La tecnología se vuelve cada vez una parte más importante de nuestras vidas, modificando la forma en que realizamos muchas de nuestras tareas y actividades; incluso, cómo nos relacionamos.
Con la masificación de internet y la evolución de las Tecnologías de la Información y Comunicación (Tics), miles de posibilidades que antes nada más se podían imaginar, hoy se han vuelto una realidad con la Inteligencia Artificial (IA), herramienta que pronto se expandirá y a la cual cada vez más personas tendrán acceso.
Ante este panorama, el quehacer legislativo no se escapa de la llegada de estas tecnologías, las cuales pueden ser tanto un beneficio, como un peligro.
De acuerdo con la nota estratégica “El uso de la Inteligencia Artificial (IA) en el Poder Legislativo”, los sistemas de IA disponibles en la actualidad podrían ser aprovechados por el Poder Legislativo para tomar decisiones más informadas, optimizar recursos burocráticos, mejorar la comunicación de las y los legisladores con la ciudadanía y hacer más eficiente el proceso parlamentario.
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Sin embargo, la investigación de César Alejandro Giles Navarro publicada por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, también advierte que la adopción de la IA supone limitaciones y riesgos importantes que deben tenerse en cuenta como el uso de información imprecisa y desactualizada, la importación de soluciones no adecuadas a las realidades del país, la dependencia tecnológica, problemas de plagio, el mal uso de los datos personales e institucionales, así como peligros cibernéticos.
Futuro protagonista
Si hay algo seguro, es que en los próximos años la IA se convertirá en la protagonista de las tecnologías.
“No hay duda alguna de que la IA ha ganado e irá ganando un mayor protagonismo en nuestras vidas. Al igual que ocurrió con la telefonía celular y las redes sociales, la tendencia apunta hacia el uso generalizado, especializado y diversificado de la IA.
“De ahí la necesidad de estudiar sus aplicaciones, a fin de que podamos sacar el máximo provecho de esta herramienta y al mismo tiempo tomar previsiones para mitigar los riesgos que guarda”, dice la investigación del IBD.
Vacío legislativo
De acuerdo con el texto “El uso de la Inteligencia Artificial (IA) en el Poder Legislativo”, actualmente el desarrollo y aprovechamiento de la IA encuentra su base constitucional en el artículo 3º, fracción V, que reconoce el derecho de las personas a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica.
No obstante, a nivel reglamentario, no existe una legislación que la trate de modo específico.
“La regulación vigente se relaciona de manera tangente con la IA en casos como la protección de datos personales y los derechos de los consumidores de proveedores de servicios de tecnología, por lo que es inminente que el Congreso mexicano entre a este tema”, dice la nota estratégica de Giles Navarro.
En la actual administración, una oportunidad para abordar la regulación de la IA vendrá con la reglamentación del artículo 3º que fue reformado en el 2019, entre otras cosas, para reconocer el derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica.
Retos y oportunidades
La investigación del IBD en materia de IA explica que esta herramienta no buscaría disminuir puestos de trabajo ni sustituir al personal, sino contar con herramientas que permitan ahorrar tiempo, recursos y al mismo tiempo, mejorar la calidad del trabajo legislativo en beneficio de la sociedad.
Algunas de las funciones de los sistemas de IA que podrían ser de utilidad para el Poder Legislativo son las siguientes: análisis de texto y datos, automatización de tareas repetitivas, asistencia virtual, sensibilizar y generar empatía, liderazgo y aumentar la creatividad.
Por otro lado, también existen varios riesgos asociados al uso de este tipo de tecnologías, entre los que se encuentran “la desvinculación de la política con la realidad social, uso de información imprecisa, sesgada y desactualizada, peligros cibernéticos, generar falta de transparencia, problemas éticos o dependencia tecnológica y pérdida de capacidades del personal legislativo”, señala el documento del IBD.
