Inexistencia encubridora de irregularidades en ALDF
La extinta ALDF desapareció documentos referentes a las contrataciones y a la basificación de sus trabajadores que podrían tener relación con irregularidades en la nómina. Sin embargo, a la fecha no hay una investigación sobre el tema
David MartínezEl Congreso local encontró que la VII Legislatura de la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) sustrajo información del año 2018 sobre las contrataciones y los procesos de basificación para, presuntamente, encubrir anomalías.
A pesar de que esto repercute en su obligación de rendir cuentas y de transparencia, aún no hay una investigación sobre el tema.
Fue el pasado 11 de febrero cuando el Comité de Transparencia determinó declarar como inexistente la información referente a los documentos de convocatoria para plazas vigentes, procesos escalafonarios, mecanismos de resultados de evaluación, y de renivelación de plazas en el periodo del 1 de enero al 17 de septiembre de 2018
Así consta en los expedientes RR.IP.1684/2018, RR.IP.1693/2018 y RR.IP.1694/2018 de la de Unidad de Transparencia del legislativo que se encuentran en poder de Reporte Índigo.
Dicha documentación, de acuerdo con Carlos Castillo, presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso, podría revelar irregularidades en la nómina.
Además estaría relacionada con las 77 basificaciones que retiró la Junta de Coordinación Política (Jucopo) el pasado 18 de enero de 2019, otorgadas por la Comisión de Gobierno de la ALDF, que presidía el exlegislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Leonel Luna.
“Considero que la VII Legislatura de la ALDF sustrajo los documentos porque sabía que la mayoría de Morena íbamos a llegar a hacer una serie de observaciones al respecto de las irregularidades”, menciona.
Añade que la sustracción pudo tener el interés personal de algún funcionario que se vio beneficiado con otorgar plazas.
“Puedo decir que sí hubo irregularidades en la VII Legislatura de la ALDF (…), tal vez por una instrucción superior con un interés personal, pero serán las investigaciones las que determinen hasta qué nivel llegan las anomalías”, explica.
Sin embargo, de acuerdo con personal de la Unidad de Transparencia del Congreso, hasta el 19 de febrero de 2019 todavía no se notificaba a la Contraloría. Por lo que no se ha iniciado una investigación al respecto.
Ante esto, Castillo afirma que buscará que el caso no se quede impune.
Yo lo que puedo hacer es vigilar que no se quede en la congeladora y que se identifique a los responsables
Reporte Índigo buscó al Contralor del legislativo local, Jorge Real Sánchez, para saber si existe un lapso para concluir las indagatorias sobre los casos que se le turnan, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
La solicitud que destapó el caso de la ALDF
La inexistencia de los documentos se descubrió tras cuatro solicitudes realizadas a través del sistema InfomexDF; la 5000000233018, la 5000000233118, la 5000000233218 y la 5000000233518, que tramitó un ciudadano.
En ellas se pide a la presidencia de la Comisión de Gobierno, que encabezaba Leonel Luna; a la Oficialía Mayor, cuyo titular era Guillermo Sánchez Torres; y a la Dirección General de Administración de la ALDF, al mando de Adolfo Riebeling Montiel, los oficios, memorándum o documentos por los que se dan conocer las plazas vacantes en el periodo del 1 de enero al 17 de septiembre de 2018. También los documentos de creación de las plazas de base existentes.
Además se solicitaron los resultados de las valoraciones, exámenes, pruebas y calificaciones de los factores escalafonarios para dar los ascensos en el mismo lapso; así como los resultados de instrumentos, métodos y procedimientos de valoración, medición y calificación con los que se determinó la renivelación de las plazas de base en reconocimiento al esfuerzo que entraron en vigor a partir del 16 de febrero de 2018.
Sin embargo, a la fecha de la solicitud, la ALDF ya se había convertido en el Congreso y esta nueva figura fue la que se encargó de atender el requerimiento.
El 27 de septiembre de 2018, la Unidad de Transparencia del legislativo respondió a la solicitud a través de los oficios UT/107/18 y UT/108/18, así como con los documentos DGA/VIIL/0006/2018 y DGA/VIIL/0005/2018, remitidos por la Dirección General de Administración.
No obstante, el solicitante se inconformó y el 2 de octubre del mismo año interpuso un recurso de revisión para que el Congreso y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFODF) proporcionaran la información requerida. Tres días después, el órgano garante admitió a trámite el caso.
La resolución del INFODF
En agosto de 2019, los Comisionados del INFODF resolvieron ordenar al Congreso modificar las respuestas y anular las anteriores porque no correspondían a lo solicitado.
A través de los oficios JUCOPO/ ST/CGG/168/19, CCM/DGS/DSG/ SAC/IL/127/2019/IL/31563/19 y DGA/IL/3155/2019, la Secretaría Técnica, la Dirección General de Administración y la Subdirección de Archivo Central, ambas de la Oficialía Mayor, solicitaron declarar la inexistencia de la información.
De los tres departamentos citados, el único que justificó la pérdida del archivo fue la Secretaría Técnica.
“Con fecha 2 de septiembre del año en curso (2018), mediante el acuerdo CCMX/I/JUCOPO/29/2019, se sustituyó a la persona titular de la Secretaría Técnica de este órgano colegiado y que derivado de ello se realizó el acto de entrega recepción correspondiente (…) se advierte que únicamente se recibió la documentación y archivos correspondientes al primer año de ejercicio de esta I Legislatura del Congreso, por lo que no se cuenta con los documentos solicitados”, informó el departamento.
La documentación faltante podría estar relacionada con las 77 basificaciones que retiró la Junta de Coordinación Política el pasado 18 de enero de 2019, otorgadas por la Comisión de Gobierno de la entonces ALDF
Ante esto, la Unidad de Transparencia del Congreso determinó el 13 de enero de 2020 declarar la inexistencia de los documentos, que se concretó el pasado 11 de febrero durante una sesión del Comité de Transparencia.