La Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Gobernación (Segob) iniciaron hoy los trabajos del foro de Consulta Pública para la elaboración del Proyecto de Iniciativa de Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
En un comunicado conjunto, señalaron que al participar en la inauguración del foro efectuado en la Secretaría de Gobernación, el subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, Eber Omar Betanzos Torres, dijo que tenemos una oportunidad histórica para renovar nuestro marco normativo en la materia.
Para combatir, agregó, de manera enérgica y definitiva a una de las prácticas más aberrantes a las que se enfrentan los aparatos de procuración y administración de justicia de todos los países.
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, consideró la necesidad de legislar en materia de prevenir, combatir y sancionar la tortura para evitar ese tipo de trato, que representa una grave violación a los derechos humanos de las personas.
El subprocurador de Derechos Humanos de la PGR agregó que “es nuestro deber estar a la altura, a la altura de la defensa de los derechos humanos que manda nuestra Constitución y nuestro país exige”.
Incorporar aportaciones
Betanzos Torres indicó que este foro tiene el propósito de escuchar, recoger e incorporar todas las aportaciones que sean acordes con los compromisos que el Estado mexicano ha adoptado en materia de sanción de la tortura y los tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes.
Precisó que este ejercicio busca culminar con la elaboración de un proyecto de iniciativa que armonice los comentarios y recomendaciones de todos.
Campa Cifrián dijo que en la elaboración del proyecto de iniciativa de ley es indispensable y fundamental la opinión y el compromiso de los estados de la República y la sociedad civil.
Aseguró que ante un solo caso de tortura que se presente en nuestro país, se debe contar con una legislación que contemple acciones de coordinación de los tres ámbitos de gobierno para sancionar a los responsables y reparar el daño a las víctimas.
Las mesas de trabajo de este foro contarán con la participación de autoridades, diputados, magistrados, jueces y altos funcionarios.
