"Gobiernos y funcionarios de todos los colores partidarios y de todos los niveles jerárquicos han estado inmiscuidos en denuncias públicas que involucran el uso y abuso del poder para beneficio privado"
La impunidad es la que se impone en los actos de corrupción en México.
El Barómetro de las Américas 2014, ubica a México como el cuarto país de América Latina en donde es más común el pago de sobornos, tan sólo por debajo de Haití, Bolivia y Paraguay.
Además, de 444 denuncias por soborno que fueron presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desde 1998 hasta el 2012, sólo siete fueron consignadas, es decir, 1.5 por ciento.
En contraste, entre 1996 y 2014 el número de notas periodísticas sobre corrupción tuvo un crecimiento de más de 5 mil por ciento. Pasó de 502 a 29 mil 505 notas en 18 años, de acuerdo al informe “México: anatomía de la corrupción”, del Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco) y del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Ese mismo análisis revela que el 44 por ciento de las empresas en México reconoció haber pagado un soborno, esto ubica al país solo por debajo de Rusia.
En el comparativo internacional, el país califica como uno de los primeros en el que los empresarios recurren de manera más frecuente a los sobornos.
Además, los encuestados respondieron que el 75 por ciento de los pagos extraoficiales que hacen las empresas mexicanas se utiliza para agilizar trámites y obtener licencias y permisos. Finalmente, una tercera parte de estos pagos se entregan a dependencias municipales.
Monreal denuncia
La semana pasada, el equipo jurídico del delegado de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, presentó una denuncia de hechos ante la Procuraduría capitalina, por la entrega de un paquete con 1.5 millones de pesos en las oficinas de la jurisdicción.
El delegado comentó que ese dinero podría tratarse del llamado “niño” o pago a la delegación por parte de los establecimientos que, a partir de dádivas, buscan beneficios, así como a funcionarios que a partir de estos privilegios realicen sus funciones.
El PRD acusó a Monreal de haber manipulado el dinero que recibió cuando su obligación era ponerlo a disposición del Ministerio Público.
Y por eso, Monreal sí puede ser castigado. Y es que en febrero de este año, el pleno del Senado avaló por unanimidad la reforma de la Cámara de Diputados para afinar la ley que castiga la corrupción en el sector público y los particulares.
Dicha legislación esclarece de manera explícita que se castigará como cohecho cuando un servidor público por sí o por interpósita persona solicite o reciba dinero o cualquier otra dádiva, para realizar su trabajo. La pena sería de hasta 14 años de cárcel.
Una iniciativa contra la corrupción
En mayo de este año, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la reforma constitucional para crear el Sistema Nacional Anticorrupción
Con esto, aseguró el mandatario, se logrará erradicar con éxito el flagelo de la corrupción.
Y es que según el Banco de México la corrupción en el país representa cerca del 9 por ciento del PIB. De acuerdo a datos del INEGI la corrupción alcanzaría 347 mil millones de pesos que equivaldrían a aproximadamente el 2 por ciento del PIB (2013). Esta cifra es similar a la de México ¿Cómo Vamos? que la sitúa en 342 mil millones de pesos al año.
El Banco Mundial estima que la corrupción cuesta a México el equivalente a 9 por ciento de su PIB y 80 por ciento de la recaudación de impuestos federal.
Por eso, ante representantes de los poderes de la Unión, institutos autónomos, líderes de partidos políticos y académicos, Peña Nieto destacó que esta reforma estructural tiene como objetivo central combatir la impunidad en el servicio público.
La reforma llegó en un momento en el que la percepción de la corrupción ubicaba a México en el lugar 103 de 175 naciones evaluadas por Transparencia Internacional.
Una vez promulgada la iniciativa, se le dio un año al Congreso de la Unión para generar la legislación secundaria que obligue la reforma.
Y aunque han pasado solo 5 meses, el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, urgió la semana pasada a concluir –en el actual período de sesiones– el andamiaje jurídico que permita conformar al Sistema Nacional Anticorrupción.
Sobornos dentro y fuera
En caso de soborno, México no solo permanece impune en cuestiones nacionales, también es un país que falla al sancionar a funcionarios públicos por recibir dinero ilegal cuando empresas extranjeras quieren cerrar un contrato de obra pública.
De acuerdo con Transparencia Internacional, México suma 16 años sin aplicar ninguna sanción en esta materia.
El organismo revisó el cumplimiento de la Convención de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) contra el Cohecho Transnacional que México ratificó en 1999 y calificó al país con una mínima o nula aplicación, es decir, que prácticamente no sanciona ni persigue los sobornos y la corrupción.
En contraste, en los últimos cuatro años Estados Unidos ha sancionado 108 casos de soborno trasnacional e inició 105 investigaciones.
México no sanciona, porque tampoco denuncia.
En 2015, la Procuraduría General de la República (PGR) inició solo dos investigaciones por cohecho internacional.
Antes de este año, no tiene ninguna averiguación sobre el tema.
El estudio “México: anatomía de la corrupción”, del Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco) y del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), destaca el crecimiento que, en las últimas dos décadas, ha tenido la exhibición de los escándalos de corrupción en las modalidades privada y pública y, dentro de esta última, en las tres ramas y los tres órdenes de gobierno así como en las empresas paraestatales y en los órganos autónomos del país.
“Gobiernos y funcionarios de todos los colores partidarios y de todos los niveles jerárquicos han estado inmiscuidos en denuncias públicas que involucran el uso y abuso del poder para beneficio privado”, detalla el análisis.
Estas denuncias incluyen, entre otros, desfalcos al erario, sobornos, pagos irregulares, conflictos de interés, desvío de recursos, tráfico de influencias, licitaciones amañadas o facturas con sobreprecio.
El convenio internacional también obliga a los Estados a investigar y sancionar cuando las empresas del país intenten obtener un contrato en el extranjero y violen la ley local o sobornen a sus autoridades. En este caso, México tampoco ha actuado.
Escándalos por ‘moches’
> Walmart
El New York Times reveló que la filial mexicana de Walmart destinó hasta 24 millones de dólares en sobornos a funcionarios para facilitar la obtención de licencias y permisos de construcción con el objetivo de mantener su dominio en el mercado.
> Avon
El 5 de mayo de 2011 The Wall Street Journal informó que esta empresa habría sobornado a funcionarios de China y de países latinoamericanos, incluido México.
> Néstor Moreno Díaz
El exdirector de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se vio involucrado en presuntos sobornos de una empresa suiza a funcionarios de la CFE y de la extinta Luz y Fuerza del Centro para favorecerse con la asignación de contratos de ambas paraestatales.
> Tomás Yarrington
El exgobernador de Tamaulipas fue acusado a principios de diciembre del 2014 por cargos de crimen organizado y lavado de dinero en Texas. Según las acusaciones habría recibido sobornos de los principales grupos del narco en Tamaulipas, como el Cártel del Golfo.
Ayer, Reporte Indigo publicó que en materia de corrupción, en México el que la hace no necesariamente la paga. En los últimos 15 años, funcionarios públicos y particulares no han pagado las multas que suman los más de 7 mil millones de pesos.
