La agonía del INE

A las puertas del que será el mayor reto de su historia -el proceso electoral 2018- el Instituto Nacional Electoral y sus consejeros son severamente cuestionados por su actuación en las más recientes elecciones y en los conflictos poselectorales.

De forma casi unánime, partidos y actores políticos, organizaciones civiles, académicos y ciudadanos han exigido la remoción de los consejeros; algunos van más allá y piden replantear el modelo de los órganos electorales.

El Instituto -que nació como respuesta a las polémicas elecciones de 1988- vive su momento de mayor desprestigio y comienza a mostrar signos de agonía, por lo que algunos auguran que tras las elecciones del año entrante, el INE podría sufrir una transformación o una refundación total.

Todos los síntomas que aquejan al Instituto Nacional Electoral, desde la falta de credibilidad, las dudas sobre su verdadera autonomía, y la apariencia de que los consejeros actuales han sido rebasados por las circunstancias, apuntan a una enfermedad terminal.

El desgaste al que se ha sometido la autoridad electoral en los últimos meses va mucho más allá de la inconformidad de los candidatos o partidos que perdieron en las urnas y que se han sentido agraviados por la actuación del árbitro electoral.

La sociedad civil organizada ha ido perdiendo la confianza en el INE (y en otras instituciones), cuestionando sobre todo, la verdadera autonomía y la independencia de las decisiones tomadas en el seno del órgano electoral.

A ello se suma la poca confianza que tiene la ciudadanía en la autoridad electoral, ya que según algunas encuestas, la mayoría de los mexicanos no cree que el INE cumpla adecuadamente su función y no confían en su imparcialidad. Más allá de los números, la percepción es que el INE, no solo ha dejado de hacer sus tareas adecuadamente, sino que incluso carece de la legitimidad necesaria para asegurar la limpieza de las elecciones.

Legitimidad en riesgo

La gravedad de la situación que vive el INE pone en riesgo la legitimidad de los resultados de la elecciones del año entrante, ya que, independientemente del resultado, la decisión de los órganos electorales va a ser cuestionada por los partidos o candidatos afectados en la contienda.

“El problema es que el proceso electoral 2018 no genere las condiciones de legitimidad y gobernabilidad que se requieren y ese es el problema fundamental de la democracia elector.

“Lo que tu esperas de una autoridad es que no solamente sea capaz de generar legalidad sino además confianza, conducción, autoridad política y eso desafortunadamente no se está generando”, afirma Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del IFE.

En lo que será la elección más compleja de la historia del México institucional, con todos los actores políticos defendiendo sus intereses, y una sociedad civil cada vez más participativa, el escrutinio sobre la actuación del INE será inédito.

“Yo no auguro un lecho de rosas para los consejeros ni para los magistrados, van a ser órganos en continua observación ciudadana y partidaria; sus decisiones van a ser analizadas una y otra vez.

“Va a haber órganos electorales muy gastados, muy desgastados en este conflicto permanente con partidos, con sectores sociales, con sectores académicos”, asegura Jaime Cárdenas, consejero del IFE entre 1996 y 2003.

Por los tiempos electorales es muy difícil impulsar en este momento una reforma de gran calado pues tendría que modificarse la Constitución, pero una vez concluido el proceso electoral en 2018 podría llegar el momento de replantear o cambiar el modelo de los órganos electorales.

Desprestigio

En la Segunda Encuesta Nacional de Opinión Ciudadana 2017, publicada el pasado junio tras las elecciones estatales por la casa Grupo de Economistas y Asociados (GEA-ISA) la gran mayoría de los encuestados afirmaron no tener confianza en las autoridades electorales del país.

El 54 por ciento contestó que tiene poca confianza y el 32 por ciento señaló que no les tienen nada de confianza. Apenas un 14 por ciento afirmó tener mucha confianza. Es decir, un 86 por ciento de los encuestados, desconfía en algún grado de las instituciones encargadas de brindar certidumbre a las elecciones.

En cuanto al Instituto Nacional Electoral, el 42 por ciento cree que el INE no cumple su función adecuadamente, 45 por ciento desaprueba la labor realizada por los consejeros, y lo que es más alarmante, solo el 36 por ciento de los encuestados creen que el INE garantizará la imparcialidad en las próximas elecciones federales.

En 2006, tras las elecciones presidenciales, el entonces Instituto Federal Electoral vivió el momento más crítico de su historia debido a los conflictos poselectorales.

Sin embargo, aún en esa crisis, la inconformidad y el rechazo provenían de un sector específico, de Andrés Manuel López Obrador, quien perdió la elección, y sus simpatizantes.

En una encuesta publicada en los siguientes días a la elección federal del 2 de julio de 2006, aún con todo lo que estaba sucediendo, el 56 por ciento de los encuestados creían en la imparcialidad del IFE en los comicios, por un 36 por ciento que no.

