Insiste Gobierno de Nuevo León: Presupuesto para 2024 será el mismo

La administración de Samuel García insiste que reconducción fiscal es legal y está avalada por la Constitución de Nuevo León
Jorge Eduardo Villagómez Aréchiga Jorge Eduardo Villagómez Aréchiga Publicado el
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Un día después de anunciar que, debido a que no se lograron acuerdos con el Poder Legislativo, el Presupuesto para 2024 será el mismo que el designado el año pasado, el Gobierno de Nuevo León se mantuvo firme en su postura y afirmó que la reconducción presupuestal es una ‘medida legal’ y avalada por la Constitución.

A través de un nuevo comunicado, la administración de Samuel García aseguró que, al designar la misma cantidad de recursos para el Paquete Fiscal de este año, el Gobierno del Estado asegura la continuidad de sus proyectos y les da ‘certidumbre presupuestal’.

Dicha declaración es una respuesta a lo expresado el día de ayer por el líder del Congreso Local, el panista Mauro Guerra, quien afirmó que la reconducción presupuestal es ilegal y atenta contra la estabilidad de la entidad.

“Contrario a lo que señala el Presidente del Congreso del Estado, la figura de reconducción presupuestal es una medida legal, prevista en la Constitución del Estado de Nuevo León, que tiene por objeto el garantizar la certidumbre presupuestal tanto en materia de ingreso como en gasto”, puede leerse en el documento.

 

¿Qué es la reconducción presupuestal?

A grandes rasgos, cuando no existe un acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo para determinar el Paquete Fiscal del año entrante, la figura de la reconducción presupuestal ‘asegura’ que se distribuyan los mismos recursos que durante el año anterior, esto como una medida emergente.

En el comunicado, el Gobierno de Nuevo León cita algunos ejemplos de estos casos, tanto a nivel federal como estatal, destacando el ocurrido en 2007 durante la administración del priísta José Natividad González Parás.

“Se dio una disputa entre el PRI y el PAN por el Paquete Fiscal del año 2007, mismo que fue aprobado hasta el 10 de enero de 2007 y publicado en el Periódico Oficial el 13 de enero del mismo año, pugna que se dio entre, en ese entonces, los partidos oponentes PRI y PAN, respecto a diversos temas de mayorías necesarias para la aprobación de leyes, por lo que se abandonó la mesa de negociación del presupuesto”, afirmó el comunicado.

El texto asegura que, en dicho conflicto, el PAN ‘chantajeó’ para obligar al PRI a incluir en el presupuesto una partida adicional de 500 millones de pesos para municipios de la entidad; en ese momento, afirman, la reconducción presupuestal que entró en vigor a inicios 2007 impidió que el Estado operara sin recursos a pesar de no contar con acuerdos.

 

Afirman que gastos están asegurados

Una de las principales críticas a la reconducción fiscal por parte de la oposición local es la relacionada con la operación de los organismos electorales en pleno año electoral, mismos que no podrían realizar sus tareas utilizando el mismo presupuesto que en 2023, cuando no hubo elecciones.

Sin embargo, la administración de Samuel García desestimó esta preocupación y asegura que la operación de estos entes está garantizada, toda vez que se entablará comunicación con ellos para determinar sus necesidades exactas de cara a los comicios de junio.

“Se tiene constante comunicación con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y el Tribunal Electoral del Estado, para conocer sus necesidades y garantizar el proceso electoral 2024, siendo que en próximos días se convocará a dichos entes para ver los distintos escenarios para hacer frente a sus necesidades”.

De la misma forma, el Gobierno de Nuevo León afirma que no ha recibido ningún tipo de notificación por parte de la Tribunal Superior de Justicia en torno a una supuesta obligación por publicar los acuerdos solicitados por el Congreso Local.

De hecho, afirma que su presidente, Jesús Arturo Salinas, está impedido para ‘intervenir’ en cualquier situación vinculada con el Ejecutivo debido a su ‘afiliación partidista‘ y a su intento por ‘ocupar la gubernatura de forma ilegal’.

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