Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), publicó su consulta a los integrantes del máximo tribunal para determinar la constitucionalidad de la ampliación de su mandato. Amparándose en la misma reforma que hoy somete a valoración, mantiene su postura de no emitir un pronunciamiento a título personal respecto a la denominada “Ley Zaldívar”, pero acelera el proceso de resolución mediante una medida extraordinaria y sin normas claras.
Tras dos meses de controversia, ha sido el propio Zaldívar quien propone una consulta en el pleno para que el máximo órgano constitucional finalmente fije una postura. Esto al amparo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Misma que, desde el 8 de junio, quedó modificada de acuerdo a la reforma impulsada por Morena en el Poder Legislativo y que el propio ministro presidente cabildeó.
Durante los meses posteriores a la aprobación de la “Ley Zaldívar”, el ministro presidente mantuvo un perfil bajo, incluso ambiguo, que cambió drásticamente al solicitar la consulta del tema a sus compañeros de pleno
Para analizar la decisión de Zaldívar de llevar a cabo una consulta entre los integrantes del pleno de la Suprema Corte, Reporte Índigo entrevistó a Tito Garza Onofre, académico de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien señala que el ministro presidente prefirió adelantarse a las fuerzas de oposición que planean una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 13 transitorio.
“La vía ordinaria, la vía natural para dar respuesta a esto, sería una acción de inconstitucionalidad que, como se ha mencionado en algunos medios de comunicación, ya existe un grupo de la oposición organizándola. Entonces, aquí lo que intenta hacer el ministro presidente es adelantar tiempos y utilizar las facultades que tiene como presidente de la Corte”, apunta Garza Onofre.
Esta decisión drástica por parte de Zaldívar sorprende aún más dado que, de acuerdo con la ley, se tiene un plazo de 30 días para presentar la acción de inconstitucionalidad a partir de que la reforma fue publicada.
En el caso particular de la judicial, apareció en el Diario Oficial de la Federación apenas la semana pasada, el lunes 7 de junio, por lo que aún queda el resto del mes para recurrir a esta vía.
“Puede generar una situación de mayor incertidumbre porque los ministros, de alguna manera, se están adelantando. Imaginemos que las fuerzas de oposición no se ponen de acuerdo y se les va el plazo. Ahí sí, como una vía extraordinaria, podría funcionar esta consulta. El precedente que deja esto es que se pueden declarar normas inconstitucionales por un mecanismo que ni siquiera está normado”, explica Garza.
Para presentar la acción de inconstitucionalidad se requiere del apoyo de una tercera parte de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión. Tras la publicación de la “Ley Zaldívar”, diputados de las bancadas opositoras y hasta algunos miembros de Morena que votaron en contra de la ampliación de mandato, se han unido para promover esta vía, aún cuando el ministro presidente ya ha presentado su consulta.
Una de las principales organizadoras de este bloque es Martha Tagle, diputada por Movimiento Ciudadano, quien en entrevista con Reporte Índigo explica las razones por las cuales seguirán con su plan de presentar la acción de inconstitucionalidad, aún cuando Zaldívar ya haya iniciado el proceso de consulta extraordinaria.
“Para declarar inconstitucional una parte de la ley no solamente basta que lo haga el pleno de la Corte, sino que tiene que haber un medio de impugnación, que en este caso es la acción de inconstitucionalidad. La única manera legal establecida para declarar inconstitucional la parte normativa de la reforma, que básicamente es el 13 transitorio, aunque podría abarcar más temas”
La legisladora reconoce la intención del ministro presidente de poner fin lo antes posible al “golpeteo” al que se ha expuesto a la Suprema Corte a raíz de esta ampliación de mandato.
Sin embargo, insiste en que el mecanismo marcado por la ley para este procedimiento no es la consulta, sino la revocación de mandato, así como que ésta podrá ser votada por el pleno en cuanto el mismo Zaldívar lo permita, es decir, una vez sea presentada.
Cambio de narrativa en polémica de Ley Zaldívar
Al ser el principal beneficiado o afectado por esta ampliación de mandato, Zaldívar optó por mantener un perfil bajo ante la polémica. Guardó silencio durante el debate parlamentario en torno al transitorio y, una vez aprobada, dejó la resolución final en manos de la Suprema Corte.
Pese a esta postura de guardar las apariencias, Zaldívar acudió en dos ocasiones a reuniones privadas en Palacio Nacional tan solo durante el mes de mayo. El día 6 visitó al presidente López Obrador para discutir temas de Estado que requieren la colaboración entre poderes, sin entrar en mayores detalles, mientras que el 20 la visita fue a su consejero jurídico, Julio Scherer, sin que se hicieran públicas las razones del encuentro.
Sin embargo, esta discreción por parte de Zaldívar pasa a un segundo plano. Si bien sigue sin pronunciarse directamente sobre la ampliación de mandato, es él mismo quien lleva la voz cantante en este nuevo ejercicio que se ha usado pocas veces. Ante esto, Garza Onofre apunta al cambio de la narrativa por parte del ministro.
“Es bastante dudoso cómo el ministro presidente ha cambiado su narrativa. Pareciera que, en un primer momento, era respetar los tiempos institucionales, no pronunciarse. De la noche a la mañana, parece que tiene que ser él quien hable, quien emita las principales líneas de acción en este caso. Ya también planteando las preguntas a sus compañeros de pleno”, postula.
Garza incluso señala que, con este cambio en su discurso, Zaldívar ha caído en contradicciones con la postura que adoptó apenas se aprobó la reforma judicial a finales de abril pasado. Contrastando que, en un inicio, dijo que estaría atento a los procesos de inconstitucionalidad que fueran presentados contra la norma, pero ahora recurre a la consulta, la cual ni siquiera cuenta con un reglamento claro sobre cómo debe realizarse entre los integrantes del pleno.
