Norma fue discriminada y despedida de su empleo después de decir de manera abierta que viviría con una mujer. Para su jefe, ser lesbiana corrompe la ética moral de los trabajadores, sin tomar en cuent la diversidad y a la comunidad LGBTTTI.
La joven, quien pidió modificar su nombre por temor a represalias, relata que sus superiores de la fundación para la que laboraba, le notificaron que la razón de su despido era por razones éticas pues era “mal ejemplo” que los demás compañeros la vieran con una mujer.
“Salí del banco con mi pareja y nos vieron compañeras mías, ellas le dijeron a mi jefe y al día siguiente él me llamó junto con recursos humanos, me querían obligar a firmar una baja voluntaria con el argumento de que al ser una fundación cristiana, mis preferencias iban en contra de sus valores”, relata.
El caso de Norma no es aislado, ya que de 2015 a septiembre de 2020 el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) abrió 648 expedientes por quejas relacionadas con presuntos actos de discriminación contra la población LGBTTTI. Del total, 480 fueron cometidas por particulares y 168 por servidores públicos federales.
El Conapred establece también que la mayor causa de exclusión fue la orientación sexual con 484 y le sigue la identidad de género con 122. La institución también señala que en una misma queja pueden coincidir dos o más razones de discriminación en contra de la comunidad LGBTTTI.
Las entidades con mayor número de quejas son Ciudad de México (255), Estado de México (73), Jalisco (50), Nuevo León (29) y Aguascalientes, Morelos y Quintana Roo (con 17 cada una).
Andrea Avilés, de Fundación Arcoíris, explica que la discriminación contra las personas de la comunidad LGBTTTI se debe a la construcción de una idea hegemónica de la sexualidad basada en estereotipos.
“La identidad y la sexualidad que transgrede lo que la sociedad conoce es lo que provoca discriminación y por lo tanto se violenta, por ser visto como una amenaza para el orden de lo social, moral e incluso patriarcal.
Avilés agrega que las interpretaciones cerradas que se basan en roles y estereotipos de género colocan en una situación de vulnerabilidad y negación de derechos a la salud o al trabajo a los integrantes de la comunidad LGBTTTI.
Por más de un año, Norma laboró como enfermera en Chimalhuacán, Estado de México, nunca había comentado su preferencia sexual pues para ella su vida privada no tenía que ver con la forma de desempeñar su labor.
Cuando en el trabajo se enteraron que me junté con mi pareja y comenté que es una mujer comenzaron las incomodidades, me hacían burla o comentarios como “aguas, chicas, ahí viene”, también si pasaba cerca de algunos compañeros los escuchaba hablando mal de mí solamente por ser quien soy
Para Andrea Avilés, invisibilizar a las personas de la diversidad sexual no solo atenta contra su derecho de identidad sino también contra el de acceso a la vivienda, educación, a vivir una vida libre de violencia, la igualdad, así como al acceso a la seguridad y justicia.
“Las agresiones contra la comunidad se dan desde comentarios y actos discriminatorios hasta la máxima expresión que son los crímenes de odio que son asesinatos basados contra las personas por su preferencia e identidad sexual. Todo este contexto trae consecuencias en la salud mental de las víctimas pues se les orilla a tener una vida con estrés, angustia, ansiedad y depresión lo cual afecta su desarrollo y bienestar”, explica.
Deudas a saldar con la comunidad LGBTTTI
Alex Orué, director ejecutivo de It Gets Better México, considera que el hecho de que persistan casos como el de Norma es una señal de la incapacidad y falta de voluntad de las autoridades para hacerle frente a los discursos discriminatorios y de odio en contra de la población LGBTTTI.
“Se tiene que abordar desde algo tan poderoso como detener los mensajes de odio, la SCJN ya establece que cualquier discurso discriminatorio que atente contra la dignidad y menosprecie los derechos de las personas, incluida la identidad de género y preferencia sexual, no es libertad de expresión pues no es una opinión, es violencia”, describe.
De acuerdo con el también activista, una de las deudas que tiene el Estado mexicano es aplicar la correcta sanción a iglesias y grupos que estén registrados ante el gobierno y que en sus actividades ataquen los derechos humanos.
“Uno de los primeros pero fundamentales pasos para salvaguardar nuestros derechos es sin duda invertir en el área de prevención y erradicación de la discriminación, en México un camino es fortalecer el Conapred que actualmente tenemos sin titular y replicar ese organismo mínimo en cada estado”, sostiene.
Mientras que para Andrea Avilés es urgente incluir a las personas LGBTTTI en el Programa Nacional de Desarrollo pues agrega que, en este sexenio, esta población no está considerada en la agenda de las autoridades.
“Debemos contar con datos específicos sobre la comunidad, hoy en día no hay información oficial respecto a las personas de la diversidad, por lo tanto no sabemos en qué situaciones estamos y qué necesitamos para una vida digna y segura”, recalca.
A pesar de la violencia a la que aún se enfrenta esta población, Andrea destaca que la lucha por su reconocimiento y libertad no puede parar pues el fin es construir una sociedad más justa basada en la cultura de la no violencia.
“La resistencia se hace desde el orgullo de ser quienes somos y reconocer la diferencia como una fortaleza que enriquece y no como algo que borra o elimina los derechos de los demás”, apunta.
En los últimos cinco años, el Conapred recibió 648 quejas por violaciones a los derechos de personas pertenecientes a la comunidad LGBTTTI
Por su parte, Orué concluye que la población no busca derechos especiales, sino un trato justo en el que se les reconozca como personas que tienen sus historias y que solo quieren vivir siendo ellos mismos.
