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El mundo digital no fue el mismo desde hace dos años.
En junio del 2013 el exanalista de la CIA, Edward Snowden, reveló lo que quizás todos sospechaban: el gobierno de Estados Unidos operaba programas secretos de vigilancia masiva para espiar a todos los usuarios que utilizaban Internet en cualquier rincón del mundo.
Los correos electrónicos, los mensajes en Facebook, Twitter, las conversaciones por Skype, los chats en los servicios de mensajería, todas las comunicaciones en la Red podían ser monitoreadas por la poderosa Agencia de Seguridad Nacional, la NSA.
La amenaza del Big Brother de George Orwell estaba más vigente que nunca.
Las revelaciones de Snowden sacaban a relucir la vieja obsesión del poder por controlar ese mounstro indomable de mil cabezas llamado ciberespacio.
Hoy la obsesión es la misma en los regímenes autoritarios de Asia, en los considerados gobiernos progresistas de América Latina y en las democracias occidentales de Europa.
No existe en la actualidad un invento que haya transformado tanto la vida de los ciudadanos como es el Internet.
La Red es hoy un motor de transformación para una sociedad, pero también representa riesgos y peligros para el poder y los gobernantes.
Gracias a Internet hay más libertad de expresión en el mundo, pero es cierto también que existe actualmente una tendencia mundial por imponer mayores controles, más mecanismos de vigilancia y sobre todo más sanciones y penas para los internautas.
En Arabia Saudita castigan a un bloguero con cárcel y mil latigazos. En Turquía se encarcelan a activistas que cuestionan a su presidente por redes sociales. China levanta más su muralla digital para evitar que sus ciudadanos naveguen con libertad por la Red.
Cada vez más el poder político –originalmente excluido de la revolución digital– está más preparado tecnológicamente para ejercer controles y censurar lo que se difunde en redes sociales.
Lo advierte la organización Freedom House: en el mundo cada vez son más los intentos de censura en internet por parte de los gobiernos.
En México el tema de la libertad en Internet regresó la semana pasada cuando el senador del PRI, Omar Fayad Meneses, presentó una iniciativa para crear la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos.
Los usuarios de redes sociales mexicanos reaccionaron de manera viral y sepultaron otro intento de las autoridades de establecer restricciones a los derechos de los cibernautas.
“Si lo que quieren es que la queme, la quemamos”, declaró el lunes un vapuleado Fayad.
Una tendencia del mundo
La ofensiva legal del poder por regular el internet se expande por todo el mundo a velocidad de banda ancha.
No sólo en México se impulsan leyes como la Ley Fayad que busca controlar lo que se publica en Internet y sancionar a los ciudadanos que utilizan la Red para publicar críticas a sus gobernantes.
Por todo el mundo gobiernos endurecen sus acciones para castigarlos y someter la información digital.
Uno de los países que fue precursor de esta tendencia de regulación del Internet fue Venezuela.
El gobierno del expresidente Hugo Chávez reformó en el 2010 su Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, conocida como Ley Resorte, que había sido aprobada en el 2004, con el propósito de incluir los contenidos digitales en esta considerada “ley mordaza”.
Desde entonces en Venezuela se prohíbe la difusión en internet de mensajes ofensivos, violentos, que alteren el orden público.
Una de las naciones que mayor control y censura ejercen sobre el internet que consumen sus habitantes es China, paradójicamente el país que tiene el mayor número de cibernautas en el mundo.
El gobierno chino, a través del Ministerio de Seguridad, tiene montado lo que se le conoce como la “Great Firewall”, el muro tecnológico que filtra la información a la que tienen acceso los ciudadanos chinos.
El intento por controlar el Internet no es exclusivo de regímenes autoritarios como China, Vietnam, Rusia, Siria, sino de algunas consideradas democracias en Europa como en América Latina.
En Francia, después de los atentados en París, el Congreso aprobó reformas en contra de la libertad en internet.
Los servicios secretos franceses hoy pueden espiar -sin tener que solicitar órdenes judiciales- contenidos cibernéticos de los ciudadanos.
Este año el Gobierno de Nicaragua, que preside el exguerrillero sandinista Daniel Ortega, anunció la creación de una ley que aspira a controlar el servicio de internet por parte del Estado.
La iniciativa, que no ha sido aprobada por el Congreso nicaragüense, pretende otorgarle a una empresa estatal la facultad para administrar los servicios de banda ancha en el país.
No sólo eso. La ley busca darle a la paraestatal Telcor la atribución para pedir información sobre los usuarios de internet nicaragüenses.
El reglamento conocido como Ley de Promoción y Desarrollo de la Red Nacional de Servicios de Telecomunicaciones de Banda Ancha ha conseguido una fuerte oposición tanto de la sociedad nicaragüense como del sector privado.
Latigazos y cárcel para cibernautas
La regulación legal del Internet siempre va acompañada de sanciones y castigos en contra de los usuarios que se atreven a violar las disposiciones.
La organización Freedom House alertó en su informe que el año pasado en 40 de los 65 países analizados se dictaron penas de cárcel a usuarios por compartir contenido a través de redes sociales.
