Pese a que el organismo descentralizado Parque Fundidora cuenta con la facultad de explotar este espacio público con el objetivo de ser autosustentable, la Ley de Egresos 2023 contempla asignar un total de 700 millones de pesos a este ente público.
Este espacio, que se encuentra a cargo del Consejo de Administración que encabeza Bernardo Bichara Assad, recibe millones de pesos tras el cobro de renta para eventos masivos.
Además de pedir 200 pesos por cada automovilista que estaciona su vehículo en el sitio, el 42 por ciento de las instalaciones del Parque Fundidora son privadas, se encuentran concesionadas o tienen un costo para los visitantes, pese a que la entrada general al sitio es libre.
En los anexos de la Ley de Egresos, entregada por el gobernador Samuel García al Congreso, se especifica que este organismo recibirá 700 millones de pesos, solo 9 millones menos que lo que se asignará al Sistema Colectivo Metrorrey, que se encuentra en proceso de ser rehabilitado y expandido.
Una de las líneas de este transporte urbano, la Línea 2, suspendió su servicio debido al hallazgo de daños estructurales.
Aunque el Consejo de Administración del Parque Fundidora podría justificar la recepción de estos recursos por administrar varios parques, en 2022 Bichara Assad anunció un incremento del 40 por ciento en sus ingresos.
Recientemente, el presidente ejecutivo de este espacio renegoció los contratos para realizar eventos masivos. Por ejemplo, del total que se recaude en taquilla del festival musical Pa’l Norte, la contraprestación de contrato aumentó del 10 al 12 por ciento.
En el caso de la venta de alimentos y bebidas, la contraprestación presentó un incremento del 10 al 15 por ciento.
Este ente público descentralizado tampoco tendrá que gastar en otros proyectos como el Nuevo Parque Fundidora, el cual recibirá una inversión directa de 300 millones de pesos, así como tampoco lo hará en la Huasteca Fase II, que contará con 20 millones de pesos, ni con la Macro Plaza Fase II, cuya financiación asciende a 32 millones de pesos.
Una de las muestras de que este organismo recibe miles de pesos para su operación, fue la apertura del Salón de la Fama del Beisbol Mexicano en este espacio público.
Este recinto deberá aportar 72 mil 79 pesos mensuales, que suman 864 mil pesos anuales, para el mejoramiento de las áreas del Parque Fundidora.
Incrementan recursos a unidades de Samuel
La Ley de Egresos 2023 contempla la asignación de 492 millones 322 mil 460 pesos a las unidades administrativas del gobernador Samuel García, lo que representa un aumento de 166 millones de pesos con respecto a 2022, cuando se entregaron por este concepto 326 millones 132 mil de pesos.
Entre las unidades administrativas beneficiadas por estos recursos se encuentra la Oficina Amar a Nuevo León, cuya titular es Mariana Rodríguez, esposa de García Sepúlveda.
Las otras unidades del gobernador que recibirán parte de este presupuesto son: la Oficina Ejecutiva, la Secretaría Particular, la Consejería Jurídica, la Gerencia de Proyectos, la Representación del estado en la Ciudad de México, el Sistema Estatal de Información y el de Comunicación.
También se contempla un incremento de 37 millones de pesos en el presupuesto del Congreso, pasando de 402 a 439 millones de pesos.
La Auditoría Superior del Estado pedía, como primera propuesta, una asignación de 264 millones de pesos, sin embargo, finalmente obtuvo 52 millones de pesos más y ahora se le asignará un total de 316 millones de pesos.
Muestra cariño a la UANL
No solo el Parque Fundidora y las unidades administrativas del gobernador resultaron beneficiadas con la Ley de Egresos 2023, pues en el documento se contempla la entrega de 8 mil millones de pesos a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).
La ley establece que se le entregarán a esta casa de estudios, de manera etiquetada, 6 mil 445 millones 110 mil 583 pesos y 2 mil 254 millones 719 mil 934 pesos de forma no etiquetada.
Además del cobro de inscripción y de cuotas a cada alumno, esta universidad recibe recursos federales, respecto a los cuales ha recibido observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.
El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales contará con un presupuesto de 106 millones 700 mil pesos, mientras que a la Comisión Estatal de Derechos Humanos se le asignaron 84 millones de pesos para su operación.
