Intereses incendiarios

El crecimiento desordenado de Zapopan y la cerrazón de los empresarios que se empeñan en urbanizar en espacios naturales protegidos son solapados por los tres órdenes de gobierno.

De nueva cuenta, el Bosque de El Nixticuil, al norte de Zapopan, se encuentra en el ojo de los oportunistas.

Desde el 2005 a la fecha el boom inmobiliario de la zona ha ido mermando a este centro de recarga acuífera y reserva natural. 

Al menos ocho proyectos de fraccionamientos tienen la zona en la mira. El futuro del bosque se juega hoy entre el fuego provocado, los intereses económicos de unos cuantos y la lucha autónoma del Comité Salvabosques.

Y es que los enormes campos que colindan con el inicio de la sierra que lleva al norte del estado forman parte de un ambicioso proyecto inmobiliario: Mirasierra.

Impulsada por las empresas de construcción GVA y GIG, ligadas a José Manuel Gómez Vázquez Aldana y al priista Raymundo Gómez  Flores.

El segundo fin de semana de diciembre nueve incendios provocados en cuatro días terminaron con la vegetación de 14 hectáreas de ese bosque.

Dicha afectación se suma a las más de 291 hectáreas quemadas a lo largo de cinco años.

Según el conteo realizado por el Comité Salvabosque, del 30 de noviembre del 2007 a la fecha se han registrado un total de 113 fuegos. Por lo menos en 28 de los incendios contabilizados las afectaciones han sido mayores a una hectárea.

Se sabe que 23 de esos incendios han ocurrido en las zonas que se pretenden urbanizar con Mirasierra.

Mirasierra fue presentado en 2005 como un gran complejo habitacional. Siete años después el proyecto sigue vivo y pretende consolidarse en los próximos 10 años.

Va desde casas medianas a grandes en fraccionamientos de baja densidad con campos de golf y áreas de esparcimiento, hasta casas más pequeñas con precios que rondan el millón y medio de pesos.

En total se pretende construir 22 mil viviendas de varios precios. 

Con servicios, avenidas amplias, transporte y nuevos centros comerciales según detalla el documento presentado durante la administración municipal del priista Arturo Zamora. 

Desde su destape, el proyecto Mirasierra se ha convertido en un caso emblemático de depredación ambiental. 

Y si bien los vecinos de la zona han logrado organizarse para defender el territorio, las presiones sobre la tierra aumentan. 

En los últimos meses la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales aprobó el cambio de uso de suelo de 60 hectáreas del terreno que comprende el bosque. 

En el 2007, la misma dependencia federal había protegido mil 500 de las mil 890 hectáreas que conforman el bosque. Pues se confirmó que en él se concentra una gran área de recarga acuífera. 

Pero según los activistas defensores del bosque, en el proyecto Mirasierra se permite la extracción de 9 millones de metros cúbicos de agua para abastecer a las más de 20 mil casas.

Señalan que los desechos de esas casas serán vertidos en el afluente del Río Blanco, que posteriormente se descargarán en la parte norte del río Santiago afectando a las comunidades rurales de abajo.

El proyecto Mirasierra acabará con la vida de un promedio de 25 mil árboles, según detalla el Comité Salvabosques que considera que “lo que está permitiendo Semarnat es un ecocídio; los incendios ocurridos en los últimos días se pueden catalogar de ecoterrorismo”.

El juego de las autoridades

El desarrollo urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara en algunas ocasiones pone en riesgo la sustentabilidad de la urbe. 

Por un lado, los gobiernos municipales justifican el desorden con cifras de desarrollo y el aumento de sus ingresos a través del pago de más contribuyentes del predial. 

De otro, algunos empresarios de la construcción que depredan áreas naturales presumen la inversión que se hace en los municipios y los empleos que se generaron. Todo, a costo del deterioro ambiental, ese del que nadie se quiere responsabilizar.

