Palos de ciego

Los índices delincuenciales van al alza en todo el país. Con 2 mil 452 homicidios dolosos, mayo se convirtió en el mes más violento de los últimos 20 años.

De acuerdo con el informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en una gran cantidad de municipios que recibieron recursos como parte del programa de Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública, no hubo cabal trasparencia en el ejercicio de los fondos federales destinados a la seguridad.

Las observaciones que hizo la ASF van desde subejercicios, falta de control interno y violación a la normatividad de adquisiciones hasta incumplimiento de metas y transparencia, eventos que ocasionaron quebrantos a la hacienda pública federal al no haberse ajustado la aplicación de los fondos destinados al fortalecimiento de la seguridad, tal como lo establece la norma federal.

En el municipio de Aguascalientes, la autoridad local incurrió en inobservancias de la norma administrativa, principalmente en materia de transferencia y destino de los recursos y transparencia, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 4 millones 211 mil 600 pesos.

Lo mismo sucedió en el municipio de Jesús María, también del estado de Aguascalientes, en donde la ASF tuvo que solicitar la devolución de 161 mil 500 pesos a la tesorería de la federación, luego dichos fondos que se debieron aplicar a los costos de dictámenes de control de confianza de policías locales, nunca se ejercieron.

En el municipio de Ensenada, Baja California, la ASF tuvo que solicitar la reintegración de 41 millones 503 mil pesos, luego del mal manejo aplicado a esos fondos, en donde 38 millones 691 mil 200 pesos se traspasaron a otras cuentas bancarias, y 2 millones 730 mil 900 pesos no fueron pagados a proveedores que incumplieron en la entrega de bienes; allí, 81 mil 100 pesos simplemente no fueron utilizados para fortalecer la seguridad pública municipal.

En Tijuana, Baja California, la autoridad local incumplió con las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo federal de apoyo para seguridad pública, ya que el municipio no publicó -en su página de internet, ni en medios locales de difusión- los informes trimestrales sobre la información relacionada con el ejercicio y destino de los recursos del programa, en donde se dejó de ejercer el 1.7 por ciento de los 54 millones 789 mil pesos recibidos.

En el municipio de La Paz, Baja California Sur, uno de los focos en donde se ha concentrado la violencia en los últimos meses, la ASF tuvo que reclamar la devolución de 3 millones 411 mil 600 pesos, de los cuales 3 millones 080 mil 200 pesos simplemente no fueron ejercidos, en tanto que otros 331 mil 400 pesos resultaron de la “la falta de aplicación de penas convencionales a los proveedores por el retraso en la entrega de los bienes”.

En Los Cabos, Baja California Sur, otra de las ciudades más violentas del país, la ASF reconoció en su informe del 2016, que hubo “irregularidades administrativas en el rubro de transferencia de recursos y rendimientos financieros”, pues aunado al retraso con que se hizo la entrega de participaciones por parte del Gobierno estatal, también “el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos, destino de los recursos y transparencia; así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público”.

En el municipio de Campeche también saltaron a la luz las dudas sobre el manejo de los fondos destinados a la seguridad; allí, la ASF determinó “incumplimientos de la normativa en materia de transparencia, en virtud de que el Gobierno del estado de Campeche no sujetó a evaluaciones de desempeño los recursos, para verificar el grado de cumplimiento de objetivos y metas”, lo que hizo que no se aplicaran fondos por 726 mil 900 pesos.

En el municipio de Carmen, también en Campeche, el órgano fiscalizador tuvo que solicitar la devolución de 632 mil 600 pesos que no se aplicaron en pago de becas a aspirantes a policía municipal, diplomado para mandos de la policía y cursos de capacitación y equipamiento para personal de seguridad pública, pese a que esos recursos que ya estaban autorizados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la ASF reclamó la devolución de un millón 641 mil pesos, luego que 835 mil 500 pesos no se reflejaron en las compras argumentadas de bienes para la policía local, y otros 805 mil 500 pesos se utilizaron para pagar bienes que no se ajustaron a las características y especificaciones solicitadas en los contratos de compra de la dirección de seguridad pública de ese municipio.

La lista sigue

En la capital de Chihuahua, el órgano fiscalizador solicitó la devolución del 0.3 por ciento de los 50 millones 935 mil 500 pesos destinados al fortalecimiento de la seguridad pública municipal, luego que esa proporción no fue utilizada por “incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos, adquisiciones, así como de evaluación y cumplimiento de metas, objetivos e indicadores”.

Lo mismo sucedió en Cuauhtémoc, Chihuahua, otro municipio con más homicidios dolosos de todo el país, en donde la administración municipal no hizo uso del 2.7 por ciento de los 12 millones 269 mil 700 pesos destinados al fortalecimiento de la seguridad pública local, esto como resultado de “incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos, registro e información financiera de las operaciones, transparencia, así como evaluación y cumplimiento de metas, objetivos e indicadores”.

