INM, abusos y delitos bajo la lupa tras incendio en centro de Ciudad Juárez

El comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, al igual que otros funcionarios de esta dependencia, se encuentran bajo la mira de las autoridades tras la desgracia ocurrida la noche del 27 de marzo, donde un incendio en el centro del INM en Ciudad Juárez, Chihuahua, mató a 40 migrantes y dejó a 28 de ellos heridos.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), ya fueron vinculados a proceso penal los agentes federales migratorios Rodolfo C. de la T.; Daniel G.Y. y Gloria Liliana R. G. 

También el guardia de seguridad privada de la empresa CAMSA, Alan Omar P.V., y el venezolano Jeison Daniel C.R.

Los primeros cuatro fueron vinculados por homicidio y lesiones en la modalidad de comisión por omisión, es decir, por presuntamente no cumplir como garantes o responsables de la seguridad de los migrantes que se encontraban en la estación migratoria cuando se generó el incendio.

Así como por no ayudar a las víctimas que estaban encerradas bajo llave, ya que esa era una de sus funciones.

Por su parte, el venezolano Jeison, fue vinculado por homicidio y lesiones, pero en comisión por acción, pues presuntamente fue una de las dos personas que inició el fuego en el área de detención varonil.

Al emitir la vinculación a proceso contra estas cinco personas por su presunta responsabilidad en el incendio, el juez federal Ernesto Cornejo Ángeles, resaltó que Daniel G.Y, permitió que los migrantes permanecieran un periodo excesivo en esa estación migratoria, pues al momento de la tragedia había personas detenidas desde febrero y algunas de ellas son víctimas fatales.

De igual manera, se les formularon cargos legales a Juan Carlos M. C., quien se desempeñaba como responsable de la coordinación Grupo Beta; a Eduardo A.M., jefe de Recursos Materiales del Instituto y a Cecilia R.T.

A todos se les acusó de los delitos de homicidio, lesiones y ejercicio indebido del servicio público dentro de la causa penal 235/2023 relacionada al incendio que fue atendida por el juez federal Juan José Chávez Montes.

Van por cabezas

La FGR también anunció que se procederá penalmente en contra del comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez; el titular de su representación en Chihuahua, Salvador González Guerrero y Antonio López Díaz, director general de Control y Verificación del instituto, por su presunta responsabilidad en el incendio.

“El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, concedió a la Fiscalía su solicitud de citación, que contempla la Ley, para llevar a cabo las audiencias iniciales de formulación de imputación de Antonio “N” y Francisco “N”, señalando como fechas el 20 y 21 de abril próximos, respectivamente”, se lee en el boletín 196/23 de la FGR.

En estas audiencias se conocerán las imputaciones y los datos de prueba que ha obtenido la Fiscalía General de la República.

A Garduño y Molina no se les ejecutaron órdenes de aprehensión como a las otras ocho personas, ellos fueron citados.

Hasta el momento el titular de la representación del INM en Chihuahua, Salvador González Guerrero, no ha sido presentado ante un juez. Datos extraoficiales indican que desde la semana pasada no se ha presentado a laborar y que era una de las personas detenidas.

¿Qué dice la ley?

El Artículo 111 de la Ley de Migración señala que “el Instituto resolverá la situación migratoria de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de su presentación”.

También establece que en un plazo de 24 días el INM “puede determinar la viabilidad de mantener o no a los migrantes en reclusión”.

La Ley de Migración indica que en las estaciones migratorias no debe haber hacinamiento y que se deben prestar servicios de asistencia médica, psicológica y jurídica, dar tres alimentos al día y supervisar que se cumpla con las necesidades especiales de nutrición para niñas, niños y adolescentes, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas o lactando.

Sin embargo, los migrantes alojados en la estación de Ciudad Juárez -ubicada junto al puente internacional Reforma-Stanton y en la calle Rivas Guillen-, denunciaron que estaban en una situación de hacinamiento, sin alimentos ni agua potable o papel sanitario.

En nombre de las víctimas

Jesús Felipe Solís Domínguez, abogado público que representó a Jeison Daniel C.R., el venezolano detenido y vinculado a proceso penal acusado de haber iniciado la conflagración en la estación provisional, denunció ante el juez federal que las personas en tránsito son objeto de una violencia institucional múltiple.

El defensor también expuso que el aseguramiento ilegal de personas migrantes no es un hecho aislado, sino que se da incluso cuando los migrantes cuentan con documentación migratoria que acredita su estancia legal.

