669
“No había aprobado (Sergio Adame) sus exámenes de control y confianza, de acuerdo a la información vertida por la PGR, sin embargo recibió un aval del anterior fiscal general para seguir en el cargo”
Sergio Guadalupe Adame Ochoa fue detenido el 16 de junio pasado, en San Antonio, Texas, acusado de orquestar un fraude millonario al Banco Regional de Texas
Los delitos de los que Sergio Guadalupe Adame Ochoa está siendo acusado en Estados Unidos nunca se interrumpieron mientras éste se desempeñaba como servidor público de la Fiscalía local.
Al exjefe de Inteligencia del Gobierno de Jalisco se le relaciona con actividades de lavado de dinero, narcotráfico y fraude. Fue detenido el 16 de junio pasado, en San Antonio, Texas.
De acuerdo a la acusación que pesa sobre Adame Ochoa, en poder de este diario, el esquema que presuntamente implementó para concretar un fraude millonario al Banco Regional de Texas comenzó en enero de 2006 y no paró sino hasta que se actuó penalmente en su contra en 2016.
El grupo al que se le vincula al exfuncionario y que habría realizado operaciones de lavado y de importación y compraventa de cocaína, estuvo activo desde enero del 2000 hasta su desarticulación el 16 de junio pasado, según la información que difundió la Fiscalía de Estados Unidos.
Mientras estos delitos estaban en marcha, Adame Ochoa ejercía a la par su función pública en Jalisco que inició el 16 de noviembre de 2012, con el exmandatario panista Emilio González Márquez, y concluiría hasta 32 meses después: el 16 de julio de 2015, con el actual gobernador priista Aristóteles Sandoval Díaz, en el poder desde marzo de 2013.
El Gobierno de Jalisco terminó pagándole a Adame Ochoa, quien fue el titular del Centro de Inteligencia y Comunicaciones para la Seguridad de la Fiscalía General, poco más de 2 millones de pesos en sueldos durante su faceta como funcionario público.
Las autoridades de EU aseguran que las actividades ilícitas que habría desarrollado con otros 14 individuos generaron ganancias por 30 millones de dólares, cerca de 564 millones de pesos.
El Centro bajo el mando de Adame Ochoa era un punto de acceso a la información más sensible en materia criminal y el nodo donde confluyen las comunicaciones y radiofrecuencias policiales, pues de él pende la llamada Base Palomar, o Centro Integral de Comunicaciones.
La cercanía
Hay distintas señales de la relación cercana que mantenía el exfiscal general de Jalisco, Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, con Adame Ochoa, a quien entregó el Centro de Inteligencia y Comunicaciones para la Seguridad.
El 18 de junio pasado el propio Gobierno estatal reveló que Adame Ochoa no había aprobado las pruebas de confianza de la Procuraduría General de la República (PGR), y no obstante que contraviene el marco legal, aceptó que lo mantuvo en su puesto porque tenía el aval del fiscal.
Nájera, fiscal de marzo de 2013 a julio de 2015, se hacía acompañar de Adame Ochoa en reuniones importantes. Por ejemplo, el 29 de enero de 2015 acudieron ambos a una cita en la Embajada de Colombia con personal diplomático de ese país.
La estafa
La acusación contra Adame Ochoa detalla que en los años de 2006 y 2011 solicitó préstamos al Banco Regional de Texas que le fueron autorizados, el primero por un millón 695 mil dólares, y el segundo por un millón 163 mil 127 dólares: más de 2.8 millones de dólares entre ambos.
La Fiscalía de Estados Unidos asegura que hubo fraude pues para el primer préstamo reportó “falsamente” que tenía ingresos anuales por más de 500 mil dólares no gravables, por trabajos legales en representación del gobierno de ese país.
Para el segundo préstamo también le habría afirmado al banco que en los días próximos recibiría un millón de dólares como pago del gobierno estadounidense por sus servicios legales. No obstante, dice la acusación, esa aseveración también era falsa.
El documento indica que Adame Ochoa creó dos firmas en Texas: Alan Land LP y Alan Management LLC, la primera poseía como bien el desarrollo Riverside Plaza, en el condado de Hidalgo; de hecho, el primer préstamo que solicitó en octubre de 2006 fue para financiar la compra de ese complejo.
La Riverside Plaza es uno de los 12 bienes inmuebles valuados en 15 millones de dólares de ese grupo delictivo; el gobierno de Estados Unidos busca confiscarlos.
Bajo sospecha
El Gobierno de Jalisco buscó desligarse de Adame Ochoa, de quien precisó que ingresó en el pasado sexenio como Coordinador General de Proyectos Especiales, adscrito al Despacho del exgobernador González Márquez, aunque asignado a la oficina del entonces secretario de Seguridad, Nájera Gutiérrez de Velasco.
Pero este último sería nombrado fiscal general en marzo de 2013 por el hoy gobernador Sandoval Díaz, y con él Adame Ochoa subiría de rango a jefe de Inteligencia; sobre este, la Fiscalía que hoy encabeza Eduardo Almaguer Ramírez indicó el 18 de junio:
“No había aprobado sus exámenes de control y confianza, de acuerdo a la información vertida por la PGR, sin embargo recibió un aval del anterior fiscal general para seguir en el cargo”. Al dejar Nájera Gutiérrez de Velasco la Fiscalía en julio de 2015, también saldría Adame Ochoa.
Este no es el único caso de un funcionario del gobierno de Sandoval Díaz involucrado en expedientes del narcotráfico: Jesús Gallegos Álvarez, secretario de Turismo, fue asesinado por el Cártel Jalisco Nueva Generación el 9 de marzo de 2013, presuntamente por lavar fondos para Los Caballeros Templarios.
Mandos oscuros
La inesperada detención del exjefe de Inteligencia de Jalisco llevó al Gobierno estatal a reconocer que, contra la ley, lo había mantenido en su cargo a pesar de no resultar confiable.
Hasta marzo la Fiscalía mantenía a mil 122 elementos no confiables, tanto en su Policía Estatal (669), Agencias del Ministerio Público y Policía Investigadora (370), y custodios penitenciarios (83).
En todo Jalisco y sus municipios siguen activos 2 mil 789 agentes no confiables, según Causa en Común.
La persistencia de funcionarios reprobados en puestos sensibles también se dio con el exgobernador González Márquez, cuando existía la Procuraduría de Justicia.
El exprocurador evaluó ante la PGR a seis miembros de su equipo, y aunque la mitad reprobó los mantuvo en funciones: el subprocurador de Concertación Social, Aurelio del Toro Zapién; la Subprocuradora de Apoyo a la Investigación de Delitos Federales, Lorena del Carmen Gómez de Dios; y el coordinador de la Policía Investigadora, Marco Antonio Venegas Mendoza.
Así lo publicó Reporte Indigo en el artículo “En manos no confiables”, del 2 de noviembre de 2015.
