El proceso de inscripción para ocupar cargos de elección en el Poder Judicial ha generado preocupación y desconfianza entre jueces y magistrados federales, quienes calificaron como “sospechoso” el incremento exponencial de solicitudes a tan solo horas de que concluyera el plazo, el domingo 24 de noviembre.
Según los datos oficiales, el número total de personas inscritas alcanzó los 18 mil 447, una cifra que ha levantado alertas en el ámbito judicial.
La magistrada Carmen García González fue una de las primeras en manifestar su inquietud. En una conferencia de prensa, refirió que la semana pasada se desató una campaña abierta que instaba a los jóvenes recién egresados de las universidades a inscribirse, pese a no contar con experiencia jurisdiccional.
“Invitaban a las juventudes recién salidas de las escuelas sin mayor experiencia a que se inscribieran”, explicó la magistrada, señalando que la iniciativa reflejaba una falta de respuesta inicial y un intento por “inflar” las inscripciones.
García González reveló que, a través de redes sociales, observó un caso en el que una persona se inscribió sin siquiera contar con cédula profesional, lo que llevó a la magistrada a cuestionar la rigurosidad del proceso.
“Si esto hubiera ocurrido así, es una inscripción que está inflada en los números de manera ficticia, porque habrían permitido la inscripción a personas que no están cumpliendo con los requisitos mínimos”, añadió.
Aseguran que proceso no garantiza transparencia ni veracidad
Frente a este panorama, la magistrada expresó su preocupación por la transparencia del proceso y subrayó que el Poder Judicial debe garantizar la veracidad y claridad en los datos, haciendo públicos los detalles sobre las personas inscritas.
Por su parte, el magistrado Fernando Silva García, hijo del ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, criticó duramente el proceso. Aseguró que no se está buscando democratizar el Poder Judicial, sino subordinarlo, con la intención de eliminar a miles de jueces independientes.
“La independencia de los nuevos jueces nace muerta antes de la elección, porque el gran elector será el poder político y no los ciudadanos”, afirmó.
Silva García calificó el diseño de la reforma judicial como “siniestro”, advirtiendo que lo más probable es que la elección de los nuevos jueces no se defina en las urnas, sino en oficinas del poder político. En este contexto, apuntó que los jueces elegidos bajo este sistema probablemente se conviertan en empleados subordinados, incapaces de garantizar los derechos de los ciudadanos.
“Por ejemplo, el juez que deberá resolver el caso del colapso de la Línea 12 del Metro, será un juez subordinado al poder político que dio lugar a las malas prácticas”, sentenció.
Insisten en que elección de jueces es antidemocrática
Otro magistrado que se pronunció en contra de la reforma fue José Rogelio Alanís García, quien advirtió que el proceso de elección extraordinaria de 2025 en el Poder Judicial es “anticonstitucional y antidemocrático“.
“Va en contra de las múltiples suspensiones que se han concedido para que no siga adelante, además de que no respeta la ley ni los derechos de las personas”, expresó durante la conferencia de los jueces.
A pesar de que el gobierno federal ha dado a conocer las cifras de inscritos, las listas oficiales no han sido publicadas, lo que ha generado más dudas sobre la transparencia del proceso. “Solamente el Comité de Evaluación del Poder Judicial ha establecido esas listas”, señalaron los magistrados.
Finalmente, los jueces coincidieron en que una democracia verdadera no puede basarse en sospechas, sino en datos verificables y transparencia. “De ahí la importancia de que haya mecanismos y garantías para que la gente acceda a información veraz”, concluyó la magistrada García González.
Este episodio ha dejado en evidencia las tensiones dentro del sistema judicial y la creciente desconfianza hacia un proceso que, según sus detractores, carece de los mecanismos necesarios para garantizar una elección justa y libre de manipulaciones.
