Los indígenas y afrodescendientes que habitan en México han enfrentado la pandemia por COVID-19 con mucha mayor incertidumbre que el resto de la población.
Don Gaudencio Lucas Esteban tuvo que conseguir otro empleo. Trabajar en una fábrica de ropa en Chiconcuac, junto a su esposa Teresa, no fue suficiente para mantener a sus ocho hijos en Zapotitlán de Méndez, Puebla.
La vida durante la pandemia por COVID-19 hizo que don Gaudencio tuviera que conseguir más dinero en un invernadero, cerca de su comunidad. Ahora, vendiendo flores trata de llevar el pan cada día a la mesa de su casa.
De las 25 millones de personas que se reconocen como indígenas en el país, de acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), Lucas Esteban es una de las que no han sido apoyadas por el Estado frente a esta pandemia.
A través de un informe, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), puntualizó que aunque los indígenas han sido uno de los grupos más vulnerables, principalmente frente al COVID-19, también lo son los afrodescendientes, un sector que está muy presente en México.
En el censo que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) realizó en 2015, se registró que un millón 381 mil 853 personas se identificaron como afrodescendientes o afromexicanos en el país.
“El impacto de la pandemia por COVID-19 entre los pueblos indígenas y los afrodescendientes, que generalmente viven lejos de los servicios de salud, puede mitigarse con el apoyo del sector salud al adoptar medidas de prevención y al conectarse con la red de servicios de salud si el coronavirus impacta sus territorios”, dice el documento de la OPS.
Asimismo, la organización plantea que los gobiernos deben impulsar espacios de participación y de diálogo, no sólo para abordar los efectos del COVID-19 de forma puntual, también para discutir la fase posterior a la emergencia, donde habrá que incidir en la recuperación económica y social.
Según declara Gaudencio Lucas Juárez, uno de sus hijos, quien además es amante de la literatura y de su lengua materna, el totonaca, el único acercamiento que su familia y vecinos han tenido con las autoridades hasta el momento fueron unas despensas y las medidas de salubridad que anuncian por televisión.
“Hemos recibido tres despensas, pero más allá de eso nada. Nosotros sólo seguimos las indicaciones que nos dan las autoridades, usando nuestros cubrebocas”, comparte Gaudencio.
La lucha de los afrodescendientes
Bulmaro García Zabaleta es un ingeniero Agrónomo especialista en sociología rural de la Universidad Autónoma de Chapingo. Tiene 60 años y desde joven su inquietud lo ha llevado a formar parte de movimientos sociales en favor de los derechos de los afromexicanos.
La Costa Chica de Guerrero, de donde es originario, específicamente de un lugar conocido como “Rancho alegre”, es un espacio marcado por una cultura de negros que han vivido en las condiciones que el Estado les imponía: malos servicios, discriminación, racismo y marginación.
“De repente nos encontramos con la posibilidad de luchar contra eso y empezamos por el año 1991, cuando eran los inicios de la lucha por los 500 años de resistencia indígena, negra y popular. Ahí se hizo la participación más concreta del pueblo afromexicano”, recuerda Bulmaro.
La lucha de los 500 años se origina por el manifiesto intercontinental de los pueblos indígenas en contra de los gobiernos neoliberales que querían celebrar la llegada de los españoles, el descubrimiento de América, porque alegaban que era como un encuentro con la civilización.
Así, a lo largo de estos años, Bulmaro ha sido parte de esta lucha por la inclusión, para que los propios mexicanos entiendan que además de indígenas y mestizos, también existen negros en el país. Después de protestar por una visibilización, también lo hicieron por el reconocimiento a ser un pueblo más en México.
“30 años después de que empezamos nuestra lucha por esta distinción, hasta el año pasado, en agosto, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador nos dio el reconocimiento constitucional y eso hace que nos sintamos más visibilizados, además se sentaron bases para que las políticas públicas aterricen y se mengüe un poquito la discriminación, que esa es más que nada estructural, del Estado”, afirma Bulmaro García.
A pesar de toda esa lucha emprendida desde hace años, parece que apenas se han dado algunos cuantos pasos para obtener el reconocimiento, pero falta la justicia y el desarrollo, que con la pandemia se han visto afectados.
“En esta zona, la actividad principal es el campo y la agricultura, aunque también están los que viven del comercio no establecido, ambulante, pero si no hay a quién venderle, imagina cómo está nuestra economía”, comenta García Zabala.
Y aunque la zona afromexicana es de las menos contagiadas de COVID-19 en la provincia, tienen miedo de que los hospitales se saturen por casos de dengue o por pacientes con enfermedades crónicas, como la diabetes.
“Andamos en el campo porque creemos que tenemos menos riesgo de contagiarnos. No se está pescando para comercializar, pero sí para alimentarnos”.
García Zabaleta espera algunos pequeños apoyos por parte del gobierno para los productores agrícolas y ganaderos ya que además, les viene una etapa de sequía complicada.