El INE está por enfrentar su transformación más importante en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En abril, cuatro de sus 11 consejeros electorales serán relevados y la Cámara de Diputados será la encargada de designarlos.
En medio de un ambiente incierto por los recortes presupuestales y los constantes embates del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el Instituto Nacional Electoral tiene la encomienda este año de comenzar a organizar las elecciones intermedias para el 2021 con una nueva alineación.
El procedimiento, que comienza en febrero con la presentación de la convocatoria para los aspirantes, abre la puerta para que Morena y sus aliados –el PT, Encuentro Social y Verde Ecologista– promuevan a los personajes que consideren idóneos y, con la suma de sus votos, coloquen a sus alfiles para los procesos electorales venideros.
Los consejeros que concluyen su gestión que tuvo una duración de seis años son Pamela San Martín, Enrique Andrade, Marco Antonio Baños y Benito Nacif.
Para 2023 habrá otro proceso en el que se renovarán otras cuatro posiciones en el Consejo General, se trata del actual presidente Lorenzo Córdova, Adriana Favela, Ciro Murayama y José Roberto Ruiz, quienes fueron nombrados en 2014 para una gestión de nueve años.
Legisladores de oposición y especialistas esperan que para la designación de los nuevos consejeros del órgano electoral no se repliquen episodios polémicos como ocurrió en el Senado con el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Yasmín Esquivel, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Margarita Ríos Farjat, cuestionados por su cercanía con el presidente.
O como lo que sucedió en los nombramientos de Rosario Piedra como titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los miembros de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) durante el año pasado.
De manera histórica, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ha recibido duras críticas por la manera en la que sus integrantes se inclinan hacia los ideales de grupos políticos al momento de deliberar controversias.
El origen de las supuestas preferencias está en el impulso de los grupos parlamentarios a los personajes que más empatan con sus ideales y los acuerdos previos a la votación.
“Desde los años 90 los partidos políticos han querido poner personas allegadas en el Consejo General del IFE -hoy INEy con frecuencia la crítica que se le ha hecho es que el Consejo General parece un repartimiento de cuotas y eso es parcialmente cierto”, opina Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del IFE.
El exfuncionario electoral agrega que en designaciones anteriores los partidos políticos iniciaban un proceso de negociación para que cada aspirante alcanzara los votos necesarios en el Pleno para convertirse en consejero.
En esta ocasión, explica Ugalde, Morena no tendría que negociar con los demás grupos parlamentarios, ya que con sus aliados podría conseguir la mayoría calificada requerida, lo que levanta las alertas debido a que con la hegemonía con la que cuenta el partido guinda en la Cámara de Diputados, podría imponer a perfiles cercanos o que no tengan la experiencia suficiente.
“Un argumento que podría esgrimir Morena es que si los consejeros actuales son producto de las cuotas, entonces ellos por qué no van a tener su cuota”, expone el también director general de Integralia Consultores.
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La ruta a seguir
Los aspirantes a consejeros serán evaluados por un comité técnico y luego tendrán que conseguir mayoría calificada en el Pleno de San Lázaro, es decir, que 330 de los 500 diputados avalen sus perfiles.
El artículo 41 de la Constitución contiene el procedimiento mediante el cual se eligen a los consejeros electorales, quienes permanecerán en el cargo durante nueve años.
La Carta Magna mandata a la Cámara de Diputados a emitir un acuerdo que contenga la convocatoria pública, las etapas, fechas y plazos, así como el proceso para la designación del comité técnico de evaluación el cual se integra de siete personas “de reconocido prestigio”.
Esta figura se conformará de tres integrantes que nombrará la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro, dos serán elegidos por la CNDH y los dos restantes por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Luego de que se conforme, analizará la lista de los aspirantes que cumplan con los requisitos legales y su idoneidad para desempeñar el cargo.
Los aspirantes a consejeros serán evaluados por un comité técnico y luego tendrán que conseguir mayoría calificada en el Pleno de San Lázaro
El comité deberá elegir a cinco aspirantes por vacante después de su evaluación; es decir, que conformará una lista de 20 candidatos que enviará a la Jucopo.
La Junta de Coordinación Política de la Cámara baja deberá negociar cuáles serán los nombres finales que serán votados en el Pleno.
Para Leonardo Valdés Zurita, exconsejero presidente del IFE, el procedimiento establecido en la Constitución para designar a los próximos consejeros garantiza que se elijan a los más idóneos.
“Seguramente serán personas comprometidas con la autonomía y que harán valer ese compromiso una vez que estén en el cargo, como ha sucedido en el pasado.
“Siempre los consejeros hemos sido convocados, evaluados, propuestos y electos por los partidos políticos, pero en la enorme mayoría de los casos los consejeros hemos demostrado nuestra imparcialidad, objetividad y nuestro compromiso con la autonomía”, considera.
Sobre la mayoría morenista en San Lázaro y una posible cuota política en la designación de consejeros, Valdés Zurita refiere que la clave estará en la Jucopo, donde los líderes de cada grupo parlamentario aceptarán o rechazarán a los candidatos.
