La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) vinculó a proceso a José Luis Moyá Moyá, quien se hace llamar el “Zar de las solicitudes de información”, y lo mantendrá en prisión preventiva en el Reclusorio Varonil Sur mientras avanza el juicio en su contra por supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita detectadas desde 2023.
Con la finalidad de avanzar en el caso, el juez, durante la continuación de la audiencia de cumplimiento de la orden de aprehensión, ordenó congelar las cuentas bancarias y otorgó un periodo de tres meses para la investigación complementaria.
Las pruebas presentadas por el Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación Estratégica en la diligencia apuntan a la posible implicación del individuo en movimientos financieros sospechosos que sugieren “lavado de dinero”.
El término constitucional fue duplicado tras la solicitud de la defensa del imputado a la autoridad judicial, aunque esto se hizo bajo la condición de prisión preventiva.
Los señalamientos contra José Luis Moyá Moyá no se limitan a este caso; desde hace más de 15 años se le acusa de abusar del sistema de transparencia en México para obtener ventajas ilícitas.
Desde el año 2002, José Luis Moyá registró más de mil solicitudes ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), con el propósito de usar la información obtenida para extorsionar a empresarios, políticos y funcionarios públicos, según investigaciones periodísticas.
La participación de Moyá Moyá como panelista en el Palacio Legislativo de San Lázaro en agosto de 2023, en la que denunció actos de corrupción de ciertos funcionarios, fue cuestionada cuando un asistente lo acusó públicamente de manipular datos con fines de lucro, al generar dudas sobre su credibilidad.
Entre las acusaciones contra el imputado el usurpamiento también se encuentran de funciones para obtener acceso a información privilegiada.