A fin de esclarecer la desaparición de 36 personas, registrada entre enero y mayo de este año, personal de la Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo acceso a la Base de Operaciones de la Secretaría de Marina (Semar) en Nuevo Laredo, Tamaulipas. .
Las acciones de la PGR responden a una serie de dirigencias y análisis periciales, llevados a cabo por personal de la Fiscalía Especializada de los Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF), que conforman un grupo especializado.
En un comunicado, la PGR señaló que “en las diligencias llevadas a cabo se garantizó la participación activa de víctimas indirectas, personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y peritos independientes, nombrados por dicha institución” y consideró que “con ello, se garantizó la transparencia de las acciones realizadas”.
En su mensaje, la PGR consideró que con sus acciones la Secretaría de Mariana da muestra de una total apertura para trasparentar su actuar durante las investigaciones.
En junio, Jan Jarab, representante en México del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sostuvo una reunión con familiares de 28 personas reportadas como desaparecidas en Nuevo Laredo.
En ese encuentro también participó personal de la Secretaría de Gobernación (Segob), de la PGR, y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); esta última señaló que contaba con reportes de 32 desaparecidos.
Algunos de los familiares de los afectados señalaron como responsables de los casos a elementos de la Secretaría de Marina.
Por ejemplo, Adolfo Chino, padre de Adolfo Ángel Chico, de 14 años, relató que su hijo fue detenido el 1 de abril por marinos mientras se dirigía a una tienda en el Ejido Unión.