“En mi caso personal, que además fue público y notorio, fui propuesto por el coordinador del PRD, partido que tenía como 100 diputados. Me eligieron porque los otros dos grupos parlamentarios, el PAN y el PRI, aceptaron mi postulación”, enfatiza el exconsejero.
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Los choques entre AMLO y el INE
Los desencuentros entre Andrés Manuel López Obrador y el INE no son recientes. Pese a que el político tabasqueño reconoció su desempeño cuando ganó la Presidencia en 2018, existen fricciones que tiene su origen en el 2006.
Hace 13 años, López Obrador, abanderado por el PRD, perdió la presidencia por una diferencia del 0.56 por ciento de los votos ante Felipe Calderón; acusando de fraude al entonces Instituto Federal Electoral.
Tras protestar en las calles y autonombrarse presidente legítimo de México, sus esfuerzos por anular la contienda no prosperaron y tuvo que esperar una segunda oportunidad.
Andrés Manuel ha emitido comentarios de desprestigio y desconfianza hacia el INE sobre la certeza en los resultados de las elecciones. También ha cuestionado la gran cantidad de recursos del erario empleados para que el organismo realice sus funciones.
Los señalamientos en contra del órgano electoral se tradujeron para este 2020 en un recorte presupuestal de mil 72 millones de pesos, el más grande en la historia de la institución aprobado en el Congreso de la Unión
La disminución presupuestal fue interpretada por funcionarios del INE como un ataque a su labor de garantizar la organización y el arbitraje de las elecciones en el país, y tanto consejeros como la sociedad civil iniciaron una campaña en defensa de la democracia al considerar que estos actos ponen en riesgo el funcionamiento del órgano electoral.
El último choque protagonizado entre el Instituto y el Gobierno federal fue la negativa del INE de entregar el Padrón Electoral a la Secretaría de Gobernación para elaborar la cédula de identidad
Lorenzo Córdova, presidente del INE, informó la imposibilidad legal de otorgar los datos de 88.3 millones de mexicanos. Después de reunirse con Olga Sánchez Cordero, titular de la Segob, expresó que acordó iniciar un diálogo para explorar las vías legales para garantizar el derecho a la protección de datos personales.
Generar confianza al INE
El Instituto Federal Electoral, antecesor del INE, fue un organismo que surgió de una exigencia de arbitraje por la desconfianza de la ciudadanía por los supuestos fraudes cometidos en las elecciones presidenciales de 1988 y 1994.
Hoy, frente a la compleja relación entre el Gobierno federal y el INE y el proceso de renovación de consejeros que está por iniciar en la Cámara de Diputados, la consejera electoral Pamela San Martín destaca la importancia de que la ciudadanía se involucre en la próxima designación.
De lo que tenemos que estar al pendiente es que las personas que integrarán el Consejo General cumplan con los principios y los estándares que prevé la propia Constitución, que promuevan la autonomía y la independencia del INE. Y que se den los mayores consensos para esta decisión entre los actores políticos y generen la mayor confianza para la ciudadanía por la importancia que tiene la función del Consejo General
Prometen transparencia
A dos meses de que Pamela San Martín, Marco Antonio Baños, Enrique Andrade González y Benito Nacif dejen de formar parte del Consejo General del INE, en la Cámara de Diputados no se descarta la posibilidad de que Morena pretenda apoderarse del control del órgano electoral.
El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, asegura que la designación de los nuevos consejeros electorales será transparente, conforme a la ley y garantizó que quienes resulten elegidos no tendrán ninguna vinculación con su partido, aunque advierte que deberán apegarse a los lineamientos de austeridad dictados por el Gobierno federal.
“Hay un proceso marcado en la ley y se tiene que elegir a un comité independiente que va a evaluar a todos los que se inscriban”, menciona.
En entrevista, y cuestionado sobre si podría suceder lo mismo que con la elección de Rosario Piedra en la CNDH o de otras propuestas que ha enviado el Ejecutivo para órganos autónomos de personajes ligados al partido en el gobierno, Delgado rechaza que vaya a darse esa posibilidad.
“No, porque nosotros no somos como eran las otras mayorías. Nosotros vamos a hacer un trabajo profesional, transparente y queremos elegir a ciudadanos que garanticen una actuación imparcial del INE, que garanticen elecciones libres y transparentes y una operación austera del instituto”, añade.
Sin embargo, para el PAN existe el riesgo de que Morena intente poner a incondicionales en el Consejo General del INE y advierte que de concretarse esto representaría un retroceso para la democracia en el país.
Carlos Castaños, vocero de la bancada albiceleste, expresa que como muestra están los antecedentes de lo que se hizo en la CNDH y otros órganos autónomos.
“Está el riesgo de que se cometa un atentado contra la democracia de este país si Morena sigue con la costumbre con la que últimamente ha venido actuando, poniendo todas las medidas necesarias para evitar que la democracia siga avanzando.
