Investigan narcoligas electorales

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Los comicios del próximo domingo en la capital de Aguascalientes son un botón de muestra de los pleitos judiciales que podrían llegar en los meses posteriores a la elección.

Una investigación por delincuencia organizada, que inició en octubre de 2011, ha llegado mediante tres averiguaciones previas al candidato del PAN a la alcaldía, Antonio Martín del Campo.

Él dice que se trata de una guerra sucia y que no piensa ampararse porque “no tiene nada que temer”.

Sin embargo, las últimas dos semanas del periodo electoral han transcurrido entre declaraciones de presuntos cómplices y acusaciones de acoso, tortura y fabricación de pruebas.

El expediente de las averiguaciones previas –que apuntan al candidato panista– que se encuentra ante un juzgado local y al que Reporte Indigo tuvo acceso, muestra que las implicaciones son cada vez más directas y más específicas.

Y aunque Gustavo Madero dijo ayer en entrevista con Carmen Aristegui que no había más pruebas que una manta contra Martín del Campo, el contenido de los documentos va más allá de la manta aludida.

Una fuente confidencial en esta ciudad aseguró a Reporte Indigo que el candidato podría ser procesado por tratos con la delincuencia organizada, aun cuando ganara la alcaldía municipal.

El candidato se desliga 

En entrevista, Martín del Campo asegura que se trata de una fabricación de hechos, e insiste en que la primera persona que lo incriminó, declaró bajo tortura.

Afirma que este declarante ya obtuvo un amparo ante la justicia federal, y que un perito del segundo juzgado penal de distrito, con sede en Aguascalientes, determinó que tenía varios golpes en la nariz, y en las muñecas.

En cambio, la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado, asegura que revisaron al detenido y que no existe ningún indicio de haber sido golpeado o lastimado.

Martín del Campo rechaza esta versión porque opina que “la Comisión y el gobierno son lo mismo”.

Pero el caso aún tiene mucho por venir. Las declaraciones ministeriales rendidas el lunes y martes de esta semana por los comunicadores locales Claudio Cruz Tavarez y Ricardo Gámez Ponce, reiteran lo que ya habían declarado a finales de mayo dos narcomenudistas.

Repiten que el presunto jefe de plaza de La Familia Michoacana en esta capital y el candidato panista, se reunieron varias veces y acordaron ayuda mutua.

Una fuente local, quien pidió anonimato, confirmó que las declaraciones de Cruz y Gámez dieron más detalles de una de las presuntas reuniones.

Uno de los testigos dijo que “estaba ahí con él (Martín del Campo) y sabía muy bien con quién se estaba sentando”.

Los acuerdos habrían sido que el jefe de la plaza Aguascalientes “apoyaría” la campaña con dinero, pinta de bardas y una operación electoral planeada colonia por colonia.

A cambio, según estas declaraciones preliminares, el candidato panista se habría comprometido a otorgar un puesto en el ayuntamiento y permisos para la apertura de bares y comercios.

Martín del Campo insiste en que no conoce a la persona con quien supuestamente se reunió y que su campaña ha sido austera. 

“El PRI se gastó más de 30 millones de pesos y nosotros no hemos siquiera llegado al tope de campaña”, dijo. 

Lo arrastra desde el 2011

En octubre de 2011 la Procuraduría General de Justicia de Aguascalientes inició una averiguación previa por el secuestro de un hombre, como consta en el expediente de la averiguación previa radicado ante el juzgado. 

La investigación condujo hasta Rubén Jiménez Enríquez, presunto jefe de plaza de La Familia Michoacana en Aguascalientes. 

Le conocen por los apodos de “El R”, “El Rubio” y “El R1”, de acuerdo con el expediente al que tuvo acceso Reporte Indigo.

Un año más tarde, en noviembre de 2012, el juzgado primero penal dictó una orden de aprehensión contra el sospechoso, quien aún se encuentra prófugo.

El registro de actuaciones ministeriales del expediente 320/2012 ante dicho juzgado indica que entre el 13 de diciembre del año pasado y el 5 de junio de este año, se enviaron 18 notificaciones a distintos domicilios locales para ubicar a Jiménez. 

Este registro es público y puede consultarse en el sitio web del Poder Judicial estatal.

Luego de las seis primeras visitas, el notificador apuntó que la respuesta obtenida en los domicilios había sido negativa. 

En cuatro de ellos dijeron que la persona no vivía ni laboraba en ese lugar; en los otros el sitio se encontraba deshabilitado.

El 31 de mayo de este año fue detenida una segunda persona por este caso, acusado de ser cómplice de Jiménez en actividades de narcomenudeo.

El detenido fue Jesús Casillas Valenzuela, conocido como “El Tío” o “El Elegante”, quien rindió una declaración ministerial y luego salió libre bajo fianza. 

Le habían encontrado 1.26 gramos de cocaína pero alcanzaba libertad bajo caución, cita el expediente.

A partir de las declaraciones del segundo detenido, la procuraduría estatal inició otra averiguación previa. Esta línea de investigación llevó hasta a la detención, el 20 de junio, de Carlos Adrián Gutiérrez Ramírez, apodado “El Carlitos”.

La policía ministerial detectó que llevaba consigo un kilogramo de marihuana y 30 envoltorios de cocaína. Fue consignado al juzgado segundo penal. 

Las acusaciones de tortura se enfocaron en este detenido, según ha declarado el PAN a varios medios.

Pero la Comisión Estatal de Derechos Humanos aseveró a Reporte Indigo que el peritaje realizado al detenido no revelaba ningún signo de tortura.

