Involucran a Tribunal en pleito de taxistas

Los taxistas de la capital vuelven a poner el dedo en la llaga de lo que está ocurriendo en el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo del Distrito Federal (TCADF) dirigido por Yazmín Esquivel Mossa, a quien acusan de servir a los intereses del Gobierno capitalino.

Primero fueron diferentes organizaciones vecinales del Distrito Federal quienes acusaron a la magistrada de actuar en contra de la queja vecinal y a favor de las autoridades capitalinas al desechar las quejas por la instalación de parquímetros en la delegación Benito Juárez.

Ahora, los Taxistas Organizados de la Ciudad de México denunciaron el manejo irregular que la presidenta del Tribunal dio a 23 recursos de nulidad interpuestos contra el acuerdo del 15 de julio por el que se creó el “Registro de personas morales que operen, utilicen y/o administren aplicaciones para el control, programación y geolocalización en dispositivos fijos o móviles, a través de los cuales los particulares puedan contratar el servicio público de taxi en el Distrito Federal”.

En medio de la batalla por el pasaje en la capital del país, los taxistas opositores a Uber y Cabify reclamaron un acto de nulidad del acuerdo del 15 de julio.

A decir de los representantes de los taxistas, los 23 recursos se ingresaron al Tribunal de lo Contencioso y Administrativo el pasado 5 de agosto de 2015, y en menos de 24 horas se resolvió en contra del reclamo de los choferes.

Pese a que se tiene constancia que se resolvió al vapor, la notificación de negativa les fue enviada para su conocimiento hasta el 25 de agosto.

Historial en contra

Lo que ocurrió en el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo enciende los focos rojos respecto al manejo de las inconformidades presentadas no sólo por el gremio de taxistas, sino por vecinos inconformes por diversas acciones de gobierno.

El desempeño como magistrada presidenta de Jazmín Esquivel está exhibido a través de sus resoluciones, como aquella en la que falló en contra de los intereses de los ciudadanos y a favor de los constructores de la Supervía Poniente, entre los que se encontraba su esposo José María Rioboo.

Y se suma el escándalo que la involucra en el encarcelamiento de un matrimonio venezolano que denunció al colegio en el que estudiaba su hijo, mismo plantel que administra el esposo de la magistrada.

Pese a ese historial, el pasado 27 de agosto, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), durante los últimos minutos que le quedan a la actual legislatura, ratificó a Esquivel Mossa como magistrada, con el aval de Miguel Ángel Mancera.

‘Manejo oscuro y sesgado’

Daniel Medina, vocero de Taxistas Organizados, explicó que los expedientes del caso en el que piden la nulidad del acuerdo del 15 de julio, a partir del cual el GDF le da cabida a las empresas Uber y Cabify para operar con transporte de pasajeros en la Ciudad de México, ni siquiera llegaron a manos de un magistrado

Aseguran que quien resolvió fue un secretario de acuerdo, quien por “ordenes superiores” que adjudican a Yazmín Esquivel desechó la petición.

“En menos de 24 horas resolvieron en contra. Fue un manejo oscuro, turbio, sesgado”, recalcó el dirigente.

El portavoz del gremio de taxistas inconformes acusa a Julio Vásquez Cruz, encargado de la segunda ponencia de la segunda sala ordinaria, como el empleado que desechó los recursos por orden de la presidenta Jazmín Esquivel.

En medio de esta pugna, los taxistas refieren que desde el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo se les hizo llegar un documento de manera anónima, en el que se les explica que ninguna de sus demandas fue turnada a los magistrados que les correspondían.

“El propósito es que ustedes no prosperen porque la presidenta del tribunal está a las ordenes del exsecretario de Gobierno y actual secretario de Movilidad en el Distrito Federal, Héctor Serrano Cortés”, dice el mensaje anónimo.

Ante lo que consideran la negativa del TCyA para analizar de manera correcta y conforme a la ley los 23 recursos interpuestos, los taxistas acusan la imparcialidad de las autoridades y el servilismo de la titular al gobierno capitalino.

“Lo asociamos al tratamiento que se le dio al tema de los parquímetros en la delegación Benito Juárez, a partir de que los vecinos interpusieron recursos de inconformidad y el Tribunal actuó en contra”, explicó Medina.

Como parte de la fundamentación que exponen en sus recursos, los taxistas explican que en el acuerdo del 15 de julio las autoridades toman la figura de transporte privado con chofer, que no existe en la Ley de Movilidad, mientras que lo asumen como una figura existente.

Dicho acuerdo operado en ese momento por el entonces secretario de Movilidad, Rufino H. León Tovar, y por el consejero jurídico, José Ramón Amieva (hoy secretario de Desarrollo Social) parte de la Ley de Movilidad y las facultades que lo ubican que en las plataformas”, dice el acuerdo el sistema ésta les otorga para ordenar y regular el desarrollo de la movilidad en el DF.

Además de realizar todas las acciones necesarias para que los servicios públicos de transporte de pasajeros sean eficientes y se proporcionen en condiciones de higiene, confort y seguridad.

El Gobierno del DF argumentó en dicho acuerdo que con estos sistemas (Uber y Cabify) se reduce el consumo de combustibles, pues se suprime en gran medida la búsqueda de usuarios mediante el recorrido de grandes distancias, a veces en círculos para encontrar pasaje.

“Derivado de la implementación de estos mecanismos tecnológicos se desprende la necesidad de crear un registro con el objeto de tener conocimiento de las actividades de las personas morales que llevan a cabo el control, programación y/o geolocalización para contratar servicios de taxi mediante las aplicaciones; del número de concesionarios que se encuentran inscritos en las plataformas”, dice el acuerdo.