INE, más con menos

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Uno de los órganos autónomos que podría salir más perjudicado por los recortes presupuestales a raíz de la austeridad impulsada por el nuevo gobierno es el Instituto Nacional Electoral, cuyos funcionarios tendrán que encontrar la fórmula para hacer su trabajo con menos recursos y posiblemente con menos personal.

El INE enviará su proyecto de presupuesto 2019 donde contempla una reducción significativa de sus recursos, pero  esta propuesta aún podría ser reducida por los legisladores durante el debate de la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año.

Sólo tomando en cuenta las posibles prerrogativas para los partidos en 2019, habría una reducción del 25.9 por ciento en los recursos destinados a los distintos institutos políticos, muy lejos del drástico recorte que han propuesto algunos integrantes de Morena (50 por ciento), ya que pasaría de los 6 mil 706 millones que se les dieron en 2018 a 4 mil 965.

En cuanto a lo solicitado para el funcionamiento del INE, la Comisión Especial de Presupuesto propone una reducción de poco más de la tercera parte del presupuesto erogado durante 2018 (17 mil 426 millones de pesos), aunque se debe considerar que el año anterior se llevaron a cabo las elecciones más grandes y complejas de la historia, por lo que ahora solicitarán 11 mil 303 millones de pesos. 

Si se compara con el año anterior (2017) hay una reducción en términos reales del 5 por ciento, tomando en cuenta que durante ese periodo se celebraron elecciones a la gubernatura del Estado de México, Coahuila y Nayarit, en estos dos últimos estados también se renovaron ayuntamientos y el congreso local; a lo que también se suman las elecciones municipales en Veracruz.

Además de tener que hacer rendir los recursos públicos sin descuidar las tareas en materia electoral que ha venido realizando el INE en los últimos años, el personal del Instituto podría cargarse de trabajo en caso de que el gobierno que está por entrar en funciones siga adelante con su política de someter a consulta los grandes temas de la agenda nacional

Aunque constitucionalmente está previsto que las consultas ciudadanas únicamente se realicen a la par de las elecciones federales, en el Congreso de la Unión, los legisladores de Morena ya preparan una reforma al Artículo 35 de la Carta Magna para quitar ese candado.

La primera respuesta por parte del Instituto ya la dio el consejero Marco Baños, al afirmar que aún aprobándose los cambios constitucionales, el INE tendría que revisar la viabilidad de que esta consulta se realice en marzo de 2019, debido a la planeación y logística que requieren este tipo de ejercicios.

No hace mención al tema presupuestario, ni al costo que tendría para el Instituto realizar un ejercicio de tales características, aunque seguramente es una de las cuestiones que los consejeros tienen en mente para cuando llegue la hora de defender la importancia de la labor del INE y los recursos que esperan recibir para el próximo ejercicio.

Pero eso no es todo, lo que aún no queda totalmente claro es si el INE tendrá que organizar las consultas que plantee el Ejecutivo y para ello echar mano de los recursos que aprueben los diputados en la partida presupuestaria del instituto, o bien, si los legisladores o el gobierno federal incluirán una bolsa específica para el tema de las consultas.

El próximo año, habrá además elecciones en 5 entidades, incluyendo Baja California, que renueva gubernatura, a lo que habría que sumar las consultas que proponga el Ejecutivo. Una carga de trabajo que llegaría de forma paralela a la casi segura disminución en el presupuesto para el órgano electoral.

Se espera que en la sesión del Consejo General del INE de este miércoles, se someta a votación y se apruebe el anteproyecto elaborado por la Comisión Especial de Presupuesto, el cual será enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que lo incorpore al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 que será puesto a consideración de la Cámara de Diputados.

La batalla por el presupuesto

El Instituto Nacional Electoral obtendrá para el próximo año el presupuesto más bajo desde su creación, realidad que sorprende ante todas las tareas y responsabilidades con las que tendrán que cumplir.

A pesar de que en el 2019 no se realizarán elecciones a nivel federal, el instituto que encabeza Lorenzo Córdova enfrentará una serie de nuevos retos que llegarán con la anunciada cuarta transformación. 