La solicitud de amparo para “El Carlitos”, fue proporcionada a Reporte Indigo por Martín del Campo sin firma y sin fecha de presentación, asegura que fue incomunicado, torturado y obligado a declarar en su contra.

El candidato aseguró a este diario que este amparo le fue concedido al detenido por el juzgado segundo de distrito en Aguascalientes.

Una manta en el lugar equivocado

Esta manta, dijo Madero en entrevista con Carmen Aristegui, sería la única prueba que estaba usando el procurador estatal, para incriminar al candidato.

Los primeros dos detenidos declararon que el jefe de plaza se había reunido en varias ocasiones con Martín del Campo en una casa ubicada en una privada del barrio La Purísima, como publicó el diario Reforma.

El acta circunstanciada del cateo a la casa obtenida por este medio muestra que fue intervenida por el ministerio público local el 21 de junio.

Cuatro días después, el 25 de junio, el presidente estatal del PAN, Jorge López Marín, aseguró en conferencia de prensa que el PRI había rebasado los topes de campaña y que parte de ese recurso podría venir de la delincuencia organizada.

Al día siguiente el procurador estatal, Felipe Muñoz, convocó a otra conferencia de prensa y confirmó que existía una investigación en la que había indicios de la presencia del narco en una campaña política, pero no era del PRI. 

No reveló el nombre del partido ni del candidato.

El PAN exigió que se revelara si el investigado era su candidato a la alcaldía de la capital, pero hasta el cierre de esta edición ninguna autoridad local ha declarado públicamente nombre alguno.

Las primeras publicaciones sobre el cateo de la casa en el barrio de La Purísima revelaron que se habían encontrado tarjetas de propaganda del candidato del PRI, Kiko Ovalle, quien contiende a la diputación local por el distrito 18. 

También dieron cuenta de que había allí tarjetas del candidato por Movimiento Ciudadano Chava Ortiz, quien busca la alcaldía del municipio de Jesús María, conurbado a la capital hidrocálida.

En entrevista ayer con el noticiero matutino de Carmen Aristegui en MVS Radio el presidente nacional del PAN, Gustavo Madero, agregó que se había encontrado una manta del candidato Martín del Campo en la casa cateada. 

Esta manta, dijo Madero en la entrevista, sería la única prueba que estaba usando el procurador estatal, Felipe Muñoz, para incriminar al candidato.

Descripción de un cateo

A pesar de que las acusaciones van en crecimiento, Martín del Campo insiste en que solo se trata de un “show mediático”.

En el acta de cateo observada por Reporte Indigo, la manta no se consigna como prueba. 

Lo que aparece relativo al PAN es un formato en blanco para solicitud de pinta de bardas. 

En el lugar había también varias computadoras de escritorio y laptops, una cámara de video y una fotográfica, además de 80 cartuchos de bala de tres calibres diferentes y la licencia de conducir de Carlos Adrián Gutiérrez, alias “El Carlitos”, el detenido a quien se menciona como torturado.

Los indicios más trascendentes encontrados en el lugar fueron depósitos realizados en Banamex entre marzo y junio de este año.

Todos se colocaron en efectivo a cuentas que no aparecen identificadas o a cuentas a nombre de dos personas físicas.

Los primeros depósitos fueron por 27 mil pesos el 10 y 14 de junio.

A una cuenta de Bancomer a nombre de Abel Carrillo Miramontes se depositaron 20 mil pesos entre el 7 y el 10 de junio. 

Una persona con estos mismos apellidos, de nombre Víctor Hugo Carrillo Miramontes, aparece mencionado en la prensa local como funcionario del Instituto Nacional de Migración, en Baja California. 

Los registros públicos del IFE indican también que en 2006 donó 100 mil pesos en efectivo para la campaña presidencial.

El otro beneficiario oficial de los depósitos, según estos documentos, sería César Alberto Rodríguez Manzo, originario de Michoacán. 

Entre el 2 y el 22 de marzo se depositaron 146 mil pesos a su cuenta en ese mismo banco, más otros 130 mil pesos que ingresaron entre el primero de mayo y el 10 de junio. 

En el piso superior de la casa, consigna el acta del cateo, había una recámara acondicionada con cama y otra con una cama de masaje. 

En el baño del piso superior encontraron seis cepillos de dientes y seis rastrillos de afeitar. 

En una bolsa negra en el patio había dos pantalones “tácticos” y un par de botas.

El conjunto de facturas a nombre de Comercializadora Rilo, S.A. de C.V. y la leyenda del programa “Depa TV” que se transmitía por el sistema Cablemás de Aguascalientes, y que  llevaron a los indicios de nuevos testigos. 

Entre lunes y martes de este año fueron presentados en la procuraduría local Claudio Cruz Tavarez y a Ricardo Gámez Ponce.

Ambos pertenecían al financiamiento y producción del programa Depa TV y habrían confirmado la versión de los primeros dos testigos, refirió la fuente confidencial a Reporte Indigo. 

A pesar de que las acusaciones van en crecimiento, Martín del Campo insiste en que solo se trata de un “show mediático”.

“Yo confío plenamente en la justicia federal, hoy hay un sesgo, hoy el procurador ha sido el brazo político, el artillero del PRI, de este gobierno”, dice. 

Hasta el momento no se conoce si alguna de estas averiguaciones ya está en condición para llevar a una consignación del candidato, aunque este asegura que no prosperará más allá de los comicios porque “es un montaje meramente electoral”.