El director de Incidencia en Políticas Públicas de World Vision México, Tonatiuh Magos, afirma que las infancias y adolescencias son los grandes olvidados de la administración actual, especialmente en aspectos relacionados con la violencia y la salud mental, cuyas consecuencias se agudizaron por la crisis sanitaria.
De acuerdo con Magos, el Estado cuenta con cada vez menos capacidades para resolver las problemáticas relacionadas con la violencia contra las infancias, pues los servicios de atención no operan con toda su capacidad.
“Las procuradurías no tienen equipos multidisciplinarios, especializados, encargados específicamente de la atención a las víctimas de las diferentes violencias. E incluso las fiscalías especializadas en violencias contra las mujeres, contra las familias, no cuentan con los recursos específicos. Todo ello ante una presión que ha ido incrementando por la demanda de sus labores.
“Además está la saturación de sus funciones, pues la demanda ha incrementado sustancialmente, lo que tiene implicaciones en la calidad del servicio, pero también en la capacidad de la atención y del acceso a la justicia de las y los sobrevivientes y a la reparación del daño.
“Incluso las comisiones ejecutivas de atención a víctimas han visto disminuidos sus recursos. En el presupuesto, tampoco se contempla la inflación que tenemos”, asegura.
Las dos dependencias que cuentan con mayores recursos para atender a las infancias y adolescencias en situación de violencia son la Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), mientras que la Fiscalía General de la República, solo tiene asignada una inversión del 8 por ciento del presupuesto en este rubro.
Respecto a la salud mental, después de que la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) revelara que hace dos años mil 150 niñas, niños y adolescentes de México intentaron suicidarse por padecimientos como depresión, el país sigue sin contar con recursos para programas específicos que atiendan esta realidad.
“No hay servicios de contención, el IMSS tiene algunas iniciativas de servicio de acompañamiento psicológico, pero eso está cerrado a temas de derechohabiencia. Hay poca disposición de servicios públicos asequibles para quienes no son derechohabientes de ningún servicio de salud y los servicios de salud mental son caros.
“También vemos, con mucha preocupación, que se está reduciendo toda la política e intervención estatal para la salud mental a un tema de consumo de drogas, todas las estrategias que hay, las pocas que hay, están centradas en la prevención de adicciones, entonces no hay un mecanismo que integre la salud mental en toda su complejidad, algo que es urgente y muy necesario”, dice Tonatiuh Magos.
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