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Lejos de brindar certeza y fortaleza a la organización de las elecciones del 2018, el Instituto Nacional Electoral (INE) está inmerso en un espiral de cuestionamientos y desconfianza.
Muchas de las acciones y decisiones que ha tomado el INE en los últimos meses no sólo han sido cuestionadas, sino canceladas o anuladas por la autoridad electoral o por las presiones de los actores políticos que se ven afectados por ellas.
Pasó así con los lineamientos para garantizar la equidad en la contienda llamados de “cancha pareja”; u otros para evitar el uso de programas sociales con fines electorales o hasta para frenar la aparición de líderes partidistas en los spots oficiales.
Ocurrió con la construcción de su nueva sede que fue cancelada ante la presión social por tener más austeridad.
También con los dictámenes de fiscalización de las elecciones en Coahuila, asunto que aún hoy no se resuelve.
La próxima acción que podría terminar en fracaso es la aplicación para teléfonos móviles con la que los aspirantes independientes reúnen firmas para conseguir una candidatura a la Presidencia de la República.
El asunto ya llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que decidirá si los independientes podrán recabar las firmas en papel y no sólo con la app.
Sin embargo, en el INE se prevé no dejar el asunto al Tribunal para evitar un nuevo revés y resolver el tema cuanto antes en el seno del propio Consejo General del Instituto.
Un año complicado
En este 2017 el INE ha sufrido varios reveses como la cancelación de la construcción de su nueva sede, la propuesta de bajar un 10 por ciento el sueldo de los consejeros electorales y la fiscalización de los recursos utilizados en las campañas electorales pasadas
El del INE ha sido un camino de reveses en los últimos meses.
Durante todo el 2017 el Instituto Nacional Electoral ha intentado llevar a cabo diversas acciones, sea que influyen en su vida interna o para regular el escenario electoral rumbo a la elección del próximo 1 de julio.
El primer revés que tuvo ocurrió cuando a principios de año se tuvo que cancelar la construcción de su nueva sede y devolver mil 70 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda.
Los consejeros electorales decidieron cancelar la obra que incluía la construcción de dos torres de 14 pisos, un centro de datos, un área deportiva, una plaza cívica y hasta un huerto. El costo se calculaba en alrededor de mil 100 millones de pesos.
La cancelación de las obras ocurrió unos días después de las violentas protestas por el aumento en el precio de los combustibles que despertó el rechazo social y provocó que se anunciaran medidas de austeridad.
El INE tuvo que entregar entonces los ahorros que hizo en años pasados para pagar esta nueva sede; aunque no cerraron la puerta a la posibilidad de que la construcción se haga en años posteriores cuando las condiciones económicas sean más propicias.
El mismo día que anunciaron la cancelación de la obra, los consejeros electorales afirmaron que bajarían sus sueldos en un 10 por ciento; la medida fue echada atrás por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Gracias a la oposición del consejero Benito Nacif, que impugnó la reducción salarial, los magistrados del Tribunal decidieron que bajar los ingresos de los consejeros era inconstitucional.
Conforme avanzaron los meses, las tareas en el INE se concentraron en la elección del 2017 en el Estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz.
Aunque la organización de los comicios recayó en las autoridades locales al INE le correspondió la fiscalización de los recursos utilizados en las campañas políticas, tema que despertó las críticas de los fiscalizados.
El caso de Coahuila fue el más polémico, pues el poco margen entre el primer lugar –Miguel Riquelme, del PRI- y el segundo lugar –Guillermo Anaya, del PAN-, abrió la puerta a que se anulara la elección por un rebase de los gastos de campaña; el INE determinó que sí hubo tal rebase.
La Sala Superior del TEPJF, sin embargo, decidió eliminar algunos gastos del priista Miguel Riquelme, hoy gobernador electo de Coahuila, lo que cerraría la posibilidad de la anulación de los comicios en ese estado como pretendía lograr la Oposición y como el propio INE perfilaba hacer con la declaración del rebase en el gasto de campaña.
Los magistrados eliminaron erogaciones de publicidad en Facebook y otros en el prorrateo de gastos operativos y spots transmitidos de Riquelme que había contabilizado el INE.
El Instituto había detectado un rebase del tope de campaña de 1 millón 521 mil pesos –que representaba un rebase del 7.9 por ciento del tope-. Luego de la resolución del TEPJF, el rebase quedó en 478 mil pesos –un 2.9 por ciento del tope-.
Para declarar la anulación de una elección se requiere que el candidato ganador hubiera rebasado sus erogaciones un 5 por ciento por encima de los gastos de campaña; con un 2.9 por ciento no procedería la anulación.
El asunto todavía continúa sin resolverse en el TEPJF; sin embargo, la solución ya está en puerta, pues el nuevo gobernador debe tomar protesta el próximo 1 de diciembre.
Los esfuerzos del INE también fueron en vano en su intento por regular algunas conductas rumbo a la elección del 2018.
El Instituto emitió los lineamientos para la equidad en la contienda –conocidos como lineamientos de “cancha pareja”-; para prohibir que los líderes partidistas utilizaran los spots de sus partidos para promoción personal y para evitar que los gobiernos aprovechen electoralmente los programas y obras sociales.
En todos los casos, el Tribunal Electoral echó abajo de forma total las reglas emitidas por los consejeros electorales tras quejas de varios actores, desde partidos políticos, servidores públicos y hasta el propio Gobierno de la República.
Ahora, el INE se enfrenta por primera vez a aspirantes que buscan obtener las firmas necesarias para que su nombre figure en la boleta electoral a la elección presidencial.
La del próximo año será la primera elección en la que candidatos independientes participarán para buscar la Presidencia de la República; y el INE resolvió que las firmas podrían ser recolectadas mediante una aplicación en un teléfono celular.
Los aspirantes se han quejado sobre la aplicación y algunos, como Pedro Ferriz de Con o Armando Ríos Piter ya han llevado el asunto al TEPJF, pues buscan que se permita recolectar las firmas en papel o que los ciudadanos puedan bajarla en sus teléfonos y desde su propia ubicación dar su apoyo a alguno de los independientes.
En el INE, sin embargo, ya buscan solucionar el asunto antes de que llegue al pleno de la Sala Superior del TEPJF, pues saben que un nuevo revés pondría–aún más- en entredicho su papel como árbitro y organizador de la elección.
La cancelación de las obras para la nueva sede del INE ocurrió después de las violentas protestas por el aumento a los precios de los combustibles que despertó el enojo y el rechazo social
Ahora el INE se enfrenta a los aspirantes que buscan obtener las firmas necesarias para que sus nombres figuren en la boleta electoral durante la elección presidencial
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