El Ayuntamiento de San Pedro analiza la posibilidad de presentar un recurso de queja o revisión contra el Congreso local.
Según el Municipio, los legisladores incumplieron la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que les ordenó crear tribunales municipales independientes del Estado.
“Lo que nosotros buscábamos era lograr una independencia del Tribunal (estatal), necesitamos ver si esa independencia se logra con el formato que están proponiendo en el Congreso”, aseguró el alcalde Ugo Ruiz.
Este martes, los legisladores locales aprobaron que los nuevos órganos podrán contar con tres magistrados que durarán tres años en el cargo y, aunque serán electos por los ayuntamientos, deberán ser ratificados por el Pleno del Congreso.
“Lo que pretendíamos era una real independencia de un Tribunal que no dependiera de la aprobación del Congreso para la constitución de sus integrantes, en ese sentido, estamos analizando (la impugnación)”, continuó Ruiz.
El edil espera que en el transcurso de los próximos días se defina el recurso que se presentará ante la Suprema Corte.
Los legisladores aprobaron la creación de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo Municipal, una iniciativa derivada de una controversia constitucional que promovió el Ayuntamiento de San Pedro hace dos años.
Con estas reformas, la Ley de Justicia Administrativa del Estado se convirtió en la Ley de Justicia Administrativa del Estado y los Municipios.
Sin embargo, los diputados dejaron pendiente en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales la definición de “daño patrimonial”, solicitada por el mismo Municipio en otra controversia.
El exalcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, promovió en 2010 ambas iniciativas después de varios casos en los que magistrados estatales otorgaron amparos a casinos, aunque luego éstos fueron cesados en medio de escándalos de corrupción.
Fernández exigió que el Congreso local creara estos órganos para que los ciudadanos dirimieran ahí sus conflictos con la autoridad municipal y no recurrieran al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado.
La sentencia de los ministros, de junio de 2012, facultó a los municipios para que cuenten con estos tribunales y obligó al Congreso local a crear una nueva ley para reglamentarlos.
El plazo que tenían para crear ese ordenamiento terminó el 23 de diciembre de 2012.
Después de más de dos meses y medio de desacato, los legisladores cumplieron parcialmente la sentencia este martes.
Los diputados consideraron que las reformas serían suficientes para atender las exigencias de la Suprema Corte, aunque la máxima autoridad judicial en el país fue clara: es necesario expedir una nueva ley para regular a estos órganos.
