Indemnización por Río Sonora a medias

on disminución en sus cosechas y la constante incertidumbre de si el agua del Río Sonora está limpia o no, es como han vivido los últimos cinco años los habitantes de Sonora.

El 6 de agosto de 2014 se registró un derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora. La responsable fue la empresa minera Buenavista del Cobre la cual pertenece a Grupo México, propiedad del segundo hombre más rico del país, el empresario Germán Larrea.

Como consecuencia del que es considerado el peor desastre ambiental de la actividad minera en el país, se afectaron los 250 kilómetros del cauce, alterando a los siete municipios aledaños y la vida de más de 22 mil personas.

Cinco años y cinco amparos después, los representantes de los sonorenses y organizaciones de la sociedad civil pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que la figura del llamado Fideicomiso Río Sonora –fondo creado por Grupo México como parte de las medidas impuestas por el gobierno para la reparación de los daños– se transparente para que así puedan participar y ser escuchadas las partes afectadas.

“El argumento para no transparentar los acuerdos del Fideicomiso es que se trata de un asunto privado, es decir, como solamente participó la empresa (Grupo México) y el gobierno mexicano, se escudan en que solo ellos pueden plantear los acuerdos del mismo” explicó Luis Miguel Cano, representante legal de la organización civil Poder.

En entrevista, el abogado asegura que los dichos para incumplir la rendición de cuentas son inválidos ya que, de acuerdo a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, quien llega a cometer contaminación o daño a la tierra puede acordar una vía de solución siempre y cuando lo haga con las partes afectadas, en este caso con los habitantes de los siete municipios.

“Con base en los artículos 47 y 48 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, no se pueden hacer acuerdos a espaldas de las partes dañadas. Grupo México y el gobierno hicieron un fideicomiso sin informar a los afectados y sin pedirles su participación. Anunciaron que éste tendría un monto de dos mil millones de pesos pero sólo se ejercieron mil 200 millones, es decir, apenas el 60 por ciento de lo aprobado”, sostiene Cano.

Sin embargo, las organizaciones y los habitantes denuncian que dicha cantidad fue insuficiente para resarcir el daño, pues sirvió únicamente para hacer obras negras.

“Grupo México prometió 39 plantas de agua, luego dijeron que 27 y al final sólo compraron nueve de las cuales ninguna funciona, hicieron caso omiso sobre la necesidad de crear un plan de reactivación agropecuaria para la economía local; no hay monitoreos de salud ni de sangre para los afectados y la clínica que se iba a construir para los mismos sigue en obra negra al día de hoy”, señala Fernanda Hopenhaym, codirectora ejecutiva de Poder.

De 40 a seis hectáreas pierde agricultor en Sonora

“Antes del derrame yo podía cultivar hasta 60 hectáreas de calabaza y trigo, ahora hay días que apenas y llego a seis”, dijo Óscar Encinas, representante del municipio de Ures (uno de los afectados), quien definió estos últimos cinco años como un periodo de desesperanza.

Para el campesino de más de 60 años, el fideicomiso para reparar el daño fue mal fundado y pésimamente administrado.

“En la negociación participó el entonces subsecretario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Rodolfo Lacy Tamayo, pero nunca vio nuestro río. Ahora lo que queremos es que este gobierno si ponga su mirada en nosotros, buscamos que simplemente se reabra ese fideicomiso y se nos convoque para participar en él”, expresó Encinas.

Mañana la Suprema Corte decidirá sobre el amparo impuesto en septiembre del año pasado, donde se cuestionan las decisiones de repartición. Por ello, las organizaciones incitaron a que el máximo tribunal escuche y dé el fallo a favor de los afectados, algo que en su consideración sería un hecho histórico en beneficio a las víctimas y para detener el camino de la impunidad empresarial.

Al cuestionarle a Hopenhaym cual es el siguiente paso de obtener el fallo a favor, dice que urge saber el destino de los 800 millones de pesos que prometió dar Grupo México, así como transparentar a detalle cómo se usó el monto aprobado; hacer una evaluación sobre qué otras inversiones necesitan los habitantes y garantizar su derecho a la salud ya que no se llevó a cabo la vigilancia epidemiológica que en su momento se prometió.

En julio de este año, la Semarnat reveló que existe un registro de 22 accidentes de Grupo México que ya se están investigando.

Esta noticia se dio tras el incidente del pasado 10 de julio, cuando una falla en una de las válvulas del sistema de contenedores de la compañía Metalúrgica de Cobre –parte del consorcio del empresario Germán Larrea– generó la derrama de tres mil litros de ácido sulfúrico en el Mar de Cortés.

La dependencia dio a conocer que el 10 de mayo de este año se dio otro derrame de químicos, esta vez con una afectación a la comunidad de San Martín Sombrerete, en Zacatecas.

Ante dicha situación el titular de Semarnat, Víctor Toledo aseguró que realizará una revisión muy cuidadosa de los hechos para después emitir una declaratoria por todos estos casos.

“La ley faculta a la Semarnat a tomar las decisiones como suspender actividades de una industria o actividad turística cuando lo considere pertinente. No quiere decir que lo vamos a hacer, pero estamos examinando el caso”, mencionó.