La máquina generadora de empleos en el país está averiada. La crisis económica que se experimenta desde el año pasado más la pandemia de COVID-19 obligaron a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) a bajar la cortina provocando que millones de trabajadores se queden sin ingresos, lo que a su vez propiciará que aumente la informalidad.
Entre mayo de 2019 y septiembre de 2020 un millón 010 mil 857 de estas unidades económicas dejaron de operar, según estimaciones del Estudio sobre la Demografía de los Negocios (EDN) elaborado por el Inegi.
Dicha cifra, representa el 21 por ciento del total de mipymes que están registradas en el país que es de 4.9 millones, es decir, que 3.9 millones de estos establecimientos sobrevivieron a los embates a la economía.
Las micro, pequeñas y medianas empresas son las responsables de generar del 70 al 80 por ciento de los empleos en el país, por lo que son un pilar fundamental para que la población mexicana en edad de laborar pueda acceder a un trabajo digno
Las afectaciones a las mipymes, informa el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, se debieron en gran parte a la suspensión de actividades sociales recomendadas por las autoridades de salud para prevenir la propagación del COVID-19.
Aunado a lo anterior, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) muestra que entre julio y septiembre 2.2 millones de empleos generados por micronegocios se perdieron.
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Mientras que la desocupación de personas económicamente activas aumentó un 29 por ciento, por lo que 2.77 millones de individuos no tuvieron un trabajo fijo en el tercer trimestre de 2020.
De acuerdo con especialistas, la consecuencia en el corto plazo es que el sector del empleo en la informalidad aumente y con ello la precariedad laboral, al no acceder a prestaciones como la seguridad social, generación de antigüedad, reparto de utilidades y aguinaldo entre otras.
El Inegi muestra que el problema de la falta de plazas de trabajo se agudiza en localidades rurales donde la tasa de informalidad fue de 79 por ciento entre julio y septiembre de este año, mientras que en zonas urbanas el porcentaje fue de 40.5 por ciento.
Guerrero encabeza la lista de las entidades con mayor tasa de informalidad con 78.5 por ciento, le sigue Oaxaca con 76.6 por ciento y Chiapas con 74.3 por ciento.
En sentido contrario, Nuevo León tuvo la menor tasa con 34.5 por ciento. El segundo lugar lo ocupó Chihuahua con 36.6 por ciento, seguido de Coahuila con 36.9 por ciento.
Para Carlos Mejía, especialista en materia laboral e investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), en México la regla es la informalidad, ya que más de la mitad de los empleados se desempeñan en dicho sector; y, de los trabajos que hay en la formalidad, gran parte son precarios.
“El problema es el riesgo laboral en el país que se va a acentuar con el cierre de las empresas y si a eso le sumamos que es probable que haya localidades que vuelvan al semáforo rojo (por la pandemia) se va a disparar el dato de la informalidad todavía más”, expone.
El académico agrega que a pesar de que el augurio del Gobierno federal de que con la vacuna se pueda estabilizar de manera masiva y pronta la situación del mercado del trabajo, los efectos de una crisis como la que atraviesa México y el mundo tardan en revertirse al menos entre dos y cinco años.
Mejía agrega que otro índice que debe destacarse del análisis sobre la situación del empleo es el de la subocupación que pasó de 4.3 millones de personas en el tercer trimestre de 2019 a 8.7 millones para el mismo periodo de 2020.
El Inegi detalla que las personas subocupadas son aquellas que tienen la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación actual les demanda, es decir, que en la actualidad buscan más de una actividad remunerada para salir adelante.
“Tienen hasta dos o tres trabajos. Son personas que, por ejemplo, en la mañana se dedican al comercio y por la tarde o noche tienen otro empleo de seis horas o más, eso aumentó a septiembre.
“Si bien el gobierno mexicano ya estableció la promesa del diálogo para evitar la precariedad, lo que no ha trabajado es el tema propiamente del trabajo informal, en donde no hay forma de tener un registro sobre la subocupación y su precariedad”, menciona.
Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF), afirma que la informalidad va a aumentar de manera considerable por el COVID-19 como factor principal, pero también por la discusión sobre regular la subcontratación que inició el Gobierno federal.
Considera que en dado caso de que esta figura -también llamada outsourcing desaparezca- propiciará que muchas empresas opten por contratar a sus subordinados sin prestaciones y sin un contrato formal. Y añade que la administración federal actual no ha generado los trabajos esperados.
Desde que inició este gobierno se ha tenido muy poco interés en promover la formalidad laboral aunque el discurso sea otro. En el anterior sexenio se crearon en promedio por mes 57 mil plazas de trabajo, en el 2019 y antes de la pandemia se crearon 32 mil empleos por mes, hubo un decrecimiento