El más evidente de ellos, pero alrededor del cual todavía existe mucha incertidumbre, es la cuestión de las consultas populares, ejercicio del que el futuro presidente, Andrés Manuel López Obrador, ya echó mano en dos ocasiones: para definir el futuro del Aeropuerto Internacional de México y otro en donde se abordó la construcción del Tren Maya, la entrega de becas para estudiantes y los apoyos a los adultos mayores. 

Además de que para el mes de marzo ya se tiene previsto volver a consultar a la ciudadanía sobre la creación de la Guardia Nacional pero con la participación del INE.

Tomando en consideración todos estos factores y los comicios locales que tendrán lugar en 5 entidades del país, el Instituto Nacional Electoral dio a conocer, mediante una conferencia de prensa el día de ayer, el Anteproyecto de Presupuesto 2019 que habrá de votar el Consejo General del INE el próximo miércoles 28 de noviembre.

De la cantidad absoluta que el INE mandará para su aprobación, la consejera electoral, Beatriz Claudia Zavala Pérez, explicó que 10 mil 097 millones de pesos corresponden al presupuesto base, es decir, lo relativo a la actividad regular en el cumplimiento de las atribuciones del Instituto, mientras que la diferencia está destinada al rubro de proyectos que desarrollará el INE el próximo año y cuya cifra es de mil 206 millones de pesos; cantidad 84.8 por ciento menor al presupuesto de proyectos solicitado en 2018. 

La reducción se justifica porque en 2019 no habrá un proceso electoral federal como el de este año, el cual además fue el más grande y complejo en la historia reciente del país. 

En cuanto a Ley de Salarios Máximos, la cual impide que los funcionarios públicos ganen más que el presidente, el consejero Ciro Murayama explicó que para el personal pedirán que se mantengan las remuneraciones, el conjunto de percepciones y que no haya disminución de los salarios.

“En el INE los trabajadores como servidores públicos probos y probados tienen derechos laborales y esos se mantendrán intocados, como corresponde en un régimen constitucional de derechos en donde los trabajadores son sujetos de derechos”, dijo. 

Sin embargo, la situación para los consejeros será distinta, pues reveló que se está proponiendo una disminución salarial del 19.6 por ciento con respecto a 2018. 

El reto de las consultas

Al interior del INE el único consejero que ha levantado la voz sobre el tema de las consultas populares es el presidente de Capacitación y Organización Electoral, Marco Antonio Baños, quien a pesar de asegurar que el instituto cuenta con la capacidad para llevar a cabo este tipo de ejercicios, ha puesto sobre la mesa algunos de los desafíos que enfrentarán para poder realizarlos bajo los estándares de calidad esperados. 

De acuerdo con la legislación vigente, las consultas populares organizadas por el INE únicamente se pueden realizar cada tres años, es decir, a la par de las elecciones federales, candado que se encuentra inscrito en el artículo 35 constitucional y que Andrés Manuel López Obrador ha dicho públicamente buscará quitar mediante una reforma. 

Sin embargo, el reto va más allá de modificar la Carta Magna. Por ahora, de acuerdo con una columna publicada en medios nacionales por el propio consejero, existen seis temas que no se pueden abordar en las consultas: derechos humanos, la condición democrática, laica, de república representativa y federal del país; asuntos electorales; lo relativo a ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y el funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas.

Otro reto que plantea el consejero Baños es el costo que tendría la capacitación de funcionarios de casilla y la instalación de las mismas; la impresión de boletas, número que rondaría los 90 millones que es la cantidad de electores que hay en el país y la creación de campañas de información para que la ciudadanía realmente participe y las decisiones no sean legitimadas por un porcentaje extremadamente bajo de electores, lo cual lleva tiempo e impediría que se soliciten consultas de una semana para otra. 

Frente a todas estas interrogantes, la del dinero es una de las más importantes, pues no se ha determinado si el costo de estos ejercicios democráticos se solventarían con el presupuesto del INE o si se crearía una partida especial para atender los costos. 

