En lo que va del 2021, aunado a la pandemia por COVID-19, distintos sectores de la población se vieron afectados debido al paso de fenómenos de carácter ambiental, como el terremoto del 7 de septiembre, que dejó un muerto y varias viviendas dañadas en el estado de Guerrero; o las inundaciones provocadas por tormentas y ciclones, entre las que destacan las lluvias que llevaron al desbordamiento del río Tula, en Hidalgo, en el que murieron 17 pacientes del Hospital General No. 5 del IMSS al registrarse cortes de luz y falta de oxígeno.
Dichas problemáticas tienen su raíz en la falta de capacidad institucional para enfrentar situaciones de catástrofe o emergencia, así lo destaca el “Índice de Impunidad Ambiental México 2020” (IGI-Ambiental), desarrollado por académicos y alumnos de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), a fin de medir y evaluar la estructura y el funcionamiento de la capacidad institucional en asuntos relacionados con el medio ambiente.
La falta de capacidad institucional para enfrentar situaciones de catástrofe o emergencia por parte del Estado mexicano provoca que un mayor número de personas salgan afectadas cuando suceden
El documento define a la impunidad ambiental como la imposibilidad de investigar, perseguir, enjuiciar, sancionar y reparar los delitos y daños en contra de la naturaleza; la ausencia de aplicación o cumplimiento de objetivos de política ambiental y climática; así como la inexistencia de estrategias y programas de políticas públicas de largo plazo o intergeneracionales que reduzcan el riesgo de sufrir daño o minimicen la posibilidad de tener acceso a recursos naturales por parte de las poblaciones más vulnerables, las futuras generaciones u otras especies.
Un primer acercamiento a las cifras oficiales de cada estado de la República respecto a las acciones, capacidades y funcionamiento de las políticas ambientales, arroja un resultado alarmante al considerar que, el promedio nacional de impunidad ambiental se encuentra por debajo de la mitad del puntaje máximo que podrían alcanzar; asimismo, muestra una considerable falta de transparencia y acceso a la información o ausencia de datos en las administraciones estatales sobre estos temas.
“Nosotros medimos cuatro dimensiones: la capacidad institucional, la degradación ambiental, el crimen ambiental y la estrategia intergeneracional, y sobre esa base, los resultados no son nada halagadores para México.
“Cada una de estas dimensiones vale un punto, porque consideramos que son igual de importantes, entonces cada una de ellas vale 25 por ciento, por lo tanto, en total, el índice puede alcanzar hasta cuatro puntos”, explica Celeste Cedilllo González, profesora y coordinadora del IGI-Ambiental 2020.
Ante este panorama, la especialista confirma que la impunidad ambiental está en un nivel de muy alto riesgo para el país, por lo que subraya, se tendrían que tomar decisiones con celeridad a nivel federal y local.
“Los estados son responsables de mejorar sus estrategias y sus datos para tener una mejor puntuación en este Índice. Nos quedamos sorprendidos con el promedio”, dice.
Los mejores y peores evaluados en impunidad ambiental
De acuerdo con los resultados generales de la medición comparativa, Durango es la entidad mejor evaluada con 2.31 puntos en total, por lo que se considera en un nivel de impunidad media-baja.
En ese mismo contexto se encuentran: Morelos y la Ciudad de México con 2.22, Baja California con 2.18, Querétaro con 2.11, Chihuahua con 2.08, Aguascalientes con 2.05, Guanajuato con 2.03, Coahuila con 2.01 y Jalisco con 2 puntos.
Aunque esos diez lugares lograron un “mejor desempeño”, la especialista manifiesta que no pueden catalogarse como un ejemplo de impunidad baja.
Por su parte, las seis entidades que se encuentran en un nivel de mediana impunidad son: Baja California Sur con 1.99, Quintana Roo con 1.91, Estado de México con 1.90, Oaxaca con 1.85, Puebla con 1.84 y Nayarit con 1.83, sin embargo, entre estas cantidades se encuentra la media nacional que es de 1.93.
Los estados con un alto nivel de impunidad ambiental son Tabasco con 1.77, Michoacán con 1.76, Zacatecas con 1.75, Tlaxcala con 1.73, Yucatán con 1.72 y Sinaloa con 1.71.
La entidad federativa con peor calificación es Colima con 1.59, por lo que su nivel de crimen ambiental, ineficiencia institucional e injusticia ecológica es “muy alto”.
“Esto tiene que ver también con la información que pudimos obtener, y cada una de estas dimensiones están valoradas; por ejemplo, para la dimensión de capacidad institucional, que es de tipo estructural y tiene que ver con el marco institucional para atender temas ambientales, el promedio nacional fue de 0.25.
“La Ciudad de México, y eso se esperaba, es la que mayor capacidad institucional tiene relacionada con temas ambientales, mientras que Veracruz es la que menos calificación obtiene”
En el caso de la dimensión de crimen ambiental, en donde se consideran, por mencionar algunos, datos de denuncias, de delitos o de ataques a activistas, Celeste Cedillo indica que la calificación promedio es de 0.75 y Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz son las entidades que tienen una mejor evaluación al alcanzar entre 0. 85 y 0.86 décimas del punto posible. Baja California Sur, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Ciudad de México son las entidades que menor puntaje obtuvieron.
“De los 42 indicadores que identificamos para todo el Índice, hay algunas dimensiones que tienen más que otras, pero el peso que le damos a todas las dimensiones es de uno, de este modo, la dimensión de degradación ambiental tiene que ver con datos acerca del daño que tienen algunos de nuestros ecosistemas, algunos temas de suelo y de protección de los bosques”, explica la especialista.
Por último, la dimensión de estrategia intergeneracional contempla, a nivel estatal, el número de programas, proyectos y políticas que se están aplicando para las generaciones presentes y futuras y si estos estados realmente están preparándose, si tienen un atlas de riesgo o si cuentan con leyes de cambio climático. En este caso el promedio nacional es de 0.36.