Otro municipio con graves problemas de seguridad, pero que devolvió fondos a la federación, luego de que no fueron aplicados en su programa de seguridad pública, fue Juárez, en el estado de Chihuahua, en donde la federación reclamó la devolución por 3 millones 731 mil pesos, luego que se encontró que no se pagó la evaluación del personal policiaco adscrito al municipio.

A la lista de municipios que no cumplieron cabalmente con el manejo de los fondos federales otorgados para el fortalecimiento de la seguridad pública, también se suman Saltillo, Coahuila, que dejó sin ejercer en el 2016 el 1.1 por ciento de los 44 millones 860 mil 200 pesos otorgados por la federación; Villa de Álvarez, Colima, que tuvo que devolver un millón 754 mil 500 pesos que no ejerció oportunamente; el municipio de Durango, que no ejerció el 3.3 por ciento de los 20 millones 209 mil 800 pesos que recibió para mejorar la seguridad pública local.

Otros municipios observados por la ASF, por el incumplimiento en el manejo de los fondos destinados al fortalecimiento de la seguridad pública local son Gómez Palacio, Lerdo y Pueblo Nuevo, en Durango; Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Naucalpan y Nezahualcóyotl, en el Estado de México; Irapuato y León, en Guanajuato; Acapulco, en Guerrero; Guadalajara, en Jalisco, La Piedad y Tarímbaro, en Michoacán; Cuautla y Cuernavaca, en Morelos; Bahía de Banderas y Tepic, en Nayarit.

Pide Coparmex revisión de estrategia de seguridad

El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther pidió a las autoridades encargadas de las tareas de seguridad atender el clima de inseguridad que se vive en el país, uno de los temas estratégicos que se deben resolver y abatir.

Durante su mensaje semanal, el líder empresarial afirmó que solo de esta forma se puede alcanzar un verdadero bienestar que sirva para retener inversiones y captar nuevos capitales que permitan la creación de empleos de mayor calidad y mejor remunerados.

“Esta lastimosa realidad requiere con urgencia que todos aportemos a una serie de análisis sobre los cambios estructurales y tácticos que se necesitan en México en materia de seguridad. Reiteramos que el modelo de incorporación de las tareas de seguridad que se concentraron en la Secretaría de Gobernación debe de ser revisado a fondo”, señala.

Según lo señalado por el representante de los órganos empresariales, la incidencia delictiva ha alcanzado niveles alarmantes en muchas entidades del país, situación a la que tienen que hacer frente día a día muchos de los agremiados a Coparmex, lo cual se traduce no solo en un freno a la competitividad sino que atenta contra la tranquilidad de las comunidades.

“En nuestras visitas a los Centros Empresariales de todo el país, los socios y los consejeros de COPARMEX nos han expresado su inquietud creciente por el alza de los delitos como homicidios, robos a comercios que se traducen en una afectación de la tranquilidad en las ciudades y en los estados”.

Gustavo de Hoyos también apuntó que acudirá al Congreso de la Unión para demandar que en el próximo periodo ordinario de sesiones sea prioridad la revisión del marco legal de la actuación de las Fuerzas Armadas en la estrategia de seguridad, así como la discusión de la Ley de Seguridad Pública que contempla el mando mixto para coordinar a los cuerpos policiacos.

“Y en tanto se resuelve el marco normativo y se revise el diseño institucional de los cuerpos y corporaciones de seguridad el sector patronal reclama que la Procuraduría General de la República y cada una de las procuradurías de los estados intensifiquen su trabajo de persecución de los delincuentes.

“Es impostergable que los gobernadores y los alcaldes asuman plenamente y cuanto antes la responsabilidad primaria en materia de seguridad para la protección física y patrimonial de los ciudadanos”, dijo.

El presidente de Coparmex pidió también que se actualicen los códigos penales para que haya una revisión exhaustiva de la tipificación de los delitos, y sobre todo una correcta instrumentación a efecto de que los criminales no vuelvan a las calles de forma inmediata.

“Con estas acciones y propuestas el sector patronal reafirma su compromiso de trabajar y aportar propuestas que coadyuven a identificar los focos rojos en materia de seguridad y a diseñar nuevas formas de coordinación y gestión eficaces, para abatir los delitos que más afectan a la sociedad”.

El líder del organismo patronal también tuvo palabras de solidaridad con el gremio periodístico por la situación de violencia que lo ha alcanzado, por el asesinato de siete comunicadores durante el año y por las múltiples denuncias de amenazas.

“Exigimos que se investigue hasta las últimas consecuencias, y desde luego que el peso de la ley caiga sobre los responsables de cada uno de ellos. No podemos tolerar más impunidad en México”, remarcó.

“Exigimos que se investigue hasta las últimas consecuencias, y desde luego que el peso de la ley caiga sobre los responsables de cada uno de ellos. No podemos tolerar más impunidad en México”.

