El infierno en México tiene forma de beneficencia: instituciones públicas y privadas como orfanatos, psiquiátricos, centros de asistencia social y albergues para personas con discapacidad.
Lo viven cada día niñas, niños y adolescentes amarrados en jaulas, atados en camas, con sujeciones físicas o químicas, o que son sometidos a tratamientos peligrosos y no comprobados, como las psicocirugías.
En el caso de las mujeres, también suelen ser esterilizadas sin su consentimiento y de manera forzada; muchas veces para encubrir que fueron víctimas de abuso sexual y/o violación por el personal que las debía proteger.
Las personas que residen en estos lugares, muchas veces son obligados a realizar trabajos forzados como parte del personal de limpieza o con fines de explotación sexual.
Esta es la realidad que enfrentan personas con discapacidad de todas las edades en al menos 55 instituciones de 11 entidades del país como el Estado de México, Jalisco y Puebla.
+4 mil
Así lo revela el último informe de la organización Disability Rights International (DRI) — anteriormente Mental Disability Rights International—, que muestra los resultados de una investigación realizada del 2015 al 2020.
“Este informe documenta un patrón abrumador de violaciones graves y generalizadas a los derechos humanos de las personas con discapacidad”, señala el documento publicado en octubre de este año.
En sus páginas se exhibe que la violencia, el abuso sexual, la esterilización y el aborto forzados así como la trata con fines laborales y sexuales son prácticas comunes en estos sitios, situación que en México se agrava debido a los elevados niveles de impunidad.
A 20 años de publicar su primer informe sobre el tema, la organización acusa que la situación no ha cambiado y el Estado mexicano ha sido omiso a las violaciones graves y generalizadas a los derechos humanos de las personas con discapacidad.
El estudio concluye que la perpetuación intencionada de estas prácticas equivale a crímenes de lesa humanidad y que el Gobierno de México debe rendir cuentas a nivel internacional. Ya que a nivel nacional y estatal, el gobierno ha permitido que continúen los abusos al seguir invirtiendo una gran cantidad de recursos en estas instituciones en lugar de en servicios de atención comunitaria.
En México existe una cultura de la impunidad en la que las y los abusadores no rinden cuentas y las autoridades gubernamentales no responden a las violaciones de derechos humanos en las instituciones
Personas con discapacidad invisibles
En México es imposible determinar cuántas personas con discapacidad están en este tipo de instituciones por la falta de cifras oficiales, pero Disability Rights International estima que hay más de 4 mil detenidas en las 55 públicas y privadas que visitó en total.
De acuerdo con el estudio, en el 83 por ciento de estos lugares, la organización encontró condiciones antihigiénicas, inhumanas y degradantes como falta de privacidad, de camas, colchones en mal estado y mala alimentación.
El documento titulado “Crímenes de Lesa Humanidad. Décadas de Violencia y Abuso en las instituciones para Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos con Discapacidad”, es el quinto informe publicado sobre el tema por la organización durante los últimos 20 años (2000, 2010, 2015 y 2019).
Pese a las diversas pruebas y a que en el 2014 el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (Comité CDPD) condenó a México por no cumplir con sus obligaciones bajo el artículo 19 para evitar la segregación de las personas con discapacidad, las autoridades no han cambiado sus leyes ni cumplido con las recomendaciones de la ONU, acusa.
“Demuestra no solo una cultura de impunidad para los violadores de derechos humanos, sino algo más: la perpetuación intencionada y consciente de prácticas con tal severidad y en tal escala que equivalen a crímenes de lesa humanidad”, dice DRI.
Por este motivo, la organización señala que se necesita un mayor grado de escrutinio que el que México ya ha recibido por parte del Comité de la CDPH y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Priscila Rodríguez, directora asociada de DRI, menciona que en el caso de México es importante facultar a un organismo de derechos humanos como el Comité CDPD.
