La tarde de este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló mantener en reserva hasta 2025 los contratos y órdenes de pago por la compra de vacunas Pfizer-BioNtech, AstraZeneca y Cansino contra COVID-19 realizadas de por el gobierno federal.
Durante la sesión pública del Pleno, la mayoría de ocho ministros determinaron que en un contexto de pandemia como el que se vive actualmente esta información es de seguridad nacional.
Este fallo de la Corte revierte dos resoluciones previas del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) respecto a este asunto.
“En el caso se actualiza la reserva de la información por motivos de seguridad nacional, toda vez que la divulgación de las condiciones esenciales de contratación y los datos personales sí ponen en peligro el suministro de vacunas y el cumplimiento del contrato celebrado por nuestro país”, explicó el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
No obstante, agregó que este no implica que se puedan generar versiones públicas con la información de los contratos que las autoridades sanitarias consideren que no supongan un riesgo para la seguridad nacional.
El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá apoyó la resolución, advirtiendo que publicar la información de estos acuerdos puede afectar el acuerdo de confidencialidad con los laboratorios fabricantes de las vacunas y poner en riesgo el suministro.
Por su parte, el ministro Javier Laynez Potisek planteó que incluso la Organización Mundial de la Salud reconoció que existe una distribución injusta de las vacunas contra el Covid-19 debido a la compra masiva de dosis por parte de los países con mayores recursos, por lo hay un contexto de competencia internacional para acceder al fármaco, lo que justifica el argumento de seguridad nacional.
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“Si el Estado mexicano divulga información pactada como confidencial pudiera entonces enfrentar en decisiones internacionales o responsabilidades internacionales”, advirtió a su vez la ministra Margarita Ríos Farjat.
Finalmente, la información que la SCJN acordó que se mantenga en reserva por cinco años tiene que ver con los contratos y órdenes de pago para adquirir las vacunas de Pfizer, Biontech, AstraZeneca, Cansino, Sputnik, Serum y Sinovac.