“Al inicio de nuestra organización teníamos la idea de que un decreto de área natural protegida, garantizaba de alguna manera la conservación del bosque, pero nos hemos dado cuenta que no”, relata una de las integrantes del Comité Salvabosques.

Alrededor, todo es carbón. El fuego acabó con cuatro hectáreas que no son parte de ningún proyecto inmobiliario, pero que fueron deliberadamente incendiados por cinco personas. 

Una de éstas se sabe que es guardia del fraccionamiento Altavista, que forma parte del complejo Mirasierra y que fue construido en 2010.

Entrar a como dé lugar al terreno es la única consigna para estos empleados que andan en cuatrimotos, algunas veces armados, según comentan los entrevistados.

Sentados sobre unas rocas, los jóvenes del Comité Salvabosques refieren que para ellos el decreto de área protegida “es un mero discurso que se queda en el papel o que se hace para cuidar un espacio verde para que las inmobiliarias puedan mercantilizarlo”.

Sin confianza en las autoridades, el comité hace un repaso de las administraciones municipales de los últimos años. 

Señalan que todas éstas han intervenido para que el proyecto se haga: Arturo Zamora lo aprobó, la familia del ex alcalde Juan Sánchez Aldana es parte del fideicomiso que se hizo para el proyecto Mirasierra. Y Héctor Vielma minimizó los incendios. 

Mientra que Héctor Robles –actual alcalde- ha sostenido que las cosas se mantienen bajo control, pese a que en los últimos incendios la mitad del personal de Protección Civil se encontraba de vacaciones, según confirmó personal del Ayuntamiento.

De hecho –ese fin de semana- la oficina de comunicación envió una serie de boletines de prensa informando que todo estaba bajo control, cuando los incendios se prolongaron hasta el lunes.

Personal de guardabosques del municipio de Zapopan duda que los incendios hayan sido naturales.

El fuego inició la noche del viernes 7 de diciembre, cuando lo incendios de temporal “inician en febrero o marzo”, refirió un oficial de esa dependencia, quien prefirió no dar su nombre. 

El empleado de guardabosques que prefirió el anonimato atribuye la liberación del uso de suelo de Semarnat como un componente más que permite a los fraccionadotes apoderarse del terreno. 

Hasta el momento no ha habido acercamiento con el municipio, pese a que el alcalde Héctor Robles asegura que habrá dialogo con el comité.

Los responsables 

El conflicto dentro del Bosque de El Nixticuil tiene varios responsables. 

La depredación del bosque ha sido causada por empresas, universidades y hasta el propio Estado.

Alrededor del Hospital Ángel Leaño se pretende construir en un terreno de más de 50 hectáreas un parque de investigación científica y tecnológica. 

El espacio destinado a ese proyecto es uno de los más privilegiados de la zona, según relata el Comité Salvabosques, pues ahí hay diferentes tipos de bosque con especies protegidas.

El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) tiene ocupado parte del terreno que está destinado al tanque Los Robles. 

Mientras que el municipio de Zapopan hizo el trazo de la avenida Ángel Leaño utilizando parte del terreno del bosque. 

De hecho, entre los planes del proyecto Mirasierra se busca que esta avenida sea expandida a seis carriles y así dar fluidez al tráfico.

A Mirasierra se unen otros seis proyectos inmobiliarios, como el de Verde Serena, cuyo dueño es Francisco Ibarra García de Quevedo.

Además, Santa Luza, de la empresa Home Finantial; Bosque Encantado, de Marco Antonio González Mores; Sañada San Lorenzo, de la empresa Coben; la CIMA, proyecto a cargo del grupo refresquero Consorcio AGA.

Los Guayabos, por ejemplo, es un fraccionamiento ecológico, su dueño Miguel Aldana Martínez ocupó 13 hectáreas del terreno desde la década de los 80. Sin embargo, las labores de conservación del entorno destacan sobre los otros proyectos inmobiliarios que acosan la zona.