayan metido sin derecho a fianza sí me parece un poco extraño, por decir lo menos”, explica Lourdes Morales.
Morales considera que este es un mensaje muy negativo al resto de los miembros de los órganos de transparencia por parte de la autoridad.
En el caso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el pleno carece de dos comisionados desde que María Patricia Kurczyn y Joel Salas Suárez dejaron su cargo el 31 de marzo pasado.
Rendición de cuentas e información pública en el olvido
En México ningún Congreso local ha iniciado la investigación por los gastos de emergencia en esta pandemia por Covid-19, lo cual es preocupante, de acuerdo con la organización Transparencia Mexicana.
“Sorprende que ningún órgano legislativo del país haya solicitado el inicio de auditorías especiales, y que sólo un órgano de fiscalización, el de Sonora, lo haya hecho a petición del Poder Ejecutivo del estado.
La fiscalización del gasto público es una actividad esencial para revisar que los suministros lleguen y sean los adecuados, se eviten las compras con sobreprecios o se desvíen recursos públicos con fines políticoelectorales
“Se trata de auditorías especiales en tiempo real a Servicios de Salud de Sonora, a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora (FIDESON) y al Centro de Atención para el Desarrollo Integral de la Familia de Hermosillo (DIF)”, indica la organización.
La Unidad para la Transformación de los Congresos (U-TRAC) de esta ONG se sumó a las tareas del mecanismo de seguimiento a planes, programas, acciones y recursos que impulsa junto con Tojil, estrategia contra la impunidad, otra ONG que busca propuestas para el combate a la impunidad en el país.
Este equipo identificó que solo uno de 33 órganos de fiscalización superior, incluida la Auditoría Superior de la Federación, han anunciado el inicio de un programa de auditoría especial derivado de la pandemia y sus consecuencias económicas. Setrata del órgano de fiscalización superior del estado Sonora
Las ONG aseguran que existe en la ley la previsión de que se den circunstancias como ésta y para ello se implementaron las auditorías en tiempo real, contempladas en la Ley de Fiscalización Superior desde 2016.
Las organizaciones consideran que en el contexto de una pandemia, la fiscalización del gasto público, y especialmente la fiscalización en tiempo real es una actividad esencial para revisar que los suministros lleguen y sean los adecuados, se eviten las compras con sobreprecios o se desvíen recursos públicos con fines político-electorales.
“Lamentablemente un número importante de los Congresos del país ha suspendido actividades por completo y de los 33 órganos técnicos que cumplen funciones de fiscalización en su nombre, 24 han suspendido o modificado plazos y términos relacionados con la fiscalización de los recursos públicos, y 14 de los 33 han suspendido completamente sus actividades”, critica la organización.
Las auditorías en tiempo real, contempladas en la Ley de Fiscalización Superior desde 2016, son de vital importancia durante la crisis sanitaria
En el país sólo seis gobiernos estatales tienen habilitado un micrositio para dar información sobre las compras por Covid-19: Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Sinaloa y Sonora.