“Lo que nos trae aquí no es un hecho aislado… el 27 de marzo había más de 50 personas en la estación migratoria. Están documentadas múltiples violaciones a derechos humanos a personas aseguradas”, dijo el abogado en la audiencia realizada el pasado 4 de abril y en la que el venezolano, así como Daniel G.Y. y otras tres personas fueron vinculadas a proceso por los delitos de homicidio y lesiones.

Solís refirió que las exigencias de agua potable, alimentación y papel de baño, además de estar incomunicados y sujetos a tratos crueles e inhumanos, llevaron a Jeison y a otros migrantes a una desesperación prolongada y a iniciar una manifestación con fuego que en ningún momento pretendía causar muerte y dolor.

“No hay una relación entre la protesta con fuego y la muerte de 40 y las lesiones a otros. Esto porque la protesta con fuego no es la conducta adecuada para causar daño. Dependía de otros (abrir la reja de la estación provisional donde se encontraban los migrantes), es un espacio controlado, estaban a disposición de una autoridad especializada, donde debía haber extintores y gente especializada”, dijo el defensor.

El caso turco

Actos crueles e inhumanos venían registrándose en contra de personas migrantes en la estación provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez, Chihuahua, desde antes del incendio ocurrido el 27 de marzo pasado, así lo documenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En la recomendación 9/2023 emitida el pasado 31 de enero, se demuestra que tres personas de Turquía presentaron una queja por una detención irregular y por ser retenidos en la estación provisional del INM en Ciudad Juárez.

Los afectados entraron a México a través del aeropuerto internacional de Cancún, Quintana Roo, y ahí personal del INM emitió las Formas Migratorias Múltiples (FMM) que les permitía permanecer en el país de forma legal durante 180 días.

Sin embargo, al llegar a Ciudad Juárez, los tres extranjeros fueron asegurados por personal de esa dependencia, dos de ellos estuvieron detenidos durante cinco días y otra persona tres.

Además, uno de los funcionarios públicos les solicitó dinero a cambio de regresarles su documentación de viaje.

Por esa denuncia se inició la queja CNDH/PRESI/2022/5867/Q, que concluyó en una recomendación en la que la Comisión señala que interpondría una denuncia administrativa ante el Órgano Interno de Control del INM, además de solicitar la capacitación de su personal en materia de derechos humanos, así como el procedimiento administrativo migratorio y las labores de revisión correctas que debieran aplicarse a las personas migrantes.

En la recomendación también se ordena la reparación del daño a las víctimas, la cual debe incluir medidas de compensación, atención psicológica y permitirles ingresar a México si lo desean.

Además se documentó que las tres personas turcas fueron detenidas ilegalmente y datos extraoficiales indican que uno de los involucrados en esos hechos es también uno de los ahora presuntos responsables del incendio sucedido en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Daniel G.Y., quien hasta antes de ser vinculado a proceso, ocupaba el cargo de representante local de la oficina Noroeste del INM y estaba a cargo de esa estación provisional.

“El artículo 100 de la referida Ley (la Ley de Migración), dispone que cuando un extranjero sea puesto a disposición de la autoridad migratoria derivado de diligencias de verificación o revisión migratoria se emitirá el acuerdo de presentación correspondiente dentro de las 24 horas siguientes a la puesta a disposición, es decir, la autoridad migratoria determinará la viabilidad de continuar con el alojamiento o no de una persona en los recintos migratorios en dicho término”, indica la recomendación 9/2023.

Tragedia repetida

La Fiscalía General de la República dio a conocer que el 31 de marzo de 2020, en un centro migratorio del INM en Tenosique, Tabasco, sucedió un caso similar al registrado el pasado 27 de marzo en las instalaciones ubicadas en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En Tenosique, una persona murió y 14 resultaron lesionadas, lo que generó una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la que se documentó la falta de medidas de seguridad indispensables y obligatorias para estos casos.

“Los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años vuelven a señalar, con toda claridad, las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo; e indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos”, refirió la FGR en un comunicado de prensa.

Por este motivo, se anunció que se procedió penalmente contra de los directivos del INM y también en contra de CAMSA.

Esa compañía de seguridad privada y el INM suscribieron contratos por adjudicación directa, omitiendo sus obligaciones de licitación pública y generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios, refirió la Fiscalía.

También omitieron el cumplimiento de sus obligaciones de capacitación, control y supervisión que eran obligatorias; y, más aún, se ha evidenciado que la empresa se abstuvo de registrar a la inmensa mayoría de su personal ante el IMSS, lo cual trató de hacer días después de los hechos señalados.