Por partida doble, la reforma penal en Nuevo León está tronando la capacidad de la Procuraduría del Estado.
Y es que según los datos que dio a conocer ayer el Cuarto Informe del Observatorio Ciudadano de la Justicia, la proyección de la incidencia del delito para el nuevo sistema rebasó las proyecciones.
Con ello también excedió la capacidad instalada de la Procuraduría del Estado, en la que se han erogado cerca de 500 millones de pesos del erario para adaptarla al nuevo sistema de justicia penal.
El Informe fue revelado por la organización Renace, pero algutina a más de 30 organizaciones civiles.
Las cifras reflejan el estancamiento y la falta de capacidad para lidiar con la incidencia de los delitos que este año deben ser investigados y procesados bajo el nuevo sistema.
Y es que a partir de enero entraron con el nuevo sistema varios delitos, como el robo y la violencia intrafamiliar.
Pero el número de estos casos sobrepasó la incidencia de los delitos averiguados con el viejo sistema y también las proyecciones que se habían hecho por parte de las entidades implementadoras.
De 49 mil 306 delitos registrados por la Procuraduría del Estado en el año 2012, 10 mil 877 correspondieron al nuevos sistema penal, lo que representó un 21.6 por ciento.
Pero para los primeros cuatro meses de este año, de un total de 22 mil 266 delitos, 13 mil 35 ya tuvieron que ser investigados con el nuevo sistema, lo que significa un 58.5 por ciento.
El doble de delitos que tienen que ser investigados con el nuevo sistema de los que se esperaba para este año, porque se proyectaba que el incremento en la incidencia sería del 30 por ciento.
Además de este rebase a la capacidad de la Procuraduría de atender los delitos con el nuevo sistema, el informe revela que el crecimiento general en la implementación de la reforma es muy lento.
Por ejemplo, en el periodo de noviembre de 2012 a marzo de 2013, el Estado de Nuevo León fue calificado con un avance del 76 por ciento en la implementación del nuevo sistema de justicia penal.
Esto significa solamente un avance de 4 puntos porcentuales en relación a noviembre de 2012.
Cuando para diciembre, ocho meses después de la última medición, debería estar implementado el 100 por ciento.
En pocas palabras, al paso que marcha la implementación, 1 punto porcentual por mes de avance, solamente llegaría al 84 por ciento para diciembre y no cumplirá su meta del 100 por ciento de implementación.Armando Fernández pasó nueve años de servicio ininterrumpido como el médico legista de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hasta que la ombudsman Minerva Martínez le pidió convertirse en su doctor personal.
Al negarse a tal propuesta y no aceptar un cambio en la disponibilidad de su horario de trabajo, asegura, fue despedido el 26 de mayo del año pasado.
“Me dice que en vista de que yo no había acudido a un llamado de ella, porque estaba mal, me veía como una persona rebelde.
“Yo le dije: ‘Soy un coordinador de los Servicios Periciales de una institución que es la Comisión Estatal de Derechos Humanos y, con el respeto que usted me merece, yo no soy el médico de la presidenta’”, dice Fernández en entrevista.
El caso del doctor se suma al de otros extrabajadores del organismo que han denunciado tortura y “bullying” de parte de la titular.
El excoordinador presentó una demanda laboral contra la presidenta del organismo ante el Tribunal de Arbitraje del Estado, aún pendiente de resolución.
En el recurso reclama la reinstalación en su trabajo, salarios caídos y retenidos, y el tiempo extra que no le fue pagado.
En la reclamación laboral P-(1/59/12), el médico indica que cumplía con su horario de trabajo de lunes a viernes, pero que fue obligado a laborar los fines de semana y hasta días festivos.
Un día fue llamado por la ombudsman a su oficina, donde le manifestó que fue cesado por “decisión unánime”.
“(Ella dijo) que afrontara con madurez la determinación y me abstuviera de ejercitar acciones en contra de la demandada, ya que de lo contrario me atendría a las consecuencias de mi desacato”, se lee en el escrito.
El excoordinador dice que la presidenta le exigió registrar sus entradas a la institución, pero que su trabajo demandaba constantes salidas, sin estar sujeto a un horario y con una disponibilidad diferente a la de un empleado regular.
“Me cambia unilateralmente las condiciones de trabajo (disponibilidad del suscrito) por un horario y el ‘chequeo de tarjetas’ de entradas y salidas, que además de violentar la relación contractual, atenta contra mi dignidad”, reclamó.
En su respuesta a esa demanda, la ombudsman asegura que los actos reclamados por el exmédico legista eran infundados e improcedentes.
“El demandante se conduce con falsedad ante este H. Tribunal, al referir que laboró horas extras que conllevan a horarios que son exagerados e imposibles de considerar ciertos”, afirmó la titular.
Martínez manifestó que tampoco era cierto que el día del despido se encontraba en su oficina porque, según ella, en ese momento estaba en un viaje a la ciudad de Washington, en Estados Unidos.
Y recalca que el médico fue cesado “ante la pérdida de confianza” por incumplir con su horario.
Ante la falta de una resolución en el Tribunal de Arbitraje del Estado, el excoordinador se vio obligado a recurrir a la protección de la justicia federal con un amparo, en el que también reclama su reinstalación al cargo por el despido injustificado.
