Robos a transeúntes, a casa habitación, a restaurantes, a comercio y de autopartes y homicidio doloso, son algunos de los delitos que han aumentado en la capital del país en los últimos meses
En Nuevo León, el Congreso aprobó esta semana una reforma al artículo 17 del Código Penal y se amplió el derecho a la legítima defensa de los ciudadanos en un caso en el que se ponga en riesgo su vida
En los últimos meses se ha registrado un repunte en los delitos de alto impacto en el País.
La Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey están bajo este fenómeno. Si bien no alcanzan los niveles de criminalidad y violencia de otros estados en el país sí son las primeras señales de alerta de una tendencia.
Pero más allá de los datos duros se empieza a reflejar también una percepción de inseguridad y temor entre los habitantes de las principales capitales del País, que asisten impotentes al resurgimiento de una problemática que creían olvidada o por lo menos sensiblemente disminuida.
Robos a tiendas departamentales, restaurantes y joyerías perpetrados por comandos armados, asesinatos, agresiones y cobro de piso, son delitos cada vez más presentes en la vida cotidiana.
Frases como ‘antes esto no pasaba’ dejaron de ser simples expresiones en charlas de sobremesa para convertirse en cruda realidad.
Por ejemplo, en la Ciudad de México, en algunas zonas que se consideraban ‘blindadas’ de la criminalidad, como algunos fraccionamientos exclusivos en Santa Fe en la delegación Cuajimalpa, se empiezan a reportar robos bien organizados a casa habitación, a pesar de la estricta vigilancia y medidas de seguridad.
Además, lugares emblemáticos como las colonias Roma o Condesa, anteriormente zonas de paz, se han ido convirtiendo en focos de delincuencia; en la Colonia del Valle ya no es seguro caminar por las noches; los embotellamientos en Periférico o los semáforos congestionados han vuelto a ser puntos de riesgo para ser asaltado.
Robos a transeúntes, robo a casa habitación, robo a restaurantes, robo a comercio, robo de autopartes y homicidio doloso, son algunos de los delitos que han aumentado en la capital del país en los últimos meses, afectando la vida diaria y el patrimonio de los capitalinos.
Como el caso del comando de 20 hombres armados que asaltó la tienda departamental Walmart en Nativitas hace un mes exacto, o el grupo que robó una camioneta de valores en Gustavo A. Madero sin disparar un solo tiro, llevándose 4 millones de pesos. A ello se suman denuncias de algunos comerciantes de la zona del Centro Histórico o de algunos locatarios de la Central de Abasto que dicen ser víctimas del cobro del derecho de piso y amenazas.
Las autoridades capitalinas han defendido la tesis de que la Ciudad de México está libre de la presencia del crimen organizado, pero la realidad contrasta la postura oficial, la expone. En la recta final del sexenio de Mancera y a punto de cumplirse 20 años de la llegada de la izquierda al gobierno de la capital del país, delitos como el robo en sus diversas modalidades registran un aumento preocupante.
El Jefe de Gobierno ha defendido en los últimos meses que el repunte criminal obedece a la implementación del nuevo sistema de justicia penal que ha puesto en las calles a miles de delincuentes, aunque el origen del problema podría no ser tan simple.
Durante años, la violencia y la criminalidad se consideraban bajo cierto control, y había zonas focalizadas donde se sabía que había una mayor concentración delincuencial, sin embargo, esta percepción está cambiando.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública presentada en enero de este año por el INEGI, un 95 por ciento de los habitantes de la zona oriente de la ciudad (Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco) se sienten inseguros.
El 88 por ciento de los de la zona norte (Gustavo A. Madero, Iztacalco, Venustiano Carranza ) y 86 por ciento de quienes viven en el poniente (Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco) también perciben inseguridad.
En la Ciudad de Guadalajara, debido a la violencia, se han multiplicado los casos de justicia por mano propia. Esta problemática tomó fuerza recientemente cuando a través de las redes sociales se dio a conocer un video de dos mujeres siendo agredidas por locatarios del Mercado San Juan de Dios. El fenómeno parece haber tomado una nueva dimensión con la presencia de grupos delincuenciales bien organizados y numerosos que han dado golpes cada vez más audaces y de mayor impacto.