Ni siquiera en medio del mayor conflicto poselectoral en la historia de México, la autoridad electoral había estado tan cuestionada por su imparcialidad como lo está el día de hoy.

Además, hace 11 años, la crisis que vivió el órgano electoral fue posterior a las elecciones federales, y en esta ocasión, la crisis de desprestigio ya llegó a niveles alarmantes cuando todavía queda un año para la sucesión presidencial.

Sea cual sea el resultado de los comicios en 2018, los cuestionamientos hacia el INE vendrán de todos los sectores, y con el antecedente de las elecciones de 2017 es muy probable que el conflicto poselectoral del siguiente año sea el detonante que pueda terminar con el Instituto Electoral tal y como lo conocemos hoy.

Decae confianza

Datos de la encuesta del Grupo de Economistas y Asociados (GEA-ISA) publicada en junio pasado, en contraste con otro ejercicio realizado en julio del 2006:

>> 42

Por ciento cree que el INE no cumple su función adecuadamente

>> 45

Por ciento desaprueba la labor realizada actualmente por los consejeros

>> 36

Por ciento cree que el INE garantizará la imparcialidad en las próximas elecciones federales del 2018

>> 56

Por ciento de los encuestados creía en la imparcialidad del IFE en julio de 2006

>> 36

Por ciento desconfiaba de la labor del IFE tras los comicios federales de julio de 2006

Juego de intereses

Para Jaime Cárdenas, consejero del IFE entre 1996 y 2003, el principal problema del desprestigio que vive la autoridad electoral, y en general los órganos autónomos de país, tiene que ver con la designación de sus funcionarios a través del sistema de cuotas partidistas.

“Este problema de las cuotas de partidos mayoritarios de los órganos autónomos del país existe en distintas instituciones y yo creo que los problemas de la autoridad electoral es eso, la forma en que se designa a los consejeros, a los magistrados electorales, en donde los partidos mayoritarios en el Congreso se reparten a los consejeros y los magistrados”.

“No es que los consejeros o los magistrados en sí sean priistas, panistas o perredistas, pero desde luego se buscan perfiles que sean afines a los partidos y que sean personas no demasiado críticas, sino personas con un sentido de defensa del sistema, cómodas con él”, argumenta.

El exconsejero electoral está convencido de que tras el proceso electoral de 2018 se debe replantear el modelo de las autoridades electorales, un debate en el que no debe de estar exento un cambio en el mecanismo de designación de los consejeros y otros funcionarios electorales.

“Que existan dos instancias,  una organizando y otra resolviendo impugnaciones en contra de las determinaciones que toma el órgano que organiza las elecciones no está totalmente desacreditado”, concluye.

Responsabilidad compartida

Luis Carlos Ugalde, consejero presidente del Instituto Federal Electoral entre 2003 y 2007, señala que los cuestionamientos recientes colocan a las autoridades electorales en una posición muy vulnerable, sin embargo, está convencido de que la crisis de credibilidad es un problema que va mucho más allá del INE.

“Tiene que ver con la legislación electoral, tiene que ver con la irresponsabilidad de los actores políticos, particularmente los partidos y los candidatos, tiene que ver con la apatía de la sociedad en su conjunto, tiene que ver con las condiciones globales de descontento social, por la condición económica, de justicia, por la violencia.

“Es decir, hay un clima global que explica por qué las elecciones no están generando la legitimidad que deben producir y en ese rol, el INE es por supuesto un actor fundamental y si el INE carece de la confianza, entonces no puedes poner orden político, orden legal”, asevera.

Señala que el desgaste también obedece a la costumbre de los partidos a intentar coptar a las autoridades electorales.

“Los partidos van a seguir cuestionando al INE, le van a seguir pegando, van a seguir evadiendo la ley a conveniencia, lo más probable es que lo que vimos en las elecciones de 2017 lo veamos en 2018, que es un exceso en los gastos de campaña, un uso creciente del clientelismo electoral, el uso de los gobiernos por parte de los partidos para fines electorales.

“Creo que se tiene que replantear el sistema electoral en su conjunto a partir de 2019. Me parece que se tiene que hacer una reforma electoral base cero, eso es volver a los orígenes, quitar la grasa regulatoria que es excesiva y que contribuye a un sistema litigioso que genera estridencia y conflicto y que no resuelve problemas de fondo”.

Cuestiona el papel del Estado mexicano en el desgaste que sufren las autoridades electorales y otras instituciones, ya que no ha adoptado su papel de defensa de las mismas.

“El Estado Mexicano en su conjunto no ha sido un buen protector de las instituciones electorales, las ha dejado a la deriva y también una institución electoral requiere la protección institucional del Estado mexicano en su conjunto y requiere también la responsabilidad de los actores político.

“Una Presidencia de la República que no acompaña políticamente el proceso electoral es una Presidencia que deja en un vacío al instituto electoral”, afirma.