“Uno, para que investigue estas violaciones; dos, asigne las responsabilidades correspondientes; y tres, en el caso de México, condene al Estado mexicano por los crímenes de lesa humanidad que ha cometido por décadas en contra de las personas con discapacidad”.
Sin opciones
En el país niñas, niños, adolescentes y adultos con alguna discapacidad se ven obligadas a estar en instituciones públicas o privadas ante la falta de apoyo comunitario y familiar, señala la investigación de DRI.
“Las autoridades de las instituciones psiquiátricas, los centros de asistencia social y los albergues para personas sin hogar concuerdan en que la mayoría de las personas detenidas no son peligrosas y no hay ninguna razón médica o psiquiátrica para tenerlas ahí, simplemente no pueden obtener el apoyo o el tratamiento que necesitan para vivir en su hogar o con su familia”, dice.
En los orfanatos, la gran mayoría de los menores que llegan también tienen familia, pero son colocados ahí por la pobreza y la falta de oportunidades en sus lugares de origen.
Relato de impunidad
Seis años después del cierre del Albergue La Gran Familia, fundado y dirigido por Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, en Michoacán, no se ha hecho justicia.
El 15 de julio del 2014, una noticia estremeció a todo México. El albergue de Rosa Verduzco, mejor conocida como “Mamá Rosa”, no era un paraíso para los desamparados, sino un infierno.
Tras un operativo realizado por la entonces Procuraduría General de la República, se descubrió que más de 500 niñas y niños vivían en condiciones inhumanas víctimas de maltrato infantil, violación, tortura y privación de la libertad
Eduardo Verduzco Verduzco tenía 18 años en ese momento. Originario de Puebla, había escapado a los 10 años de una vida de maltrato familiar y se refugió en el entonces Distrito Federal, donde un hombre abusó de él un año.
Tras escapar de nuevo, vivió un año en condición de calle hasta que el DIF de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, lo recogió y entregó a Mamá Rosa.
“Ya tenía yo 12 años. En ese lugar me privaron de mi libertad más de seis años, en los que constantemente fui abusado sexualmente por los encargados de ahí, constantemente me golpeaban una y otra vez.
“Otra de las vejaciones que sufrí era comer comida en descomposición, no tenía higiene, tenía piojos. Incluso en algunos momentos a todos los que estábamos en el albergue nos llegaba a salir sarna”, relata.
Personas con discapacidad, sector desprotegido por el Estado
Tras el operativo en el 2014, el albergue cerró y Eduardo se quedó a la deriva y sin una identidad. Apenas el año pasado pudo validar su nombre y ahora batalla para continuar con sus estudios.
“Llevo 6 años sin justicia. “Mamá Rosa” como tal no recibió ninguna sanción porque estaba protegida por expresidentes de este país como lo son Vicente Fox, Felipe Calderón y exprimeras damas como Margarita Zavala y Martha Sahagún.
Mis captores y violadores hoy están libres, yo no he logrado tener por parte de las autoridades justicia, ni siquiera una reparación integral del daño psicológico o físico, de nada
Eduardo dio su testimonio en la presentación del informe “Crímenes de Lesa Humanidad. Décadas de Violencia y Abuso en las instituciones para Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos con Discapacidad”, elaborado por Disability Rights International (DRI).
Ahora, pide al Estado mexicano que mejore las leyes a fin de crear servicios familiares para niños y niñas y servicios en la comunidad.
Es fundamental monitorear y supervisar las instituciones, ya que lamentablemente todavía hay muchas donde se cometen abusos sexuales, físicos y psicológicos, como es en mi caso”.
En su informe, DRI documenta a detalle los casos de los albergues Casa Esperanza, en la Ciudad de México; Ciudad de los Niños, en Guanajuato; y La Gran Familia, en Michoacán, como ejemplos de violencia y abuso contra personas con discapacidad que se dan actualmente en instituciones de todo el país.
“En todos los casos documentados, México no ha tomado las acciones necesarias para investigar a los responsables, garantizar los derechos de las víctimas y otorgarles reparaciones”, señala el informe.
