"A quien le tocará en su momento determinar si corresponden a recursos con bienes de procedencia ilícita, un enriquecimiento ilícito, o si derivan de algún lavado de dinero, es a las autoridades ministeriales"
“Hubo algún conocimiento entre ellos y trabajaron también en una época juntos” (...) “puede haber elementos para llamarlos y decirles cuál es la actuación de uno con otro”.
El Consejo de la Judicatura Federal vincula en su investigación contra Luis Armando Jerezano Treviño, al también juez de Distrito Ricardo Hiram Barbosa Alanís, ambos ligados a centros de apuestas.
El magistrado presidente de la Comisión de Vigilancia del organismo, Juan Carlos Cruz Razo, habló en entrevista para Reporte Indigo sobre esta línea de investigación.
Los dos funcionarios fueron suspendidos por el órgano colegiado, hace más de dos años, por presuntos nexos con grupos de casineros en México y por favorecer en sus resoluciones a estos negocios.
La indagatoria que revisa la situación financiera y la actuación de Jerezano Treviño, se suma a la que le abrió la Agencia Antidrogas estadounidense, la DEA, por lavado de dinero, tras detectar operaciones millonarias en una cuenta bancaria en Texas.
El magistrado afirma que la vinculación entre los servidores públicos se pudo haber dado cuando el último se desempeñaba como juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con sede en Saltillo.
Entre los amparos que resolvió justo antes de ese periodo, destaca uno otorgado en 2008 a la empresa Atracciones y Emociones Vallarta, S.A. de C.V., la operadora inicial del trágico casino Royale, donde 52 personas murieron en un ataque del crimen organizado.
Después del atentado, el Consejo de la Judicatura Federal inició sus pesquisas y el 20 de septiembre de 2011 anunció la suspensión del funcionario con el goce del 40 por ciento de su sueldo, un beneficio que recientemente le fue interrumpido.
“Hubo algún conocimiento entre ellos y trabajaron también en una época juntos”, señala el magistrado, “puede haber elementos para llamarlos y decirles cuál es la actuación de uno con otro”.
Barbosa Alanís se enfrenta a la posibilidad de que la Comisión de Disciplina de la Judicatura Federal determine si será sometido a un procedimiento similar al de Jerezano Treviño, en el que se podría establecer una correlación entre ellos.
“Ahí tendremos la base para decir si hay elementos que nos lleven a considerar o sospechar alguna vinculación entre estas dos personas”, dice Cruz Razo.
La relación entre los jueces suspendidos se remonta hace 10 años, cuando Barbosa Alanís debutó como juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Baja California Sur, donde tuvo como secretario adscrito en su Juzgado a Jerezano Treviño.
Entre el 2000 y 2001 en la ciudad de La Paz, los entonces compadres y amigos comenzaron una dupla que posteriormente, luego del ataque al casino Royale, pondría bajo sospecha la actuación del Poder Judicial de la Federación en el tema de los juegos de azar.
Ambos se conocieron en 1996, cuando los dos cursaron la carrera judicial en el Instituto de la Judicatura, en la Especialización Judicial Extensión Nuevo León.
Ahora, más que una amistad, comparten un proceso que podría culminar con la destitución y una responsabilidad penal.
Investigan finanzas y actuación
El magistrado Cruz Razo señala que la investigación se enfoca en la evolución financiera-patrimonial de Jerezano Treviño y su actuación como juzgador.
Por un lado, el consejero corrobora que se le han detectado alrededor de 26 millones de pesos en operaciones financieras, que incluyen bienes inmuebles y cuentas bancarias, realizadas entre 2006 y 2011.
La información fue recabada a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda Federal, las cuales, afirma, coadyuvaron en la indagatoria.
Esta cifra, advierte el funcionario, está en revisión, conforme analizan los reportes que aportaron las instituciones.
La Judicatura Federal también revisa 22 amparos con irregularidades, concedidos por el juez de Distrito en esa misma época, algunos de los cuales permitieron abrir las puertas a centros de apuestas, como el casino Royale.
Cruz Razo precisa que el proceso está en la etapa de emplazamiento, pero que en caso de encontrar indicios de corrupción, podría culminar con su destitución y la inhabilitación del servicio público.
Explica que la etapa de investigación ya está agotada y en el punto de valoración de pruebas para así emitir un juicio definitivo, pero que el imputado tiene la posibilidad de aportar su defensa.
Advierte que si se encuentran elementos que acrediten delitos, el organismo podría dar vista al Ministerio Público Federal para que abra un proceso penal.
El magistrado indica que la investigación arrancó desde 2011 con quejas relacionadas con casinos, pero que un año después se presentó una denuncia del abogado Alberto Romero Castañeda, quien desde entonces había dado a conocer sobre las operaciones financieras del juez federal en Estados Unidos.
Esta información, asegura, la turnó el área jurídica del organismo judicial a las autoridades mexicanas.
De los 18 funcionarios que ha suspendido la Judicatura Federal, entre ellos siete jueces y dos magistrados, sólo Jerezano Treviño se encuentra en esta etapa del procedimiento disciplinario.
El origen de los recursos
El magistrado Cruz Razo se limitó a decir que sólo hay indicios por comprobar, de que el capital que formó el juez suspendido en México proviene del lavado de dinero y del narcotráfico.
“A quien le tocará en su momento determinar si corresponden a recursos con bienes de procedencia ilícita, un enriquecimiento ilícito, o si derivan de algún lavado de dinero, es a las autoridades ministeriales”, expresa.
Lo que sí recalca el consejero, es que no hay una coincidencia entre los ingresos de Jerezano Treviño con el patrimonio que amasó a lo largo de los años, el cual fue detectado en las pesquisas financieras.
Apunta que aún falta darle la oportunidad de explicar el origen de los recursos, pero sí considera de que son operaciones sospechosas.
El consejero confirmó que la indagatoria también implica a la suegra del juez, Thelma Guadalupe Treviño Clemente, quien se habría convertido en una de sus prestanombres.
“La investigación abarcó a sus dependientes económicos”, dice.
Reporte Indigo publicó ayer que, sin tener ingresos propios, esta ama de casa adquirió propiedades en Nuevo León que suman casi 15 millones de pesos.
En cuanto a la investigación de la DEA, el consejero Cruz Razo aclara que es paralela e independiente al proceso de la Judicatura Federal.
Asegura que no ha habido ningún acercamiento con la agencia antinarcóticos y que el organismo judicial no comenzó a indagar los movimientos de Jerezano Treviño, a partir de que esta publicación reveló sus operaciones en Estados Unidos.
“No es exacto lo que se dijo por ahí de que la DEA nos había pedido que lo suspendiéramos, eso no tiene absolutamente ninguna veracidad, nuestra investigación arranca desde 2011”.
Sin embargo, el magistrado aclara que el órgano colegiado no descarta atraer los resultados de la dependencia estadounidense a su procedimiento interno.
“Puede haber coincidencias en determinados momentos, porque son sujetos involucrados, pero son dos líneas totalmente distintas”.
