Inhabilitan ‘en secreto’
El exsecretario de Obras y Servicios del Distrito Federal, Alfredo Hernández García, fue inhabilitado por tres años para ejercer el servicio público luego de que la Contraloría General comprobó irregularidades en la adjudicación de contratos.
Junto con él, la dependencia inhabilitó a dos ex funcionarios públicos de nivel de la Sobse, y a uno más lo suspendió, pero decidió no revelar los detalles de quiénes son ni qué irregularidades cometieron.
Reporte Indigo confirmó que entre los inhabilitados de la Secretaría de Obras está el exdirector Alfredo Hernández.
Icela LagunasEl exsecretario de Obras y Servicios del Distrito Federal, Alfredo Hernández García, fue inhabilitado por tres años para ejercer el servicio público luego de que la Contraloría General comprobó irregularidades en la adjudicación de contratos.
Junto con él, la dependencia inhabilitó a dos ex funcionarios públicos de nivel de la Sobse, y a uno más lo suspendió, pero decidió no revelar los detalles de quiénes son ni qué irregularidades cometieron.
Reporte Indigo confirmó que entre los inhabilitados de la Secretaría de Obras está el exdirector Alfredo Hernández.
También, Rodrigo Atilano Carsi, quien se desempeñaba como director de Servicios Urbanos; Javier Bojórquez Valle, subdirector de Concurso y Contratos de Obra, y Rubén Arceo Islas, director de procedimientos de licitación de obra pública y servicios urbanos.
La Contraloría capitalina, a través de un escueto comunicado, dio a conocer que como resultado de la investigación realizada en la Sobse por la recepción de propuesta y adjudicación de contratos, “resolvió inhabilitar a tres ex servidores públicos de alto nivel y suspender a uno más por incurrir en irregularidades (conflicto de intereses)”.
En marzo de este año el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, decidió solicitar la renuncia al cargo de secretario de Obras a Alfredo Hernández ante el posible conflicto de interés por haber entregado contratos de luminarias a la empresa Planet Ingeniería S.A de C.V., en la que trabajaba su esposa Érika Sofibeth Molina Barragán.
La opacidad
Como parte del programa “Decisiones por Colonia 2014”, Alfredo Hernández asignó a Planet Ingeniería los primeros 30 millones 847 mil pesos para la renovación y modernización del alumbrado público en siete delegaciones de la zona Norte.
En un segundo proceso, la misma empresa ganó otro contrato por 40 millones 483 mil pesos más, que entre ambos sumaron poco más de 71 millones de pesos.
Como parte de dicho programa, la Secretaría de Obras también entregó un contrato a Vento System SA de CV por 454 millones 757 mil para renovar el alumbrado en otras siete delegaciones.
El 25 de marzo, a través del reportaje “Un esposo muy dadivoso”, Reporte Indigo publicó que los socios y representantes legales de Planet Ingeniería y Vento System eran las mismas personas.
La conexión entre ambas firmas se daba a través de Luis Miguel Orozco Lucio, quien aparecía como socio accionista de Planet Ingeniería en su página oficial y al mismo tiempo como representante legal de Vento System.
Ambas compañías tienen su domicilio en el estado de Hidalgo, de donde al parecer es originaria la esposa de Alfredo Hernández, Érika Sofibeth.
Desde esa fecha que se destapó el escándalo que obligó a la salida de Alfredo Hernández, la Contraloría General capitalina inició la investigación para determinar si hubo irregularidades.
Ayer, sin precisar detalles, la Contraloría General hizo el anuncio sin proporcionar los nombres de los cuatro ex servidores públicos involucrados, con el argumento de que la Ley los obliga a proteger los datos personales.
Sin embargo, eso contrasta con el método que se empleó en el caso de los exfuncionarios inhabilitados por el caso de la Línea 12, donde con precisión se dio a conocer los nombres de los involucrados, sanciones e incluso la presunción de haber cometido delito penal en algunos casos.
En el breve comunicado oficial, la dependencia precisó que con las sanciones impuestas a este grupo de exservidores, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, refrenda su compromiso con la legalidad y transparencia.
“Deja de manifiesto que no se tolerará ningún acto irregular que genere incomodidad a la ciudadanía ni que lastime el buen ejercicio de la administración pública”, dice el comunicado.