"Cuando se hace alguna acusación de este tipo lo primero que hace el obispo es detener la actividad del sacerdote como tal, se suspende"
Las indagatorias fueron inscritas en la base de datos de la FGE de atentados al pudor de menores, durante el periodo de 2007 al 2013
En los archivos de la Fiscalía General del Estado (FGE) hay tres investigaciones sobre pederastia clerical, esto es, en contra de sacerdotes que fueron denunciados penalmente por agredir sexualmente a menores de edad, un par de estas en Guadalajara, y una más en Puerto Vallarta.
En cada una de las averiguaciones previas hay una víctima y todas, de acuerdo a la información de la FGE, tenían entre 10 y 17 años de edad cuando ocurrieron los hechos; los de Guadalajara están fechados en 2009 y 2012, mientras que el de Puerto Vallarta es del 2010.
Las indagatorias fueron inscritas en la base de datos de la dependencia de atentados al pudor de menores, y aunque comprende todo el periodo de 2007 al 2013 (marzo), solo esas involucran a sacerdotes.
Su identificación es posible por la variable “Relación del ofendido con el inculpado”, donde se asienta que su interacción se dio por la calidad de ministro religioso del agresor; en los casos de Guadalajara se indicó “sacerdote”, en Vallarta también se anotó “católico”.
Esta estadística debe contextualizarse con la evaluación que hizo al Vaticano y sus políticas el Comité de los Derechos del Niño, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para advertir el 31 de enero del 2014:
“El abuso sexual infantil, cuando es abordado, ha sido tratado como ofensas graves contra la moral a través de procedimientos confidenciales para estipular medidas disciplinarias, lo que ha permitido que una vasta mayoría de los abusadores y casi todos los que han ocultado el abuso sexual infantil, escaparan de los procedimientos judiciales en los estados donde los abusos se cometieron.
“Debido a un código de silencio impuesto sobre todos los miembros del clero bajo la pena de la excomunión, los casos de abuso sexual infantil difícilmente han sido reportados a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en los países donde los crímenes ocurrieron”.
Pese a ello, la Arquidiócesis de Guadalajara asegura que hay nuevas posturas que airean desde el Vaticano, y cuyo impacto local la ha llevado a adoptar cambios normativos para una acción ágil y responsable ante este tipo de hechos.
Al exponérsele estos datos, Antonio Gutiérrez Montaño, vocero de la Arquidiócesis de Guadalajara, dijo con respuestas claras e, inclusive, autocríticas:
“Es un asunto verdaderamente importante y lastimoso que haya situaciones de este tipo en las que intervenga algún clérigo.
“Se aplica toda la normatividad que ha establecido la misma Iglesia para darle solución y cauce a este tipo de asuntos y casos. Sí preocupa, quisiera uno que nunca se dieran, desgraciadamente no los podemos negar absolutamente”.
Un ejemplo es que ahora en Jalisco los obispos que rigen las diócesis están obligados a suspender de inmediato al sacerdote señalado de pederastia:
“Cuando se hace alguna acusación de este tipo lo primero que hace el obispo es detener la actividad del sacerdote como tal, se suspende.
“En ese momento es presuntamente culpable hasta que no se demuestre lo contrario, y se le da cauce a la investigación”.
Esto elimina –al menos en teoría- la grave práctica de mover de un templo a otro al sacerdote que era objeto de denuncias, poniendo en riesgo a otros infantes, y con el encubrimiento que ello implicaba de la autoridad eclesiástica.
“Existía esa tendencia”, reconoce el vocero de la Arquidiócesis, “en el tiempo que yo he estado relacionado con la comunicación, de los únicos casos que me he enterado son de suspensión, no de traslado a otro lugar, pero tampoco puedo negar que en otro tiempo -no me consta ni una cosa ni otra, pero no lo puedo negar- de que con solo moverlos pensaban que se iba a acabar el problema o a la gente se le iba a olvidar.
“Por supuesto que eso en este momento en la Arquidiócesis de Guadalajara ya no se da, ya tan solo con una denuncia, incluso aunque llegara a ser falsa, lo primero que se hace con el sacerdote es supenderlo, hasta que no se demuestre lo contrario”.
La ONU habla de decenas de miles de abusos sexuales a infantes cometidos por clérigos católicos a nivel mundial.
El 6 de mayo, ahora ante el Comité contra la Tortura, el Vaticano, en voz del arzobispo Silvano Tomasi, informó haber investigado 3 mil 420 de estos casos entre 2004 al 2013, ocurridos entre 1950 y la década de los 80, lo que llevó a la expulsión de 848 sacerdotes.
Sin embargo, dijo desconocer cuántos tuvieron sanciones penales.
Estas lagunas en la información también existen en la Arquidiócesis de Guadalajara, la cual afirma ignorar cuántos hechos de pederastia clerical se han dado en Jalisco más allá de los datos de la FGE.
No sabe, incluso, cuántos sacerdotes se han procesado bajo sus normas internas.
Si bien esto podría parecer resultado de una “tendencia” a encubrirse no superada, también es cierto que el diseño administrativo-estructural de la Iglesia no le permite concentrar a la Arquidiócesis la información que generan las ocho diócesis que componen su provincia eclesiástica (cuatro cubren todo Jalisco, el resto está fuera de este).
Esto se debe a que los obispos que gobiernan cada una de esas diócesis tienen el mismo rango que el arzobispo de la capital, y no rinden cuentas.
“No hay una relación jerárquica de superioridad entre el (arzobispo) de Guadalajara y sus sufragáneas, cada obispo es independiente”.
En esta opacidad debieron existir abusos sexuales que nunca se conocieron más allá de las diócesis donde ocurrieron, manejados a discreción absoluta del obispo en turno; por ello, otro cambio adoptado es la obligación por notificar cualquier caso al Vaticano.
“Se manejaba a nivel local, a nivel diócesis”, explica el vocero, “ya si era necesario por alguna razón, porque había una apelación, porque había una contrademanda, etc, si jurídicamente ameritaba trasladarlo a un ámbito universal, se trasladaba.
“Ahora todos los casos tienen que ser trasladados ahí (…) que no solamente se enjuicie a nivel local, la jurisdicción eclesiástica se amplía para que haya un juicio amplio, para evitar que haya alguien en el interior que pueda estar encubriendo o tapando algo”.
¿Cuánto vale el silencio?
Otras técnicas de la Iglesia impiden que estos delitos tengan un cauce legal. El Comité de los Derechos del Niño halló que “la confidencialidad ha sido impuesta a los infantes victimizados y a sus familias como condición para una compensación económica”.
El vocero de la Arquidiócesis puntualiza: “se habían tomado este tipo de compensaciones económicas no tanto por la aplicación de una ley de la restitución, más bien era de carácter moral, a veces desgraciadamente como para decir : ‘hay que pararlo ahí’, no tanto como restitución, sino como silencio. Cuánto vale el problema que te causé, pero eso ya se ha evitado”.
La Iglesia ahora se exige colaborar cuando lo solicita la autoridad, esto ya ocurre en Jalisco, pero aún no asume ni aquí ni en Roma la obligación por dar el primer paso, por reportar al ámbito penal cualquier abuso del que tenga conocimiento, lo que ha solicitado la ONU, pero se sigue dejando al ofendido.
Los pocos casos de pederastia clerical, que a través de todos estos obstáculos han logrado insertarse en la estadística criminal de la FGE por el impulso de sus víctimas, tienen un seguimiento institucional que ya no permite su monitoreo.
En una nueva solicitud de información para conocer el estatus de los expedientes, la FGE se dijo imposibilitada para responder, pues no los sistematiza en una base consultable.
