La Comisión Nacional de Derechos Humanos denunció que pese a que hay leyes que protegen a los indígenas en el país, no se ha consolidado por completo la tutela de este grupo vulnerable.
“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subraya que la tutela efectiva de los derechos de la población indígena –compuesta por 15.7 millones de personas de las cuales 6.6 millones hablan una lengua originaria— no se ha consolidado plenamente en el sistema de prácticas sociales, jurídicas y políticas en el país”, evidenció el organismo autónomo a través de un comunicado.
El boletín revela que los derechos más vulnerados son: a la seguridad jurídica, al trato digno, a la integridad y seguridad personal, a la protección de la salud, de petición, a la igualdad, a la libertad y a la legalidad.
De acuerdo a expedientes de queja que se han emitido en la CNDH, en el país siguen persistiendo prácticas discriminatorias, racistas e intolerantes contra integrantes de pueblos y comunidades indígenas, así como como violencia de género en contra de las mujeres indígenas.
Además de la violencia, la mayoría de los 15.7 millones de indígenas que hay en el país, padecen falta de empleos bien retribuidos y dificultad en el acceso a la justicia.
El organismo recordó que la Encuesta Nacional sobre la Discriminación (ENADIS) 2017 reveló que el 75.6% de las 39,101 personas entrevistadas considera que las personas indígenas son poco valoradas por la mayoría de la gente; y 49.3% estima que los derechos de esa población son poco o nada respetados, mientras que el 40.3% de las personas indígenas declaró haber experimentado al menos una situación de discriminación.
Según la CNDH algunos de los hechos que atentaron en contra de los derechos indígenas se dieron entre 2015 y 2018, cuando el órgano autónomo emitió 17 recomendaciones específicas y dos generales.
“Versaron sobre el derecho a la consulta previa de pueblos y comunidades indígenas, inadecuada atención médica, violación al derecho a la protección de la salud y la vida, acceso a la información en materia de salud, consentimiento informado en servicios de anticoncepción, libertad y autonomía reproductiva y violencia obstétrica en el Sistema Nacional de Salud, así como discriminación a personas indígenas y privación ilegal de la libertad e impedimento al derecho a la educación”.