Lo mismo en Nuevo León, donde el Congreso aprobó esta semana una reforma al artículo 17 del Código Penal que fue considerada por algunos expertos como un permiso para matar, pues se amplió el derecho a la legítima defensa de los ciudadanos en un caso en el que se ponga en riesgo su vida. Todo esto en medio de un tangible brote de delitos.
El caso de Sergio
Sergio llegó hace 6 años a vivir junto con su familia a una exclusiva zona residencial de Santa Fe en la Delegación Cuajimalpa.
Durante casi 5 años, las familias que habitaban este conjunto residencial vivieron en tranquilidad, totalmente ajenos a la criminalidad. Salvo algunos incidentes aislados, como robos menores cometidos por algunos trabajadores.
Sin embargo, la situación dio un vuelco hace un año, la percepción empezó a cambiar. Durante 2016 hubo 3 robos a casas habitación, y en lo que va de 2017 son ya 4.
Sergio y su familia fueron el tercer blanco de los ladrones apenas en febrero pasado. Mientras se encontraban de vacaciones, recibió la llamada de su empleada doméstica. Seis personas ingresaron a su domicilio y se llevaron relojes, joyas y dinero en efectivo.
Presentaron la denuncia y le han dado seguimiento, lo que ha permitido que ya se hayan detenido a 3 de los presuntos asaltantes.
“Están tan bien organizados que es una banda de 180 colombianos. Están en el país, salen, regresan otros. Se están cambiando para no ser detectados. Rentan departamentos, rentan casas, andan bien vestidos, con carros del año”, dice Sergio.
En el video del robo se puede apreciar cómo los ladrones llegan a su domicilio con total tranquilidad, se toman su tiempo a sabiendas de que la familia no se encontraba en el lugar, se hacen señales con sus teléfonos. Todos tienen pasamontañas.
El curso de la investigación ha arrojado datos más que preocupantes sobre el proceder de este grupo organizado, que al parecer opera en varios puntos de la ciudad y están enfocados en robos a casas de familias de nivel económico alto.
A pesar de que los accesos a la zona residencial están controlados, y que en teoría hay una vigilancia minuciosa por parte de la empresa de seguridad privada, esto no ha impedido los robos. Incluso la casa de Sergio se encuentra junto a una de las casetas de vigilancia. Todo apunta a la complicidad.
Las 3 personas que han sido detenidas hasta ahora contaban con dos pasaportes, uno colombiano y uno mexicano, con nombres diferentes.
Los miembros de esta banda criminal intentan pasar por personas normales. Visten bien, utilizan vehículos último modelo, rentan casas y departamentos en zonas exclusivas, forman parte del entorno.
De manera extraoficial, las autoridades le han comentado a Sergio que es muy probable que los delincuentes puedan rentar un departamento en el mismo fraccionamiento, lo que facilitaría la identificación de sus víctimas.
Al parecer tienen una regla: no lastimar. Saben que con el nuevo sistema de justicia, si son detenidos tienen posibilidad de reparar el daño y salir libres, no así con el agravante de agresión y cuentan con un equipo de abogados que de inmediato los ponen en las calles y les da oportunidad de salir del país.
Poco después del robo a su casa, uno de los hermanos de Sergio también fue víctima de robo a su hogar, y hace 2 semanas hubo otro en su fraccionamiento, esta vez estando la familia en el lugar. Al parecer se trata del mismo grupo.
“Ya se metieron a donde hay personas, eso genera preocupación”, comenta Sergio.
Las familias tienen miedo de denunciar, no confían en las autoridades, y Sergio con el seguimiento del caso ha podido percatarse de la realidad, tienen temor a posibles represalias, no solo de los delincuentes, sino de los propios elementos policiacos que presuntamente estarían en complicidad.
“Me han dicho que la misma policía está metida con ellos. Piensan que se les va a regresar el problema, pues ya saben donde vive su familia y tienen miedo de que los puedan secuestrar”, confiesa Sergio.
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