Mientras la inseguridad, las balaceras y los enfrentamientos se recrudecen en todo el territorio nacional, la gobernabilidad y el Estado de Derecho se debilitan.
Nada más durante la última semana, se suscitaron tres eventos que dejan entrever la falta de control que impera en distintas zonas del país a once meses del cambio de administración federal.
En Michoacán, en una acción descrita por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, como “una circunstancia que se da como se dan todos los eventos en el país, todos los días, a todas horas, en todos los lugares” un convoy de cinco patrullas de la Policía municipal de Michoacán fue emboscado por 30 hombres fuertemente armados cuando acudía a ejecutar una orden de un juez al municipio de Aguililla, en Tierra Caliente. El saldo fue de 13 policías muertos.
Dos días después, el miércoles 16 de octubre, en Guerrero, 14 integrantes de un grupo armado y un oficial del Ejército resultaron muertos en otro enfrentamiento en Tepochica, una comunidad cercana al municipio de Iguala.
Habitantes del lugar contaron a medios locales que la violencia en la zona se recrudeció a partir de la liberación de los implicados en el caso Ayotzinapa durante el mes de septiembre pasado.
Sin embargo, el evento cumbre que terminó por encender las alarmas y poner en entredicho a los tres órdenes de gobierno, fue la liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, el jueves por la noche tras haber sido capturado por las fuerzas del orden del Estado.
De acuerdo con las versiones oficiales que se dieron a conocer hasta el viernes 18 de octubre por el Gabinete de Seguridad encabezado por Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, así como por el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crecencio Sandoval, en un afán por obtener resultados positivos, se actuó de manera precipitada con deficiente planeación y falta de previsión sobre las consecuencias.
Por su parte, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), confirmó durante su conferencia mañanera del viernes de la semana pasada, lo que ya se sospechaba desde el jueves en la noche pero ninguna autoridad confirmó: se detuvo a Ovidio Guzmán y después se le liberó con la aprobación del Ejecutivo.
Luis Crecencio Sandoval, titular de la Sedena, aceptó que el operativo estuvo desorganizado y no midieron las consecuencias que provocaría en Culiacán, Sinaloa
“El secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad, se concentraron, se reunieron y le dieron seguimiento al problema, y tomaron decisiones que yo respaldo, que yo avalo porque se tornó muy difícil la situación.
Estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos, y se decidió proteger la vida de las personas. Y yo estuve de acuerdo con eso porque no se trata de masacres, eso ya se terminó. No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas
Para el domingo y por tercer día consecutivo, López Obrador insistió.
”¡Somos humanos, muy humanos! Acabamos de tomar una decisión muy difícil, pero muy humana en el conflicto de Culiacán, Sinaloa: decidimos primero la vida de los seres humanos, no a la violencia. La paz, la tranquilidad, no la discordia, no el odio, no la violencia”, justificó el tabasqueño.
Sin embargo, para Raúl Benítez, investigador del Centro de Estudios de América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México, no existe una estrategia contra la inseguridad real por parte del actual gobierno Federal.
“Creo que no hay una estrategia de seguridad del Estado mexicano y entonces cada circunstancia la manejan caso por caso. En esta ocasión los que reaccionaron muy rápido fue la organización criminal y mostraron que están coordinados en Culiacán, lo que demuestra que tienen el control de esa ciudad.
“Reaccionaron atacando instalaciones militares y quemando autobuses; usando bazucas, rifles barret, entonces, esta reacción inmediata del Cartel de Sinaloa puso al Estado rápidamente contra la pared y el Estado argumentó que para evitar una “carnicería”, en sus palabras, se liberó a Ovidio. Esto quiere decir que el Cartel de Sinaloa es el que tiene una estrategia ante un Estado indefenso”.
No obstante, es importante aclarar que la escalada de inseguridad y violencia y el vacío de gobernabilidad en México no es nuevo ni exclusivo de la administración actual, se viene desarrollando desde finales del sexenio foxista y se agudizó durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Por lo tanto, es fundamental que hoy tanto el gobierno a nivel federal como local se comprometan y trabajen en conjunto para revertir esta crisis.
Hoy, el gobierno Federal a cargo de Andrés Manuel López Obrador, no ha podido revertir la tendencia, y a dos meses de cumplirse el primer año de su administración, tiene ante sí la oportunidad y la necesidad de dar un cambio radical en la estrategia de seguridad, para lo que también se requiere un mayor compromiso de los gobiernos locales, quienes han sido omisos ante la crisis.
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Demostración de fuerza
El encarcelamiento en Estados Unidos de Joaquín Guzmán Loera, exlíder del cártel de Sinaloa, repercutió en que su organización criminal restringiera su expansión por el territorio mexicano.
No obstante, actos violentos como los sucedidos en Culiacán, Sinaloa, dejan ver que continúan controlando su territorio.
Desde la detención del “Chapo” en enero de 2016, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ya figuraba entre los principales grupos del crimen organizado en el país, con una influencia principalmente en Jalisco y las entidades del Bajío, además de Michoacán y Guerrero.
A pesar de que el ‘Chapo’, exlíder del Cártel de Sinaloa, fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos, su organización criminal demostró tener la capacidad de doblegar al gobierno con actos violentos para obtener la liberación de Ovidio Guzmán
Actualmente es considerado por la autoridad como uno de los cárteles más influyentes en el país y el que más violencia genera.
