Las pesquisas que tiene abiertas la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco por el presunto desfalco detectado en el Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal), por aproximadamente dos mil millones de pesos, podrían poner en la mira a tres exdirectores generales que estuvieron a cargo del organismo cuando se generó el daño patrimonial.
De acuerdo con la información que fue expuesta por la Contraloría de Jalisco, los años en que el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) realizó las inversiones en mercados financieros que causaron ese quebranto sobre los ahorros de los servidores públicos, corresponden con las gestiones de tres exdirectores generales.
Martín J. Guadalupe Mendoza, quien estuvo al frente del Ipejal del 21 de enero de 2010 al 4 de octubre de 2011; Salvador Sánchez Guerrero, quien estuvo en ese cargo del 5 de octubre de 2011 al 1 de marzo de 2013; y finalmente Fidel Armando Ramírez Casillas, quien encabezó el organismo del 5 de marzo de 2013 al 6 de diciembre de 2018.
Con la “Auditoría practicada al Instituto de Pensiones sobre inversiones en mercados financieros”, la Contraloría del estado corroboró que el daño patrimonial se generó con las inversiones efectuadas en dos empresas: Abengoa de México y Transporte Marítimo Mexicano (TMM).
“La contralora Teresa Brito especificó que el monto de Abengoa fue de 344 mdp durante el ejercicio 2015, mientras que la empresa TMM resultó por un monto de mil 626 mdp en ejercicios del 2011, 2012 y 2016”, según lo comunicó el Gobierno de Jalisco.
Por estos hechos, la Contraloría del Estado presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, el 21 de diciembre de 2021, por los delitos de fraude, uso ilícito de atribuciones y facultades, y ejercicio indebido del servicio público en contra de quien resulte responsable.
El gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, dijo, por su parte, que la afectación podría ser aún mayor, pues hay otras auditorías en curso:
Malos financieros
En la estructura administrativa del Ipejal otro funcionario relevante en materia de inversiones es el director de Finanzas, pues tiene entre sus atribuciones, las de “garantizar la administración eficaz y eficiente de los recursos financieros en el ámbito de su competencia, para el puntual desarrollo de los objetivos y programas del Instituto, en las mejores condiciones y medidas de disciplina, equidad, racionalidad y optimización”, de acuerdo con su Reglamento Interno.
Así como: “XXII.- Recibir y verificar la documentación y respaldo de las inversiones efectuadas por el Ipejal”, según el mismo documento.
Los directores de Finanzas durante los años que se hicieron estas malas inversiones fueron Pablo Aguirre Ulloa, del 23 de marzo de 2006 al 31 de marzo de 2013; Hugo Alberto Michel Uribe, del 1 de abril de 2013 al 1 de octubre de 2015; y José Wilmer Sagrero Jiménez, del 2 de octubre de 2015 al 6 de diciembre de 2018.
Para esas tareas, la Dirección cuenta con un Departamento de Operación e Inversión; con base en un reporte de transparencia del Ipejal (folio 06427121), puede saberse que al menos del 1 de marzo de 2013 al 14 de julio de 2016 la jefa de Operación e Inversión fue Katia Amezquita Díaz; y del 1 de septiembre de 2016 al 6 de diciembre de 2018, Orlando Antonio Trujillo Rivera; años en los que se dio parte de las inversiones denunciadas.
Tras las irregularidades en el Ipejal
Entre las anomalías que fueron detectadas por la Contraloría en las inversiones de Abengoa y TMM está el “incumplimiento en la calificación mínima aceptable, es decir, por debajo de lo permitido de acuerdo a las Políticas de Inversión”.
También se halló: “Carencia de Planes Específicos de Acción en caso de fluctuaciones negativas en las inversiones, a pesar de existir reportes por parte de la Bolsa Mexicana de Valores que advertían una posible baja de calificación y que no obstante se ignoraron dichos reportes y se continuó invirtiendo”.
La dependencia precisó que en algunos casos se excedieron los límites establecidos para los montos de inversión fijados por las políticas del Instituto. Por ejemplo, según información recabada de 2015, “se hicieron siete compras de certificados bursátiles de Abengoa, de las cuales seis excedieron el porcentaje permitido, es decir, cada emisión tiene un valor sobre el cual no se puede exceder el 20 por ciento. En este caso, los porcentajes invertidos en esas seis emisiones sumaban entre el 28 por ciento y hasta el 63 por ciento del valor de cada emisión”.
En el caso de Abengoa: “Se advirtieron de fluctuaciones negativas desde el 11 de agosto del 2015, y la última inversión por parte del Ipejal en dicha empresa se efectuó el 12 de noviembre de 2015 por 70 mdp, siendo que el 26 de noviembre (sólo 14 días después) la empresa inicia con incumplimiento de pago”.
Por eso, la Contraloría concluye que: “Las políticas de inversión fueron contravenidas, implicando responsabilidad por omisión por parte de quienes tomaban decisiones y se vinculaban con el Comité de Inversión, ya que aún teniendo conocimiento de advertencia en el sentido de una posible baja de calificación de Abengoa por parte de la BMV decidieron seguir invirtiendo en dicha empresa”.
En el caso de TMM, la Contraloría señala que las irregularidades surgen “desde el momento de considerar un instrumento que no contaba con el respaldo de ninguna de las tres agencias calificadoras autorizadas, esto suponía desde un principio la inviabilidad de efectuar alguna inversión en este tipo de certificados”.
No obstante, se invirtieron: “más de mil 600 mdp entre 2011, 2012 y diciembre de 2016, a pesar de todos los riesgos implicados (como procesos judiciales), que estaban plasmados desde un inicio en el folleto informativo de TMM. Respecto de la última compra en diciembre de 2016 por 615 mdp, en mayo de 2017 (5 meses después) la empresa inicia con problemas financieros”.