Tras la inspección y los interrogatorios, se descubrió que las aeronaves no recibían mantenimiento
En vísperas del Día de Muertos, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que ha destituido a 89 funcionarios y trabajadores de la Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA). Eran parte de un servicio aéreo del horror.
Los funcionarios, cuyos cargos iban desde pilotos hasta mecánicos, “resultaron no aptos” para realizar las funciones que tenían encomendadas.
Al parecer no aprobaron el examen de control de confianza que se les aplicó a raíz de detectarse múltiples irregularidades en el mantenimiento y operación de las aeronaves. Más de 600 trabajadores de distintas áreas han sido investigados.
La semana pasada, varios agentes del Ministerio Público y de la Policía Federal Ministerial inspeccionaron los hangares de la PGR en tres ciudades de la República: México, Morelos y Guadalajara.
Tras la inspección y los interrogatorios llevados a cabo, la fiscalía descubrió que las aeronaves no recibían mantenimiento; había bitácoras de vuelo extraviadas; se robaba, tanto piezas nuevas como usadas, y se simulaban reparaciones, entre otras anomalías graves.
Como secuela de la auditoría, la PGR estudia dar de baja a dos terceras partes de su flota aérea. Solo poco más de 20 aeronaves contarían con las condiciones de seguridad necesarias.
“Hasta donde tengo información, serían más de 20 aeronaves las que podrían estar, del total que era la flota, de casi 100, eran 98; serían veintitantas las que quedarían en operación”. dijo la procuradora Marisela Morales.
El pasado 14 de mayo, tres pilotos de la PGR, dos en activo y uno recién dado de baja, con más de dos décadas de vuelo, revelaron a Reporte Indigo que “la falta de mantenimiento y la utilización de refacciones usadas, pone en riesgo las aeronaves que transportan a funcionarios públicos y a la titular de la dependencia, Marisela Morales”.
En el reportaje “Les dejan cielo libre a narcos”, se informó, además, que la PGR opera con naves y radares que no reciben mantenimiento desde hace más de un sexenio.
Sin embargo, no fue hasta que la vida de la procuradora Morales estuvo en riesgo en agosto, cuando su avión realizó un aterrizaje de emergencia, cuando empezaron a tomarse cartas en el asunto.
Estos avances en la investigación se producen cuatro años de la muerte de Juan Camilo Mouriño y a uno de la de Francisco Blake Mora, ex secretarios de Gobernación que fallecieron tras fatídicos accidentes áereos.
En marzo pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que funcionarios del Estado Mayor Presidencial, la Policía Federal y los gobiernos de Sonora y Sinaloa recibieron, entre 2004 y 2009, sobornos de representantes de Biz Jet.
Esta empresa, acusada de obtener contratos por el mantenimiento de las flotas de aviones oficiales en México y Panamá, cerró tras una fuerte multa de 11 millones 800 mil dólares. No obstante, la PGR aún no ha revelado la identidad de los funcionarios involucrados. Hay otro punto vital: Saber si los diversos accidentes y fallas que han tenido lugar en el presente y pasado sexenio, ocurrieron por negligencia en el mantenimiento de las aeronaves, pese a las versiones oficiales.
