Impunidad total por explosión en Tlahuelilpan

Las indagatorias que fueron emprendidas por el Gobierno de Hidalgo durante la gestión de Omar Fayad Meneses, así como por la  Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Fiscalía General de la República (FGR), sobre la explosión ocurrida en Tlahuelilpan en el año 2019, mantienen en impunidad aquel suceso donde perdieron la vida más de 100 personas.

Aunque han transcurrido más de cuatro años de aquella explosión originada por una fuga de hidrocarburo, que habría sido causada por una toma clandestina, ninguna de las investigaciones que iniciaron esas tres instancias ha arribado a conclusiones que permitan despejar las interrogantes que siguen prevaleciendo sobre el desarrollo de esos hechos.

Desde la conferencia matutina del presidente, Andrés Manuel López Obrador, se llegó a afirmar que las investigaciones arrojarían resultados concretos, y que se daría con los responsables; mientras que la oposición política destacaba que el manejo de la situación había sido deficiente por parte de las autoridades, pues evitaron dispersar a las cientos de personas que se conglomeraron en el sitio de la fuga, muchas de las cuales, a la postre, perderían la vida.

En el caso de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, que inició en su momento decenas de carpetas de investigación sobre los hechos, todas terminaron archivadas y sin haber realizado ninguna detención, según lo confirma un reporte de la institución obtenido vía transparencia.

El documento señala que la apertura de las indagatorias se dio del 18 al 21 de enero de 2019, cuando Fayad Meneses continuaba como gobernador del estado.

“No obstante se informa que se iniciaron un total de 85 expedientes que se acumularon por tratarse de un mismo hecho. (…) Las carpetas de investigación se iniciaron por lo que resultara de la muerte y hechos posiblemente constitutivos de delito (folio 130213100109323)”.

Con respecto al estatus jurídico que guardan estas investigaciones, el informe brindado por la subprocuradora Poniente, Julia Isabel Granados Hernández, menciona que se determinó el archivo temporal.

“En términos de los artículos 131 fracción XIII y 254 del Código Nacional de Procedimientos Penales en la carpeta de origen y sus acumuladas se determinó el archivo temporal”.

Por su parte, la Comisión Nacional confirmó vía transparencia que también abrió una indagatoria sobre el caso, pero que esta sigue sin tener conclusiones, no obstante todo el tiempo que ha transcurrido.

“Se localizó un expediente de queja el cual se identifica con el número CNDH/2/2019/555/Q, mismo que se encuentra con estatus de en trámite; (…) dicho expediente se inició de oficio”.

Impunidad persistente

La explosión de Tlahuelilpan ocurrió el 18 de enero de 2019, y los registros proporcionados muestran que solo unos días después, el 21 de enero de 2019, la Comisión Nacional emprendió su indagatoria; sin embargo, tras más de cuatro años, no hay ningún resultado.

“Le informo que, toda vez que el referido expediente se encuentra en trámite, no existe resolución alguna; asimismo, considerando el estatus de en trámite del expediente CNDH/2/2019/555/Q, el mismo se clasifica como información reservada (Folio 330030923000903)”.

Rosario Piedra Ibarra, la actual presidenta de la Comisión Nacional, rindió protesta al cargo el 12 de noviembre de 2019, sin embargo, desde entonces su desempeño ha recibido múltiples cuestionamientos por voces que consideran que la institución se ha plegado a los designios del presidente López Obrador.

Sin olvidar que el procedimiento que se siguió para su selección también fue criticado.

Finalmente, la FGR indicó que por la explosión de Tlahuelilpan recibió una denuncia, misma que fue presentada por el apoderado legal de Petróleos Mexicanos, y con la cual se inició una carpeta de investigación el 18 de enero de 2019.

No obstante, prevalece la falta de resultados, pues sobre el estatus jurídico que guarda el expediente reportó vía transparencia que está “en trámite”.

“No se cuenta con personas detenidas; toda vez que la investigación se encuentra en trámite, no existen personas sentenciadas (Folio 330024623001863)”, agregó.

El 17 de enero de 2020, el PAN emitió un comunicado sobre Tlahuelilpan, en el que señala que su dirigente nacional, Marko Cortés Mendoza, destacó que esta explosión siempre estará vinculada al gobierno morenista, pues nadie puede quitarle la responsabilidad política en torno a la investigación pendiente.

“Las preguntas fundamentales siguen siendo las mismas: ¿por qué se dejó que ocurriera la tragedia? ¿Por qué no se envió a más militares para contener a la multitud? ¿Por qué no se cerraron a tiempo las válvulas del ducto? El gobierno debe ofrecer una explicación que satisfaga al pueblo de México”, dijo el dirigente albiazul.

Promesas de justicia

En la conferencia del presidente del 19 de enero de 2019, el fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, se refirió al delito de robo de hidrocarburos, para luego prometer resultados para el caso de Tlahuelilpan.

“Este delito es un delito muy grave, que tiene una penalidad de entre 20 y 30 años. Todas las fuerzas periciales federales están trabajando con las del estado para levantar todos los peritajes que nos van a determinar con precisión la responsabilidad de quienes cometieron o quien cometió este delito intencional, que tiene todas las consecuencias que han oído ustedes.

“Y el señor procurador del estado me ha manifestado que también en Hidalgo se van a dar a conocer todas las documentaciones que sean necesarias y que no vayan a impedir el debido proceso, pero sí necesita en este caso tener una claridad absoluta de todo lo que pasó, cómo ocurrió, cuáles fueron las consecuencias, porque este tema, que lo hemos estado tratando en forma cotidiana, tiene que quedar muy claro”, agregó.