Sin claridad la Policía Federal

Entre las observaciones que la ASF ha realizado a la aplicación de los fondos de la cuenta pública del 2016, destacan las señaladas a la Policía Federal, en donde no existe claridad en el manejo del dinero que se destinó al programa de Adquisición de Vestuario, Uniformes, Materiales de Seguridad y Prendas de Protección, según el resultado de la auditoría financiera y de cumplimiento marcada con el número 16-5-04L00-02-0020.

En este renglón se establece la “falta de aplicación de penas convencionales” por un monto de un millón 074 mil pesos, por concepto del atraso en el cumplimiento de la entrega de 2 mil 108 bienes (grados) los cuales debieron entregarse a más tardar el 31 de diciembre de 2016, según lo establecido en el correspondiente contrato marcado con el número SEGOB/PF/CSG/DRM/C040-A/2016.

En su informe, la ASF establece que en la Policía Federal se recibieron, en el periodo del 5 de octubre de 2015 al 8 de julio de 2016, un total de 203 mil 248 bienes, entre uniformes, material de seguridad y prendas de protección, por un monto de 238 millones 847 mil 800 pesos, pero se registraron notas de entrada con precio unitario de un peso, y con la observación de “Sin pedido y sin contrato Ad Cautelam”, para posteriormente, ser modificadas con el precio unitario señalado en el contrato.

“Las notas de entrada al almacén de la Policía Federal no cumplieron con los requisitos establecidos para la recepción de los bienes”, dice el informe de la ASF, “no se contó con la justificación ni autorización para efectuar cambios en los bienes solicitados en el contrato número SEGOB/PF/CSG/DRM/C040-A/2016 de 490 uniformes de gran gala y 490 zapatos para caballero, y en su lugar se recibieron el mismo número de bienes para dama, los cuales tuvieron un costo menor de 7 mil 700 pesos”.

Por lo anterior, la ASF determinó “recuperaciones probables por un millón 074 mil pesos”, que dieron origen a 10 observaciones, de las cuales tres fueron solventadas por la entidad fiscalizada antes de la integración del informe, en tanto que las otras siete dieron curso a nueve recomendaciones, cuatro promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y un pliego de observaciones.

En el renglón de Servicios de Mantenimiento a Vehículos, Aviones y Helicópteros, también la Policía Federal fue objeto de observaciones por parte del órgano fiscalizador de la federación, pues se determinó que esa dependencia “pagó en demasía por 108 mil 300 pesos, debido a que los entregables de las refacciones se facturaron a un precio superior al establecido en el anexo técnico del contrato”.

Segob tampoco cumple

A lo anterior se suma también la deficiencia de la propia Secretaría de Gobernación, dentro del programa Fomento de la Cultura de la Participación Ciudadana en la Prevención del Delito, en donde la ASF detectó irregularidades en las metas trazadas.

De acuerdo con la Auditoría de Desempeño 16-0-04100-07-0016, se establece el incumplimiento de actividades en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia en las 32 entidades federativas.

Según los datos de la ASF, la Secretaría de Gobernación planeó 166 actividades de estrategia para la prevención social del delito en todo el país, de las que solamente se llevaron a cabo 153, es decir el 92.2 por ciento de la meta; de las 75 actividades programadas con la participación de la Comisión Intersecretarial, solamente se realizaron 58, que representan sólo el 77.3 por ciento de la meta establecida.

El incumplimiento de la Secretaría de Gobernación en sus metas del programa de Fomento de la Cultura de la Participación Ciudadana en la Prevención del Delito puede tener impacto en el incremento de la violencia que ha repuntado en todo el país en este año, pues muchas de las acciones programadas en el 2016 estaban destinadas a aplicarse en los 108 municipios más conflictivos de todo el país.

Muchas de las acciones que no fueron cumplidas por la Secretaría de Gobernación, pese a contar con los fondos económicos para ello, fueron en relación con la atención a los factores de riesgo, como los embarazos de temprana edad, el consumo de drogas, el abandono escolar, la falta de oportunidades laborales, la carencia de la participación ciudadana, los entornos de ilegalidad, los espacios públicos insuficientes y deteriorados, y la marginación y exclusión social.

Otro renglón en donde la ASF encontró falta de transparencia en el manejo de los recursos destinados al fortalecimiento de la seguridad pública, fue en el de la capacitación y aplicación de los controles de confianza de los elementos de seguridad pública por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y justicia en el país.

En ese sentido, se encontró que el Secretariado Ejecutivo evaluó a 332 mil 364 policías inscritos dentro del Servicio Profesional de Carrera, que equivalen al 99 por ciento de todos los policías del país, de los que 291 mil 337, que representan el 87 por ciento, acreditaron con el principio de integridad, sin embargo, la entidad fiscalizada -dice el informe- sólo dispuso de información respecto de la capacitación del 34.9 por ciento, es decir un total de 117 mil 237 elementos, por lo que no fue posible validar si el 65.1 por ciento restante se encontraba capacitado para desempeñar sus funciones, a fin de proteger a la población.