El de Arabia Saudita ha sido otro de los gobiernos que ha castigado a sus ciudadanos por publicar información en redes sociales.
Raif Badawi, bloguero saudí, fue sentenciado el año pasado a 10 años de prisión, mil latigazos y una multa de 230 mil euros por “insultar al islam”.
Este año el Ministerio de Seguridad Pública de China reveló que mil 500 ciudadanos han sido detenidos por poner en riesgo la seguridad cibernética de este país.
Las leyes chinas establecen penas de 3 años de cárcel para quienes difundan rumores en redes sociales.
El gobierno chino endureció su control sobre internet este año a raíz de la difusión de imágenes de las explosiones ocurridas en Tianjin.
El gobierno de Vietnam ha encarcelado a periodistas y blogueros por denunciar casos de corrupción en el gobierno y dentro del Partido Comunista.
A finales de 2013, el Gobierno aprobó el denominado Decree 72, que prohíbe la publicación online de material considerado crítico que pueda dañar la seguridad nacional o la imagen del Ejecutivo.
El decreto, condenado enérgicamente por las organizaciones internacionales de derechos humanos, especifica que las redes sociales, como Twitter o Facebook, sólo pueden ser utilizadas para “aportar e intercambiar información personal”.
Internet: avances y retrocesos
La red y el activismo digital han sido uno de los principales motores de cambio en el mundo.
La “primavera árabe” en Egipto, las protestas en Ucrania, incluso el derrocamiento del expresidente de Guatemala, Otto Pérez, no se pueden explicar sin las redes sociales.
Las últimas elecciones de Egipto, por ejemplo, fueron boicoteadas desde Facebook y Twitter gracias a un hashtag que alentaba la realización de cualquier otra actividad en lugar de acudir a las urnas para respaldar el gobierno de Abdel Fattah al-Sisi.
La internacionalización del movimiento de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no se podría entender hoy sin la ayuda de las redes sociales.
El control del Internet por eso es una obsesión para el gobierno.
Casi todos los intentos oficiales por controlar los contenidos que se publican en Internet han fracasado.
La única posibilidad que se abre para el poder es la vigilancia tecnológica y el espionaje.
El hackeo a la empresa de espionaje italiana Hacking Team reveló que entre sus clientes se encontraba el gobierno mexicano, a través del Cisen, y algunos estados del país como Puebla y Jalisco.
México resultó ser uno de los países que más habían comprado el software que vendía esta firma para interceptar comunicaciones en Internet.
México, parcialmente libre
El más reciente informe de Freedom House ubica a México como un país parcialmente libre en la Red considerando parámetros como obstáculos para acceso de internet, límites impuestos a los contenidos y violaciones a los derechos de los usuarios.
Los países menos libres para el uso de Internet –de acuerdo con este reporte- son Pakistán, Banrein, Arabia Saudita, Vietnam, Cuba, China, Siria, Irán y Uzbekistán.
Las naciones más libres, de acuerdo con este informe, son Islandia, Estonia, Canadá, Alemania, Australia, Estados Unidos, Japón, Italia, Francia y Georgia.
La Ley Fayad
En México el tema del control del internet regresó la semana pasada cuando el senador del PRI, Omar Fayad Meneses, presentó una iniciativa para crear la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Informáticos.
Una iniciativa que –presentada como una estrategia para combatir ciberdelitos en el país como el grooming– pretendía establecer controles y sanciones para los usuarios que publicaran escritos e imágenes ofensivos en contra de personas y autoridades.
El artículo 21 de la iniciativa, que hablaba sobre el acoso o la intimidación en redes sociales, proponía un castigo de 6 meses a 2 años de prisión, a quien a través de medios informáticos acosara, hostigara, intimidara, agrediera o cometiera cualquier forma de maltrato físico, verbal o psicológico en contra de usuarios de Internet.
El artículo 38 de la iniciativa advertía de sanciones para quienes -sin consentimiento del afectado- difundiera, publicara, copiara, reproduciera, a través de Internet o cualquier otro medio electrónico, imágenes, audio o videos de contenido sexual o erótico, tomadas por la misma víctima o por un tercero, que se hayan obtenido en el ámbito de la privacidad con o sin el consentimiento del afectado.
Fayad pudo haber presentado una ley para incrementar la protección en la Red, la encriptación de datos para garantizar el anonimato. Pero optó por establecer restricciones a los derechos de los internautas, provocando que los ciudadanos en redes sociales le tumbaran su propuesta y lo criticaran.
La Ley Fayad proponía la creación de una Policía Cibernética para los estados para combatir los delitos informáticos en el país.
La Policía Cibernética Estatal está contemplada en el Programa Nacional de Seguridad Pública, PNSP.
En México actualmente 14 estados cuentan con una unidad cibernética para investigar los delitos que se cometen en el Internet.
Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán son los estados que tienen este tipo de instrumentos.
No es la primera vez que en México se buscaba regular lo que pasa en el mundo del internet y de las redes sociales. El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, creó una ley para castigar a los cibernautas que difundieran mensajes falsos relacionados con el narcotráfico.
La Suprema Corte de Justicia derogó la disposición de Duarte, al considerarla un atentado a la libertad de expresión y al derecho a la información.
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