A partir del 1 de enero de 2022, el Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad (ITPCD), el primero en su tipo a nivel nacional, será adherido a la Secretaría del Bienestar, donde la ahora gobernadora Lorena Cuéllar fungió por casi dos años como delegada estatal de Programas Integrales de Desarrollo.
Lo anterior, de acuerdo con la publicación del decreto número 345, correspondiente a la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Tlaxcala, el pasado 6 de septiembre en el Periódico Oficial del Gobierno estatal.
Medios locales reportaron que funcionarios del Gobierno de Tlaxcala dieron a conocer que el ITPCD será incorporado a la nueva dependencia “para no tener doble función”, pues se encargará de la atención a las poblaciones vulnerables, como las que se encuentran en condición de discapacidad.
No obstante, el anuncio ha generado inconformidad entre los trabajadores, pues acusan que no ha habido suficiente información ni comunicación respecto a su futuro laboral ni las condiciones que habrá para los beneficiarios.
Gabriela Hernández Islas, recién nombrada titular del ITPCD, señala en entrevista con Reporte Índigo que fueron notificados de la desaparición del Instituto el pasado miércoles 8 de septiembre por medio de la hija de la nueva mandataria local.
“Fue a vernos y le avisó a su servidora que el Instituto iba a desaparecer, a raíz de la creación de una nueva legislación para administración pública local que se aprobó el 21 de agosto. En virtud de esa nueva ley van a desaparecer algunos institutos, entre ellos el Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad.
“Pero se tenía planeado, o al menos así lo establece la legislación, que la desaparición se diera paulatinamente y que en enero ya se encontrara totalmente fusionado con la Secretaría del Bienestar, pero sí nos tomó por sorpresa el periodo, porque es septiembre y faltan algunos meses para que la Ley entre en vigor”, manifestó.
La hija de la gobernadora se comprometió a ir hoy para hablar con cada trabajador
Asimismo, Gabriela Hernández declaró que María Fernanda calificó como “un error” su nombramiento al frente del Instituto, y le pidió que se comunicara directamente con la gobernadora para saber qué hacer. Posteriormente, le solicitó las llaves y la documentación respectiva al ITPCD.
“Salimos de la oficina, se explicó la situación a los demás empleados, pidió cerrar las instalaciones; sin embargo, las psicólogas y el fisioteraputa le hicieron saber que había gente a la cuál atender”, comentó.
Dijo que la hija de la gobernadora Lorena Cuéllar se comprometió a ir este lunes para hablar de manera individual con cada trabajador, pero parte de la incertidumbre es no saber lo que sucederá con los pacientes, sus tratamientos y la entrega de sus apoyos.
“Pese a que me tomaron protesta nos hicieron a un lado y no sabemos qué va pasar, quién va a estar a la cabeza, si se va a entregar la administración de septiembre, si se van a cerrar las puertas, no sabemos nada”, señaló.
Debido a las condiciones generadas por la pandemia de COVID-19, Gabriela Hernández señala que no hay un registro de cuántas personas que hasta el momento se benefician de las labores del Instituto quedarán sin certeza, y denuncia que es constante que las administraciones salientes o entrantes no tomen en cuenta a este sector de la población en la toma de decisiones.
“Siempre hacen cosas sin tomar en consideración a las personas con discapacidad, se supone que incluso está en la Constitución (…) Nuestra voz no es escuchada, somos atropellados, somos vulnerados, no se nos toma en consideración, somos ignorados. Y eso genera que todos los pacientes, que todas las personas que trabajan en el Instituto, no sepan qué va a pasar”, concluyó.
