Injusticia laboral

La base trabajadora del Poder Judicial de Jalisco sufre terribles carencias. 

Además de que trabajan jornadas laborales de hasta 15 horas, y no les han aumentado el sueldo en siete años, las condiciones de los juzgados en muchos de los casos son precarias. 

A los juzgados foráneos les falta lo básico, como impresoras, computadoras o el papel para los oficios: muchas veces los empleados ponen de su bolsa. 

Los juzgados están saturados, pues la carga laboral es del triple de la que deberían llevar. 

Sumado a estos detalles vinculados a la falta de presupuesto, está el abuso de algunos magistrados y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE). 

Porque la gran cantidad de juicios laborales que la actual administración acarrea, se han generado de varios despidos injustificados que tuvieron lugar para facilitar el acomodo de hijos, parientes y amigos de los cercanos a Celso Rodríguez González. En puestos como Contraloría y Auditoría Interna se encuentran muchos de los hijos de los magistrados. 

 Y es que a pesar de que se deberían llevar a cabo asambleas laborales donde participa la Comisión Substanciadora -integrada por miembros del sindicato del trabajador y representantes del Poder Judicial- estás reuniones se han dado de forma irregular. 

El Nuevo Sindicato Independiente del Poder Judicial del Estado de Jalisco (NSIPJE) denunció que estas asambleas se llevan a cabo de forma irregular. 

Porque aunque el líder del NSIPJE, Arturo Anaya Peña, dice tener la mayoría de los afiliados en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), a él no le han permitido ser el representante sindical en estas reuniones. 

De hecho, el Nuevo Sindicato tiene 68 afiliados en el STJE, cuando el  sindicato que representa en la Comisión Substanciadora apenas llega a la decena. 

Varios empleados del Poder Judicial se quejan de haber sido desplazados sin motivos, solo porque su lugar sería dado a alguien más. 

El Consejo de la Judicatura está revisando el listado de plazas que pertenecen a familiares y amigos de magistrados y el presidente. 

Pero esta forma discrecional de asignar puestos y correr empleados, ha ocasionado que ahora el órgano jurisdiccional tenga un adeudo similar al del Congreso. 

Y es que aún no existe un estimado de a cuánto podría ascender el pago por indemnizaciones a los empleados despedidos de este modo, pero en el Consejo de  Judicatura y el Supremo Tribunal se habla de decenas de millones. 

Aumentos menores a la inflación 

Los aumentos de los empleados de base en el Poder Judicial han sido, desde hace siete años, menores a la inflación anual. 

Y es que durante ese lapso la inflación ha fluctuado entre un 3 y un 5 por ciento anual, pero los aumentos salariales han sido apenas del 1.23 por ciento. 

Incluso la deuda que tiene con el Sistema de Administración Tributaria por 102 millones de pesos por el ejercicio fiscal del 2009, es por no retener el Impuesto sobre la Renta de sus empleados. 

Porque sin un aumento en siete años ¿cómo les retirarían todavía un alto porcentaje de sus reducidos sueldos? 

Por eso la inconformidad ha ido creciendo en el Poder Judicial. 

Y cada vez son más los afiliados al Nuevo Sindicato Independiente del Poder Judicial del Estado de Jalisco.  

Su líder denuncia que en 11 años el Sindicato Único de Empleados al Servicio del Poder Judicial no ha conseguido mejoras para sus trabajadores. 

Anaya Peña asegura que la participación del representante sindical y el tercero común –ambos del Sindicato Único- en las asambleas donde se despide gente, están arregladas. 

Así es que la defensa que debería hacer el sindicato y la finalidad para la que son convocadas estas asambleas, simplemente no están funcionando. 

Porque los despidos y las contrataciones de parientes –no aptos para los cargos que desempeñan- de algunos magistrados, han estado a la orden del día. 

Hijos en la nómina 

Aunque en el Consejo de la Judicatura ya se está recopilando el listado de una serie de empleados parientes y amigos de algunos magistrados, existen ejemplos muy claros del nepotismo en el Poder Judicial. 

Es el caso del magistrado Luis Carlos Vega Pámanes, quien en la nómina del Poder Judicial tiene a su hijo. 

El magistrado Miguel Ángel Estrada Nava tiene a tres de sus hijos trabajando en el Supremo Tribunal.

En la nómina aparecen como jefe de Recursos Humanos Jorge Alberto Estrada Rodríguez. Como secretario de Acuerdos en la Quinta Sala Civil aparece Miguel Ángel Estrada Rodríguez. 

Su hija Ana Mariel Estrada Rodríguez aparece como secretaria de la famosa Comisión Substanciadora. 

También la magistrado Arcelia García Álvarez tiene a sus tres hijos trabajando en el Supremo Tribunal. 

Yanet Arcelia Villaseñor García es la directora de Contraloría, su hermano Javier Villaseñor García es taquimecanógrafo judicial en la Novena Sala. 

Y Sandra Isela Villaseñor García es auditora en la Auditoría Interna del Supremo Tribunal. 

Todos acomodados en puestos convenientes, como la Comisión Substanciadora, la Auditoría y Contraloría Internas. 

Y es que para el consejero de la Judicatura Alfonso Partida Caballero estas plazas son parte de la “compra de votos” del presidente Celso Rodríguez para reelegirse o que quede alguien conveniente a sus intereses. 

La lista de parientes y amigos de magistrados es más larga, pero el Consejo de la Judicatura aún realiza el diagnóstico del nepotismo en el Poder Judicial del estado. 

Comisión Substanciadora

La Comisión Permanente Substanciadora de Conflictos Laborales con Servidores Públicos de Base, es un órgano integrado para despedir a los empleados en el Poder Judicial. 

Por eso para su constitución tiene que estar un magistrado –que es como el patrón en este caso- un representante del sindicato y un tercero de común acuerdo entre los otros dos. 

Para tomar la decisión de cesar a un empleado por determinados motivos, se debe convocar a una asamblea para exponer los motivos y que cada parte argumente. 

Durante esta administración existen señalamientos de magistrados y el Nuevo Sindicato de que la comisión no ha operado, pues está constituida a modo para que todos los asuntos resulten favorables al patrón. 

De hecho se señaló que los representantes del Sindicato Único de Empleados al Servicio del Poder Judicial recibieron al menos un pago de 3 mil pesos del erario. 

Lo último ha motivado un gran número de juicios laborales que ahora se suman a la deuda que deja la administración de Rodríguez González.