El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) puso a disposición de la ciudadanía información referente al espionaje de comunicaciones privadas y del caso Pegasus.
Dentro del micrositio “Ante la opinión pública” se puede encontrar todas las solicitudes de acceso a la información presentadas de 2004 a 2021 sobre la intervención de teléfonos y otras formas de comunicación.
El objetivo es contribuir a una mejor rendición de cuentas hacia la sociedad sobre los recursos públicos destinados por el Gobierno Federal para la intervención de comunicaciones privadas, una actividad que representa una seria amenaza a la protección de datos personales y a la privacidad de la ciudadanía.
En el periodo señalado, se identificaron 3 mil 983 solicitudes de acceso a la información sobre el tema; las dependencias que acumulan el mayor número son la Fiscalía General de la República (FGR) con 641; la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con 561; la Secretaría de Gobernación (Segob) con 518; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con 434; la Secretaría de Marina (Semar) con 335, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con 308.
Entre lo más solicitado se encuentran los contratos suscritos por dependencias con empresas que prestan el servicio de intervención de comunicaciones privadas; el total de recursos públicos destinados a esta actividad; las denuncias presentadas por presunto espionaje, y el número de solicitudes de intervención.
En el mismo periodo, se interpusieron ante el INAI un total de 315 recursos de revisión ante la inconformidad de las personas por la respuesta otorgada a sus requerimientos. De ese total, en 105 casos, el Pleno modificó la respuesta y, en 37, la revocó para instruir la entrega de información; en el resto de los recursos resolvió confirmar, desechar, sobreseer u ordenar.
Las instituciones que concentran el mayor número de recursos son la FGR con 62; la Sedena con 37; la Segob con 32; el Consejo de la Judicatura Federal con 28, y la Oficina de la Presidencia de la República con 27.
Destaca el recurso RRA 6309/17, en el que el Pleno del INAI ordenó a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) entregar versión pública del contrato celebrado para la adquisición del software conocido como “Pegasus”.
La PGR había reservado el contrato en su totalidad, sin embargo, se determinó procedente la entrega en versión pública, protegiendo solo las especificaciones técnicas y métodos de operatividad del software, así como los datos de las personas que participaron en la contratación y tenían conocimiento de su funcionamiento.
Otro asunto relevante, es la investigación de oficio (INAI.3S.07.01-007/2018) en materia de protección de datos personales, iniciada en contra de la FGR, en la que el Pleno del INAI determinó que, con el uso de Pegasus, la Fiscalía incumplió con el deber de seguridad y el principio de responsabilidad, previstos en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Se resolvió dar vista al Órgano Interno de Control en FGR, a fin de que determinara si los servidores públicos a cargo de operar el software incurrieron en responsabilidades administrativas, así como a la Auditoría Superior de la Federación para que verificara los bienes y servicios contratados por la entonces PGR, relacionados con Pegasus, e investigara, en el marco de sus atribuciones, los actos u omisiones que implicaran alguna irregularidad, conducta ilícita o comisión de faltas administrativas.
Además, se determinó presentar una denuncia ante el Ministerio Público Federal, por hechos presuntamente constitutivos del delito de ejercicio ilícito de servicio público, previsto en las fracciones IV y V del artículo 214 del Código Penal Federal.
En cuanto a la información disponible en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la PNT, se localizó el contrato suscrito por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, de la entonces PGR, por un monto de 107 millones 786 mil 823 pesos.
El contrato tuvo por objeto el “servicio de actualización del licenciamiento y nuevos dispositivos del software, mantenimiento y mejoras en servicios, servidores y estaciones de trabajo de la plataforma NSO Pegasus de la Procuraduría General de la República”.
Adicionalmente, se identificaron 16 contratos suscritos por distintas dependencias, a nivel federal y estatal, con las empresas que la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP relaciona con la adquisición de Pegasus, entre los que se ubica uno celebrado entre la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y la empresa Proyectos y Diseños VME, en agosto de 2016, por un monto de 113 millones 41 mil 500 pesos.
El objeto de dicho contrato fueron los “servicios de actualización del licenciamiento y de nuevos dispositivos del software, instalación de un módulo de análisis y las actualizaciones, mantenimiento y mejoras en servicios, servidores y estaciones de trabajo de la plataforma NSO Pegasus de la Procuraduría General de la República”.
Por último, se localizó en el sistema Compranet del Gobierno Federal un contrato suscrito por la Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para el arrendamiento de licencias del software Pegasus.
