Ingreso mínimo vital de emergencia
Distintas propuestas con la intención de otorgar un ingreso a los mexicanos para ayudarlos a recuperarse de la crisis económica provocada por la pandemia se están discutiendo en el Congreso de la Unión, donde se analizan los posibles beneficios y afectaciones de hacerlo de manera universal o por sectores poblacionales
Laura IslasLa pandemia de coronavirus puso sobre la mesa nuevamente el debate acerca del ingreso básico universal y el ingreso mínimo vital en el Congreso de la Unión.
En los últimos meses y en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19, partidos como Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y Morena han presentado iniciativas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, donde proponen otorgar un ingreso a los ciudadanos.
Aunque pueden parecer similares, las propuestas difieren en su planteamiento y en sus objetivos.
En el caso del ingreso básico universal, propuesta del senador morenista Martí Batres, la idea es que todos los habitantes del país se beneficien de manera permanente, independientemente de su situación financiera.
Mientras que con el ingreso mínimo vital, planteado por legisladores de Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y del grupo de legisladoras que integran Plural, se busca que se apoye temporalmente a las personas que hayan resultado afectadas económicamente por la crisis sanitaria con montos que van de los 3 mil 700 a los 3 mil 746 pesos mensuales.
Pese a las buenas intenciones de las iniciativas que buscan acabar con la desigualdad, la pobreza y el desempleo, situaciones que se han agravado con la pandemia, ya que solo en abril 12.5 millones de personas se quedaron sin empleo, según datos del Inegi, llevarlas a cabo no es tan fácil ni viable, además de que ya podrían estar a destiempo y no tener el impacto esperado.
“Yo creo que para un país como el nuestro un programa emergente para esta pandemia sí era realista pagarlo, después nos podemos medio emocionar y decir, ¿por qué no vamos pensando en una renta básica? El problema aquí es que (…) en estos momentos una renta básica no la podemos pagar”, explica Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
El especialista dice que un ingreso básico universal no se podría dar debido a que el espacio fiscal es reducido, se recauda poco, hay muchos gastos y primero se tendrían que arreglar otros problemas como el programa de pensiones y fondear un buen sistema de salud pública.
“Pagar tres meses de un ingreso vital sí podemos hacerlo, en el peor de los casos te endeudas 2 puntos del PIB o incluso hasta menos dependiendo los montos y qué tan universal sea el enfoque, pero creo que eso se debió haber hecho, nos hubiera ayudado a que mucha gente se pudiera quedar en casa, esto nos hubiera bajado contagios, pero no creo que fue algo de la Secretaría de Hacienda, sino algo que el Presidente no entendió y ahí están las consecuencias”, dice.
Aunque se aprobara en estas próximas semanas el ingreso mínimo vital, el impacto ya no sería el mismo, señala el director del CIEP, porque de aquí a que se plantee y se autorice puede pasar un mes, si se hubiera realizado cuando empezó la pandemia podría haber tenido un mejor impacto.
El especialista también menciona que para llevar a cabo esta propuesta se tendrían que determinar dos cosas: el monto y la población a la que irá dirigida, es decir, si se quiere hacer universal o es solo para cierto segmento. Mientras que otro de los puntos a considerarse es el modo de transferencia, pues la mitad de los adultos no están bancarizados.
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Beneficios perdidos
Para Villarreal, implementar una renta vital en México al inicio de la pandemia hubiera tenido al menos tres impactos positivos.
“Uno es que evitas mucho sufrimiento en el sentido de que hay gente que verdaderamente está batallando para pagar sus alimentos, ese hubiera sido el primer efecto; segundo efecto, ayudas a la demanda agregada del país; tercero, si hubieras hecho que más gente se quedara en casa nos hubiera ido mejor en contagios”, explica.
Aunque ya es tarde no todo está perdido, pues entre las acciones que actualmente se pueden realizar, menciona el experto, están tratar de cuidar el empleo formal; conocer cuáles son las zonas más afectadas y tal vez dar algún tipo de apoyo a gobiernos locales; por último, buscar oportunidades para dispersar dinero a obras públicas pequeñas para reactivar la economía.
“Yo creo que ahorita todavía se puede actuar y a lo mejor no necesariamente con un ingreso presupuestario, valdría la pena sentar al sector privado y buscar una especie de acuerdo nacional”, señala.
Sin embargo, desde el principio de su gestión, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido desacuerdos con la iniciativa privada. Incluso, las medidas para combatir los efectos del COVID-19 anunciadas por el Ejecutivo fueron calificadas como de decepcionantes por el sector empresarial.