Sin embargo, el Cártel de Sinaloa, con la demostración de su poderío el jueves pasado en Culiacán, Sinaloa, evitando que, Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo” fuera detenido por las Fuerzas Armadas, deja al descubierto que el grupo delincuencial sigue teniendo un amplio poder armamentístico y estratégico para enfrentar al Estado.
Para Raúl Benítez Manaut, la respuesta del grupo criminal dejó clara su capacidad de movilización, fortaleza y organización. Además menciona que el hecho de haber logrado su cometido potencializa su capacidad de chantaje ante un Estado indefenso.
“Se supone que el Cártel de Sinaloa estaba debilitado por la captura de El Chapo y su encierro en una cárcel de alta seguridad en Estados Unidos, pero no, parece que están muy fuertes.
“El Cártel de Sinaloa mostró que tiene un control total en Culiacán. Y otra cosa: todos los argumentos que dicen que estaba debilitado parecen ser falsos. No están debilitados”, expresa el académico.
Un estudio presentado en 2018 por el Observatorio de Redes Criminales y Tráficos Ilícitos, del Real Instituto Elcano de España, comparó al Cártel de Sinaloa con una empresa multinacional por su presencia en otros continentes como Europa o Asia, siendo su principal negocio el tráfico de cocaína
El informe establece que el cártel, al igual que empresas transnacionales, perfeccionó un modelo de “desintermediación”, mediante el cual lograron una compra directa de cocaína a los productores colombianos y su exportación, con ello obteniendo un mayor poder de negociación en la adquisición de estupefacientes y en su traslado.
Erubiel Tirado, coordinador del Diplomado de Seguridad Nacional, Inteligencia y Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, expresa que más allá de que la reciente sentencia de cadena perpetua impuesta al Chapo debilite al Cártel de Sinaloa o lo orille a su desaparición, éste se encuentra en una constante evolución, pero también en un reacomodo de sus principales líderes.
“Están los antiguos socios de “El Chapo” y tienen sus áreas de influencia y de negocios. Lo que estamos observando son reacomodos que se generan por la omisión de una estrategia por parte del Estado que implique su contención. Mientras tanto, seguiremos viendo disputas de territorios, entre otros actos violentos” agrega el especialista.
Se supone que el Cártel de Sinaloa estaba debilitado por la captura de El Chapo y su encierro en una cárcel de alta seguridad en Estados Unidos, pero no, parece que están muy fuertes
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Legitimidad en riesgo por inseguridad
Una de las principales exigencias de la sociedad mexicana ante la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República fue resolver el problema de inseguridad que impera en el país desde hace décadas.
Las masacres, como las registradas entre 2006 y 2018, cuando México fue escenario de crímenes como lo ocurrido en el Casino Royale, con el asesinato de 52 personas en Monterrey, Nuevo León, o la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, regresaron.
Las matanzas de la última semana de elementos policiacos en Michoacán, de civiles armados en Guerrero o las suscitadas en Minatitlán o Coatzacoalcos en este año en Veracruz, hacen que la ciudadanía rememore los peores momentos de violencia e inseguridad ocurridos durante la llamada “Guerra contra el Narco”.
El número de homicidios dolosos en el periodo de enero a agosto de este 2019 en todo el país llegó a 23 mil 63, colocándolo como el periodo más violento desde que la autoridad tiene registro
Además del incremento de asesinatos en todo el territorio nacional, revueltas como la ocurrida en Culiacán la semana pasada y la velocidad con la que se propagaron videos e imágenes a través de las redes sociales, repercute todavía más en la percepción de inseguridad que tiene la ciudadanía.
“Esto es muy claro y sencillo. La accesibilidad a la información en tiempo real e inmediata es un arma de doble filo y lo hemos padecido con las noticias falsas.
“Lo que fue el caso del jueves, el exponer una situación real que va contrariando las versiones oficiales o el silencio oficial, inclusive, es un déficit y un arma en contra de la legitimidad y credibilidad de este gobierno”, comenta Erubiel Tirado.
Datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que elaboró el Inegi en el tercer trimestre de este año, revelan que el 71 por ciento de los mexicanos se sienten inseguros.
En el caso específico de Culiacán, el 66.6 por ciento de sus habitantes dijeron no sentirse seguros al transitar las calles de su ciudad.
El catedrático de la Universidad Iberoamericana agrega que la negativa del Estado a hacer frente a la delincuencia organizada en la capital sinaloense, sienta un precedente de falta de acciones por parte del presidente y de autoridades como del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana ante la responsabilidad que tienen de brindar seguridad a la población mexicana.
Los hechos violentos en Culiacán y su propagación inmediata en redes sociales afectan la legitimidad del gobierno ante la ciudadanía e incrementan los índices de percepción de inseguridad
“Se deberían fincar responsabilidades y nadie está diciendo que vaya a haberlas. En forma tragicómica se da la explicación de que fallaron en el operativo y eso es terrible.
“Son un conjunto de malas señales sobre cómo se está enfrentando la inseguridad, no hay una estrategia de contención bajo la coartada o el pretexto de que no van a combatir el fuego con el fuego, entonces están las poblaciones vulneradas en una inseguridad total y el Estado renuncia a su obligación primaria que es otorgar seguridad a las personas”, concluye.
