La crisis migratoria que se padece actualmente en América no es solo responsabilidad de los países expulsores, las naciones receptoras como México y Estados Unidos violan constantemente la ley, socavando los derechos humanos de migrantes, quienes huyen de la violencia y la pobreza en busca de una mejor calidad de vida fuera de sus fronteras.
Pese a que el fin de semana pasado se celebró la reunión de seguridad entre los dos países y a que ambas naciones se comprometieron a atender las causas que originan la migración, aún no se dan a conocer los cómos, continuando una deuda histórica con miles de personas a las que se les violan sus derechos todos los días.
Mientras en Estados Unidos, tras su cierre de fronteras, se viola el derecho humano de asilo, en México, las infancias migrantes se encuentran desprotegidas y a las personas adultas se les da trato de “detenidos”.
Ante esta situación, especialistas en políticas migratorias, activistas y legisladores comentan que para poder enfrentar el reto de la migración es necesario más presupuesto, realizar nombramientos pendientes como el del titular del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y mucha voluntad política.
Entre 2018 y 2020 fueron presentados ante el INM 96 mil 738 menores de edad de varias nacionalidades, principalmente Honduras, Guatemala y El Salvador
En México, el 19 de marzo de este año fueron detenidas 84 personas migrantes mientras viajaban por la carretera Tasquillo-Tecozautla, en el estado de Hidalgo, buscando llegar a Estados Unidos. Entre los detenidos se encontraban 42 niños y 15 adolescentes que viajaban solos.
Inmediatamente, los policías de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado los entregaron a las autoridades migratorias mexicanas, quienes comenzaron su proceso de deportación, sin investigar siquiera si los menores de edad fueron víctimas de algún delito, violando la Ley General de Derechos a Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Migración y la Ley General de Víctimas.
Esto debido a que en materia de infancia migrante y antes de que se inicie el procedimiento administrativo migratorio, las Procuradurías de Protección a la niñez deben de dictar medidas de protección, considerando en todo momento el interés superior de la infancia, así como el derecho de unidad familiar.
Es decir, las autoridades migratorias deben de identificar primero si los detenidos menores “califican” para iniciar el procedimiento de refugiado, por lo que la “deportación exprés” sin que se hayan tomado las medidas de protección correspondientes, no debe de existir para niñas, niños y adolescentes.
En diciembre de 2014 se publicó la Ley General para los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que ordena la creación del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el cual actualmente se encuentra acéfalo y bajo la dirección de María Constanza Tort San Román, encargada de Despacho de la Secretaría Ejecutiva.
A inicios de mayo de este año entró en vigor la reforma a la Ley de Migración, la cual establece, entre otras cosas, el interés superior de las niñas, niños y adolescentes, por lo que quedó prohibida la privación de la libertad de dicho sector en estaciones migratorias.
En caso de tratarse de menores de edad migrantes, la ley establece que quedarán a cargo del Sistema de Protección de la Infancia y no de los oficiales del INM.
También señala que se debe otorgar la condición de “Visitante por Razones Humanitarias” a niños, niñas y adolescentes migrantes, así como garantizar el derecho de Unidad Familiar y crear una base de datos de dicha población.
Uno de los problemas principales por el cual no se cumplen estas condiciones que marca la legislación vigente, es que falta homologar la Ley de Migración y la Ley de Refugiados, Asilo Político y Protección Complementaria con la Ley General de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes.
Esta homologación, serviría para blindar a los miles de niños que ingresan al país de manera indocumentada. Solamente entre 2018 y 2020 fueron presentados ante el INM 96 mil 738 menores de edad de varias nacionalidades, principalmente Honduras, Guatemala y El Salvador.
Menores migrantes, problema ‘invisible’
Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de la Niñez y de la Adolescencia del Senado de la República, comenta que la falta de nombramiento del titular de SIPINNA es un síntoma de la poca importancia que le está dando la actual administración a las problemáticas de la niñez.
“Es urgente que se dé este nombramiento, este vacío no hace más que aumentar la preocupación ante la invisibilidad de niñas, niños y adolescentes en esta administración. Nos parece muy grave que SIPINNA no tenga la jerarquía con la que nació en un principio, que era la de una interlocución directa con el titular de la Secretaría de Gobernación y de coordinación con todos los niveles de gobierno”, comenta.
La senadora señala que hace pocos años participó en una investigación de menores migrantes no acompañados en la que se dio cuenta de que el crimen organizado juega un papel importante en el reclutamiento de estos menores de edad.
Otro de los problemas que vio la panista es la separación familiar de los niños que se encuentran en estaciones migratorias y que muchas veces no pueden ser devueltos con sus padres o tutores.
“Debe de haber una política de reconocimiento de estas realidades y después colaboración entre los países. No podemos ser ajenos a este dolor y a este sufrimiento de los niños. Me han llegado casos de menores que tienen más de seis meses en una estación migratoria, niños de seis y ocho años de edad que a duras penas pueden identificar su lugar de origen y muchas veces no pueden retornar con sus familias.
“Otro de los problemas es que hay un castigo en el presupuesto para las infancias. Si a las niñas, los niños y los adolescentes los siguen castigando con la falta de presupuesto y políticas públicas, qué podemos esperar de un país como el nuestro que los destruye de manera cotidiana”
