El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) entregar una versión pública con el grupo Tech Bull, S.A. de C.V., filial de la firma NSO Group, que habría tenido como fin la compra del malware Pegasus, con el que presuntamente se espió a políticos de oposición, periodistas, activistas, y defensores de los Derechos Humanos.
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Como informó Reporte Índigo el año pasado, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad fue la organización que identificó a Tech Bull, S.A. de C.V. como el mediador en la compra del programa: “Gracias a documentos obtenidos mediante el Registro Público de la Propiedad, se pudo identificar a Carlos Cayetano Miguel como uno de los dueños de la empresa Tech Bull, a quien entrevistaron y sus respuestas no coincidieron con lo estipulado en las actas”.
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“El presente asunto da cuenta de la importancia que sigue teniendo para la ciudadanía conocer todo lo relacionado con las adquisiciones que hace el gobierno Federal de este tipo de herramientas tecnológicas, las cuales han sido controvertidas por su utilización”, planteó el comisionado Oscar Guerra Ford al presentar el caso ante el Pleno del INAI.
Guerra Ford comentó que “si bien ese tipo de herramientas son utilizadas por el Estado para tareas de inteligencia, en cada uno de los casos que se busque acceder a la vida privada de las personas, se debe atender los elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad”, y destacó que “todas las contrataciones son públicas y los sujetos obligados deben acostumbrarse a dar cuenta del ejercicio de los recursos públicos, ya que se trata del dinero de la ciudadanía”.
En un comunicado, se informa que un particular solicitó la versión pública de cualquier documento relacionado con la contratación o compra de algún software de NSO Group, y que en respuesta, “la PGR reservó la información argumentando que su difusión obstaculizaría las estrategias y acciones para combatir a la delincuencia organizada y garantizar la seguridad pública y nacional”.
“Inconforme, el particular interpuso un recurso de revisión ante el INAI, mediante el cual expuso que la dependencia violó el principio constitucional de máxima publicidad y su derecho de acceso a la información. En alegatos, la PGR reiteró la reserva”, da cuenta el mensaje del INAI.
El INAI indicó que para atender el caso se celebró una audiencia, en la que representantes de la PGR señalaron la existencia de un contrato celebrado con el grupo Tech Bull.
“El comisionado ponente tuvo a la vista el contrato y su anexo técnico, y luego del análisis y revisión del contenido, constató la existencia de diversos apartados que constituyen información pública, como el objeto del mismo, el importe total y precio unitario, anticipo y amortización, forma y lugar de pago, vigencia, obligaciones del proveedor y del sujeto obligado, entre otros”, dijo el Instituto.
