En medio de la crisis hídrica de Monterrey, se ha cuestionado el impacto de la industria en el consumo de agua. Mientras que el gobernador Samuel García defendió que las empresas cavan sus propios pozos de agua no potabilizada, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló las concesiones a firmas cerveceras como parte de la mala administración del líquido.
Arturo Chacón Torres, doctor en Ciencias Biológicas y académico de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, explica a Reporte Índigo que en todo el país, pero particularmente en la franja norte, que no cuenta con los acuíferos para cubrir la demanda, se han seguido otorgando concesiones a industrias como la cervecera, acerera, automotriz y del vidrio.
“Todas ellas gastan una gran cantidad de agua, pero se les ha dado como una concesión, se puede decir, de amigos, de compadrazgo y de manera muy arbitraria. Lo que sucede es que hay una confrontación, después, con las comunidades en donde se genera el agua. Las comunidades que cuidan el agua no tienen acceso”.
Como ocurre en Nuevo León, explica, también se dan casos similares en estados como Sonora, Sinaloa o Baja California. Contrastando con la tendencia internacional de realizar estudios de huella hídrica para determinar cuánta agua consume y desecha una industria para su producción, así como el origen de esta. Es decir, cuál será su fuente de abastecimiento.
“Si bien es cierto que han migrado hacia mejores prácticas en cuanto a energía, con la solar y la eólica, en cuestiones del agua no han mejorado en nada. Hay preferencias que son humillantes, se da preferencia a la industria y a las ciudades por encima de las comunidades”, explica sobre las prácticas de la industria en México.
Con esto coincide el doctor Miguel Enrique Magaña, jefe del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara, quien señala a Reporte Índigo que, pese a las sequías de Jalisco durante los últimos años, la iniciativa privada no solo no se ha quejado, sino que no ha dejado de recibir permisos para construcciones de proyectos inmobiliarios.
“Esto obviamente nos lleva a entender que la distribución del agua no es equitativa ni tampoco se cumple con lo que establece la normatividad, donde señala que, cuando hay una emergencia, las concesiones particulares o privadas deben de pasar a segundo plano. Porque, además, el agua es un derecho humano, no es un derecho empresarial”
También incluye en esta problemática el que “la gran cantidad de agua totalmente contaminada que están generando todos los proyectos agropecuarios no está controlada, lo que significa otro gran problema”. El cual suma a lo que califica como un desorden en cuanto a las normativas para uso del líquido.
“Es también ahí donde yo señalo la falta o la deficiente cultura ambiental de una sociedad”, dice el académico, pues “los intereses son políticos de grupos, no son político-sociales. No es un interés de beneficiar a la sociedad, es un interés personal”.