Cuestionamiento ante el cual Alfonso Ramírez Cuellar, diputado de Morena y quien encabeza la Comisión de Presupuesto, respondió que primero se necesita atender el tema de la reforma constitucional.

“Vamos a tener que hacer la reforma constitucional en materia de consultas para que no se hagan sólo el día de la elección, sino también para que pudieran ser en otro momento que se considere indicado. 

Sin embargo, primero necesitamos que se hagan los cambios legales y constitucionales para hacer consultas fuera del día de la elección y, en caso de que se apruebe, ya tendríamos que ver las derivaciones presupuestales”, explica.

Quieren más austeridad

El diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto en San Lázaro, asegura que el INE tiene la facultad de elaborar su propio proyecto de presupuesto, pero declara en entrevista que esperan del Instituto una mayor colaboración para cumplir con las políticas de austeridad.

El legislador señala que los integrantes de la Comisión de Presupuesto sostendrán reuniones con el presidente del INE, Lorenzo Córdova, a partir de la primera semana de diciembre para que juntos puedan establecer una ruta y encontrar una solución a los altos costos que significan los procesos electorales y, sobre todo, el financiamiento a partidos, partiendo de la realización de cambios legales y constitucionales.

“Yo creo que el debate ahora está en cuál sería la colaboración del INE, en primer lugar en materia de austeridad y también, algo que nosotros queremos insistirle al INE, es que entre los dos pudiéramos construir una agenda de cambios legales y constitucionales, porque ya es imposible sostener los actuales costos de financiamiento político y de los procesos electorales”, señala.

Ramírez Cuéllar agrega que otro de los puntos que se plantearán para la integración del presupuesto 2019 para el INE será terminar con la duplicidad del financiamiento local y federal, la reducción de los costos de los litigios y la disminución de los costos operativos del instituto, ente otras medidas.

“A partir del 2019 estos cambios se tienen que dar porque ya es imposible que el país esté con una carga tan pesada. Vamos a tratar por dos vías, a través de la reestructuración y racionalización del gasto en el ejercicio 2019; pero lo más importante es terminar con esta larga etapa de un excesivo costo de financiamiento de partidos y un excesivo costo del sistema electoral mexicano”, concluye.

Partidos expuestos

Aunque la propuesta de presupuesto del INE para el ejercicio 2019 señala que las erogaciones para los partidos asciende a más de 4 mil millones de pesos, esta cantidad podría ser reducida a la mitad en caso de que prospere la iniciativa de Morena para disminuir el financiamiento en un 50 por ciento.

Actualmente el monto que se le da a los partidos cada año se obtiene multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Con estas variables es como se obtiene el total de 4 mil 965 millones a repartir entre los institutos.

Sin embargo, ya hay un par de propuestas legislativas en el Congreso de la Unión que pretenden cambiar el 41 constitucional, modificando la fórmula. 

En lugar de multiplicar los inscritos en el padrón electoral por el 65 por ciento del UMA, se propone multiplicarlo por el 32.5 por ciento.

La consultoría Integralia realizó un cálculo de lo que podrían percibir los partidos políticos de financiamiento público según el porcentaje de votación nacional que recibieron en la elección del pasado 1 de julio.

Los partidos hoy opositores son los que saldrían más afectados en caso de que avanzara la propuesta de recorte. 

El PRI, que el año pasado tuvo un financiamiento total de mil 94 millones, obtendría, de mantenerse la fórmula actual, alrededor de 800 millones, los cuáles podrían reducirse a 400 en caso de aprobarse las iniciativas.

Por su parte, el Partido Acción Nacional, que percibiría alrededor de 850 millones, pasaría a 425 millones (en 2018 obtuvo 827 millones).

El PRD que este año recibió 496 millones de recursos públicos recibirá en 2019 alrededor de 392 millones si se mantiene la fórmula actual, pues de aprobarse los cambios al 41 constitucional, recibiría sólo la mitad (196 millones).

En total, de concretarse la iniciativa de Morena, los partidos en su conjunto dejarían de recibir alrededor de 2 mil 400 millones de pesos.