En la Ciudad de México, en contraste a lo que indican los datos institucionales, delitos como la extorsión ocurren con mayor frecuencia de lo que se reporta.
Tal es el caso de Francisco Peña, presunta víctima de intimidación en la alcaldía Azcapotzalco por parte de cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la zona El Rosario y dos policías de Tránsito, quienes, tras acusarlo de una infracción, lo amedrentaron para que les diera mil 500 pesos.
“Iba transitando sobre la avenida Poniente 154, que está cerca de avenida Vallejo y, al momento de cruzar hacia una de las calles laterales, un policía de seguridad pública me hizo la señal de pararme.
“El policía alegó que yo había invadido el carril del Metrobús, pero, en realidad, el cruce está permitido, incluso hay semáforos”, narra.
Lo anterior, le ocurrió apenas tres meses después de arribar a la capital del país, a donde se mudó para trabajar, proveniente del Estado de México.
Francisco Peña cuenta que el oficial le dijo que por la supuesta falta que cometió debía pagar alrededor de seis mil pesos.
“Eran como las 5:30 de la tarde, nunca me mencionó en dónde o qué lugar era, solo me dijo: ‘en la oficina y, como ya está cerrada, hay que ver cómo le hacemos, joven’.
“Me presionó de más, de pronto llegó otra patrulla con otros dos policías, igual de las patrullas verdes, se puso enfrente de mi carro y comenzaron a hacerse preguntas entre ellos. Para esto, el primer policía se alejó, llevándose mi licencia y la tarjeta de circulación”, comenta.
Cadena de irregularidades en la extorsión
El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece que los integrantes de la Policía de Control de Tránsito son los únicos autorizados “para expedir y firmar las boletas de sanción, con motivo de infracciones a las disposiciones en materia de tránsito”.
“Llegó, como a los dos minutos una patrulla de Tránsito, igual con dos policías, quienes sí se pusieron más pesados, se pegaron a la ventana y nunca me preguntaron qué había pasado. Básicamente me rodearon entre los seis”, agrega.
Con voz molesta, Francisco recuerda que, ante el hostigamiento, propuso retirar dinero de un banco, pero los policías optaron por “escoltarlo” hasta una tienda de autoservicio.
“Salgo y uno de ellos me dice ‘ya estuvo ¿o qué?’, yo nada más le pregunté ¿es contigo el asunto? Y ya le puse el dinero en una bolsita, no me lo recibió directamente, traía algo en la mano.
“Él se regresó a la patrulla, yo me metí al carro y, en eso, volteo a ver en el retrovisor y vi que estaban como aplaudiendo entre ellos”, expone.
Finalmente, Francisco dice que se quedó con sensación de miedo tras lo sucedido al advertir que, ante la falta de información sobre cómo proceder ante posibles infracciones, es que se dan este tipo de extorsiones.
“Sí pensé en denunciar, pero como sé que este tipo de cosas pasan a diario y, sobre todo, como yo no sabía quiénes habían sido ni tomé datos, ya no lo hice”, concluye.
Subregistro de denuncias y cifras negras
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), revelan que, al primer semestre de 2022, se reportaron 185 casos de extorsión, 20 por ciento menos que en el mismo periodo de 2021, en donde se registraron 231 casos; y 13 por ciento menos que en los primeros seis meses de 2020, en donde hubo 213 extorsiones.
Las alcaldías con más delitos de este tipo, a julio de 2022, son Iztapalapa, con 39 casos; Cuauhtémoc, con 37; Iztacalco, con 22; Gustavo A. Madero, con 20; Venustiano Carranza, con 16; y Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, con 13, respectivamente.
El informe “Un país sin denuncia… y probable manipulación y ocultamiento de información sobre inseguridad” (diciembre, 2021) de la organización Causa en Común describe que en México hay un serio problema de subregistro de delitos, particularmente en feminicidios, secuestros, extorsión, robos a transeúnte con violencia, violencia familiar y narcomenudeo.
“El ‘subregistro’ indica que la ciudadanía no denuncia los delitos, y que los responsables de las instituciones no promueven la denuncia, no generan confianza entre la ciudadanía y/o, probablemente, manipulan y ocultan sus cifras de incidencia delictiva”, dice el documento.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE, 2022) del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), presentada en días recientes, estima que el porcentaje de delitos que no se denunciaron o de los que no se inició una carpeta de investigación es del 93.2 por ciento; frente al 6.8 por ciento del total de delitos que se denunció y comenzó una indagatoria.
De esa media de “cifra negra”, la capital del país se encuentra en el 92.2 por ciento.
Motivos para no denunciar
Entre las razones que los participantes de la ENVIPE argumentaron para no denunciar, destacan la pérdida de tiempo, con 33.5 por ciento; desconfianza en la autoridad, con 14.8 por ciento; por trámites largos y difíciles, con 8.4 por ciento; por actitud hostil en la autoridad, con 3.8 por ciento; y por miedo a que lo extorsionaran, con 0.5 por ciento..
Resalta que el porcentaje de percepción de inseguridad en la ciudad bajó de 85.3 a 83.2 de 2021 a 2022.
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